Transparencia Venezuela, 21 de marzo de 2017. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha convertido en un aliado de la corrupción en lugar de ser su enemigo.
La denuncia la formuló la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, durante un foro sobre la situación del país, celebrado este martes 21 en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El TSJ no ha emitido ni una sentencia positiva frente a demandas de acceso a la información, afirmó De Freitas, quien indicó que esta posición, sumada al hecho de que desde 1999 se han dictado más de 70 leyes que en la práctica hacen imposible el ejercicio del derecho constitucional a solicitar información, han “legalizado la opacidad en Venezuela”.
“El TSJ ha suspendido todas las decisiones que fueron presentadas para la defensa de derechos y no ha permitido presionar a los órganos de justicia para que investiguen los casos de corrupción”, afirmó, al tiempo que agregó: “La corrupción es endémica en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que no hay espacio en la vida nacional en el que no se aplique como un mecanismo a través del cual las personas intentan obtener lo que necesitan: desde alimentos hasta contratos, como los gigantescos que se le otorgaron a Odebrecht y que representaron en facturación 11 mil millones de dólares».
Ciudadanos desprotegidos
La preocupación por el comportamiento de la justicia venezolana fue expuesta por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en las palabras de introducción que ofreció. “No hay ninguna manera en que un ciudadano venezolano pueda defender sus derechos”, afirmó, al tiempo que agregó: “La Constitución se ha reducido a palabras sobre papel. El Poder Judicial ha anulado de facto a la Asamblea Nacional”.
Tras asegurar que “todos los venezolanos necesitan justicia, desde los 43 que fallecieron en las protestas de 2014 hasta aquellos a los que se les negó su derecho a votar”, el funcionario indicó que “la convocatoria a elecciones generales es un primer paso para restituir el Estado de Derecho”.
Por su parte, Gonzalo Himiob, directivo del Foro Penal Venezolano, no dudó en calificar a la justicia de “arma de la intolerancia” y como prueba no solo mencionó el caso de las 115 personas que permanecen detenidas por razones políticas, sino los más de dos mil que están en libertad condicional por haber participado en las protestas de hace tres años y cuyas causas no terminan de resolverse.
“No interesa la verdad. Lo que interesa es hacer sentir el poder del Estado ante quienes deciden alzar la voz, no estar de acuerdo con el Gobierno”, alertó.
Entretanto Inti Rodríguez, en representación de Provea, coincidió con Almagro en tachar al Gobierno venezolano de “dictadura”, pero eso sí «de nuevo cuño».
“Luego de la derrota en las elecciones del 6 de diciembre de 2015 parece que el Gobierno que decidió no celebrar nuevas hasta que pueda ganarlas”, dijo, al tiempo que afirmó que “la dictadura de Nicolás Maduro es fundamentalmente una fábrica de pobres”.
Para justificar este último señalamiento reveló que según las últimas cifras oficiales que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015, 13 millones de venezolanos eran pobres, cifra que es superior a la que había antes de que el fallecido Hugo Chávez llegara al poder en 1999.
Este panorama es el causante de 70% de las 6.600 protestas que el año pasado se registraron en el país, según informó Marco Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), quien instó a las autoridades a tomar medidas y evitar un estallido social, pues “este año “los ciudadanos van a tomar las calles”.
Por décimo año consecutivo la justicia penal venezolana es evaluada como la peor del mundo
