Transparencia Venezuela, 13 de octubre de 2023. – Brindar información sobre la situación de derechos humanos en Venezuela o presentar denuncias de abusos y excesos ante los organismos internacionales tiene un precio, en el cual puede incluir la detención.
Así lo denunció el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su informe sobre “Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos”, en el cual Venezuela figura en la lista de 39 estados donde la colaboración con las instancias internaciones supone un riesgo para los venezolanos de a pie y para los activistas.
“El número de actos de intimidación y represalia denunciados perpetrados por agentes estatales y no estatales contra personas o grupos que habían cooperado o intentado cooperar con las Naciones Unidas siguió siendo elevado durante el período que abarca el informe”, se lee en el reporte, en el cual se alerta que la aprobación de instrumentos como el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiación de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines podría agravar aún más la actual situación.
Guterres tomó nota de las advertencias lanzadas por los expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, los cuales apuntaron que “la falta de precisión del proyecto de ley” podría afectar “negativamente a las organizaciones dedicadas a labores de documentación que contribuyen a las investigaciones de la Misión de Investigación y otros organismos internacionales”.
La Misión, en su tercer informe sobre la situación de Venezuela, ya denunció que se le complicó la labor de recabar información “debido a problemas de seguridad, incluido el temor de las víctimas a sufrir represalias”.
Intimidación, estigmatización y desprestigio en Venezuela
Pero la imposición de nuevas regulaciones es solo uno de los peligros en Venezuela, hay otros que son más evidentes y cercanos como por ejemplo los actos de intimidación, las constantes campañas de estigmatización y desprestigio o el acoso por parte de funcionarios públicos contra quienes deciden acudir ante instancias internacionales.
En el informe se destacó el caso de la profesora María Fernanda Rodríguez, quien labora en la Universidad Metropolitana de Caracas (Unimet) y además es integrante de la asociación civil Sinergia y del programa de formación Lidera. Rodríguez fue detenida nada más salir de una reunión con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la visita que dispensó al país en enero pasado, como reseñamos en Suprema Injusticia en su oportunidad.
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La aprehensión de la académica y activista, que solo duró un par de horas, se produjo luego de que el diputado oficialista Diosdado Cabello la acusara de recibir financiamiento de Estados Unidos para “desestabilizar” al Gobierno de Nicolás Maduro.
“Al parecer, fue interrogada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acerca de la reunión (con el alto comisionado) e informada de una orden de detención preexistente contra ella (con fecha de 2020), de la que no había sido notificada oficialmente”, se lee en el reporte.
Antonio Guterres también mencionó los casos de los sindicalistas Douglas González y Emilio Negrín Borges. Al primero se le advirtió de que le podrían revocar la libertad condicional de la que disfruta si participaba en la reunión con Volker Türk, mientras que el segundo fue detenido en septiembre de 2022, luego de participar en el Foro Social impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y, por último, se reseñaron en el informe del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, las amenazas que sufrieron un grupo de indígenas yukpas, quienes en marzo pasado intentaron viajar a Caracas para reunirse con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado, pero que desistieron por las presiones de la Guardia Nacional.
Los hechos registrados por Guterres en su informe contravienen claramente lo previsto en el artículo 31 de la Constitución de 1999, el cual establece que “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”.
Asimismo, dicha norma obligar al Estado venezolano a adoptar “conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.
Tomando medidas
Aunque no se menciona expresamente que en Venezuela hayan ocurrido hechos de esa naturaleza, en el informe se denuncia que en distintos países se tienen empleando cada vez más las nuevas tecnologías para seguir a los activistas o a las personas acuden a las instancias internacionales.
“En la mitad de los Estados miembros incluidos en el presente informe se denunció la vigilancia por medios electrónicos y no electrónicos de quienes cooperaban o intentaban cooperar con las Naciones Unidas, detectándose un aumento de la vigilancia física, probablemente relacionado con la vuelta a formas presenciales de interactuar con las Naciones Unidas”, se lee en el informe.Por último, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no solo pidió a los estados tomar medidas para evitar las situaciones denunciadas, sino que aseguró que la ONU revisará y adaptará “continuamente los métodos de trabajo y las normas de procedimiento, y adoptarán protocolos o directrices específicos para prevenir y abordar las represalias”.
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