Transparencia Venezuela, 25 de octubre de 2024. La detención y procesamiento de decenas de adolescentes luego de las protestas que sacudieron Venezuela, tras los cuestionados resultados de la elección presidencial del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no fue un imprevisto, sino que fue algo para lo que las autoridades se prepararon previamente. Al menos dos semanas antes del proceso electoral el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó constituir tres juzgados de Responsabilidad Penal del Adolescente habilitados para conocer causas relacionadas con terrorismo.
El pasado 17 de julio, justo 11 días antes de las votaciones, la Sala Plena del TSJ dictó su resolución número 2024-0010 en la cual resolvió “crear, organizar y poner en funcionamiento” un tribunal de Control, uno de Juicio y otro de Ejecución con “competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”.
Después que el TSJ recordó que su misión es “garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de sus ciudadanos y de las instituciones democráticas de nuestro país”, el organismo rector del Poder Judicial venezolano justificó su decisión de conformar los nuevos juzgados alegando que “ante cualquier acto con forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita tendencias terroristas, que pretendan amenazar la paz y la seguridad pública, deben todas las instituciones del Estado venezolano adoptar las medidas conducentes y contundentes a prevenir y sancionar este tipo de actos; incluyendo al Poder Judicial dirigido por este Tribunal Supremo de Justicia”.
En el artículo 4 de la resolución se ordena a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) que dote de “la infraestructura, mobiliario, equipos de tecnología, telecomunicaciones, talento humano y demás insumos necesarios para la ejecución y normal funcionamiento de los tribunales creados en la presente resolución”.
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Sin derecho a votar, beber alcohol o conducir, pero sospechosos de terrorismo
Tras la decisión del CNE de declarar ganador de los comicios al aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, sin mostrar los resultados desglosados que sustentan ese anuncio, se produjeron en Venezuela decenas de manifestaciones, algunas de las cuales degeneraron en hechos de violencia y fueron duramente reprimidas por las autoridades.
Durante las acciones para sofocar las protestas unos 158 niños y adolescentes fueron arrestados por los cuerpos policiales y militares de todo el país, de acuerdo con lo contabilizado por organizaciones como Foro Penal Venezolano. Las autoridades han acusado a los jóvenes, entre los cuales hay mujeres también, de protagonizar actos vandálicos a cambio de dinero y “drogas”.
Aunque decenas de adolescentes han sido excarcelados al menos 70 siguen tras las rejas. Ninguno de los que salieron de la cárcel ha sido liberado plenamente y todos enfrentan procesos por terrorismo, que pueden conllevar a penas de prisión de hasta 10 años.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, en su más reciente informe, ha calificado de “alarmante” el elevado número de menores que han sido privados de libertad, algo que “no había registrado antes”.
Asimismo, la Misión de la ONU ha denunciado la existencia de un patrón, que ha incluido detenciones sin órdenes judiciales y sin que existiera flagrancia, que a los aprehendidos no se les informó de las razones de su captura ni pudieron comunicarse con sus familiares para avisarles de su situación.
“En la mayoría de los casos, la incomunicación con la familia duró entre siete y 10 días. En uno de los casos, la víctima no tuvo contacto con su familia por más de 18 días”, expuso la instancia de la ONU.
Y, en algunos casos, algunos de los aprehendidos permanecieron junto a adultos y no en zonas separadas ni fueron clasificados por edad, género o peligrosidad, “lo que expuso a los menores de edad a una situación de especial vulnerabilidad”, alertó la Misión de la ONU.
