Transparencia Venezuela, 24 de mayo de 2023. – Un total de 200 euros. Ese es el monto de la multa que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le impuso al abogado José Vicente Saavedra por desacatar, en su calidad de juez, una orden que emitió el máximo juzgado nada menos que hace 8 años.
La sanción al profesional del derecho la impuso la Sala Constitucional del TSJ, en su sentencia número 489 del 15 de mayo de 2023, en la que reactivó un amparo que los abogados de Iván Alexi Tarazona Gutiérrez, un ciudadano de nacionalidad colombiana, interpusieron en julio de 2015 en contra de su proceso de deportación.
Al revisar el asunto, la instancia se percató que Saavedra, quien se desempeñó como juez titular del Tribunal 11 de Control de Carabobo, juzgado que tenía el caso del potencial deportado, nunca respondió al pedido que le hiciera en octubre de 2015 para que “dentro de los cinco días siguientes al recibo de la respectiva comunicación, más dos días del término de la distancia correspondiente” le informara si había resuelto una apelación intentada por los representantes de Tarazona Gutiérrez.
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“Ante el evidente incumplimiento continuado de la orden emitida, se sanciona al abogado José Vicente Saavedra, para el momento de la delación constitucional, Juez del Tribunal 11 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, con multa equivalente a 200 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, calculada para la fecha en que sea pagada efectivamente a favor de la Tesorería Nacional en cualquier institución financiera receptora de fondos nacionales, lo cual deberá acreditar mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; se sanciona con el límite máximo de la multa prevista en la Ley, por el incumplimiento absoluto y continuado, en el transcurso aproximado de ocho años”, se lee en el dictamen redactado por la presidenta de la Sala Constitucional, magistrada Gladys Gutiérrez.
¿Cómo pudo pasar esto?
Esta no es la primera vez que la Sala Constitucional, instancia cuyas decisiones son vinculantes para todos los tribunales, multa a un juez por no cumplir una instrucción suya. Sin embargo, lo llamativo en este caso es que se haya demorado tanto tiempo en darse cuenta del desacato.
En junio pasado la sala, que es intérprete de la Carta Magna, sancionó a una jueza que no había atendido una orden suya tres años después de habérsela dado, tal y como reseñó Suprema Injusticia.
Esta situación revela que el máximo juzgado venezolano no hace el debido seguimiento a sus decisiones.
Actuando a prisa
Como ha transcurrido tanto tiempo, la Sala Constitucional del TSJ pidió a la Presidencia del Circuito Judicial Penal de Carabobo que le remita con urgencia “copia certificada de toda la causa penal” seguida contra el colombiano Iván Alexi Tarazona Gutiérrez para conocer su estatus.
Este caso, además de probar el desorden reinante en el sistema de justicia de Venezuela, pone de manifiesto que figuras como la acción de amparo no son efectivas para la protección de derechos constitucionales.
