Transparencia Venezuela, 28 de julio de 2021.- “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. Pese a que esto lo establece el artículo 57 de la Constitución, en la práctica los venezolanos que expresan sus ideas corren el riesgo de terminar tras las rejas. El ejemplo más reciente es el de la enfermera Ada Macuare, quien fue detenida y terminó encarcelada por exigir mejoras salariales para ella y sus colegas, así como vacunas contra el COVID-19 para los habitantes del estado Anzoátegui.
Macuare fue detenida el miércoles 21 de julio por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el ambulatorio Alí Romero Briceño de Barcelona y cinco días después; es decir mucho más de las 48 horas que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), fue presentada ante un tribunal, que acordó dejarla privada de libertad, luego de que el Ministerio Público la imputara por “instigación al odio”, un delito previsto en la cuestionada Ley contra la Odio.
El juzgado dictó como centro de reclusión la sede de la Policía Municipal de Urbaneja. Sus abogados solicitarán una revisión de la medida para lograr que la profesional de la salud quede en libertad antes de los 45 días establecidos.
La defensora de Macuare, Ana Suniaga, denunció una serie de violaciones que ocurrieron en el proceso: “Los familiares en 6 días nunca la pudieron ver, no le permitieron llamar a nadie, a los abogados no nos permitieron verla ni hablar con ella. Los funcionarios llegaron al centro de salud haciéndose pasar por pacientes, los examinaron y cuando fueron a darles el récipe se escurrieron y la fueron a buscar a su oficina y la sacaron esposada”, detalló en entrevista realizada por Espacio Público.
Una lista que no para de crecer
El caso de Macuare sigue al de la escritora Milagros Mata y su esposo, el poeta Juan Manuel Muñoz, quienes fueron detenidos la pasada Semana Santa por difundir un artículo donde se criticaba la asistencia del fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, a una doble boda en el estado Anzoátegui, en la que no se respetaron las medidas de distanciamiento social impuestas debido a la pandemia, lo que habría sido un foco importante de propagación de la COVID-19 en la zona.
Desde el 2017 Espacio Público ha registrado al menos 45 casos en los que se usó o invocó la cuestionada Ley contra el Odio en perjuicio de personas por el solo hecho de expresarse; esto derivó en un total de 101 violaciones a la libertad de expresión y opinión. El año con la mayor cantidad de casos fue 2020 con 21, el segundo es 2018 con 13 casos, el tercero es 2019 con 10 y 2017 con un caso.
De un total de 60 víctimas identificadas en estos tres años, las principales han sido trabajadores públicos y de la salud con 18; trabajadores de los medios de comunicación, con 16; además de 10 particulares, nueve activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, cinco que involucran a infociudadanos y población en general, y dos medios de comunicación.
En marzo pasado, al presentar su actualización oral, la Misión de Naciones Unidas de Determinación de Hechos sobre Venezuela, denunció que identificó 36 casos de presuntas detenciones arbitrarias desde septiembre de 2020. “Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al Gobierno y a personas relacionadas con él”, señaló la instancia.
