Transparencia Venezuela, 19 de octubre de 2022. “Fue por lana y salió trasquilado”. Este castizo refrán ilustra a la perfección lo ocurrido con el intento del fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente de 2017, Tarek William Saab, de desvirtuar el contenido del III informe de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por cuanto con sus propias cifras terminó ratificándolo, aunque sin pretenderlo.
Como se recordará en el informe de la Misión de la ONU se denuncia que “ha habido inacción judicial, una falta de investigación y persecución” de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Tarek William Saab quiso salirle al paso a los señalamientos y el pasado 14 de octubre, en una rueda de prensa, informó que en lo que va de 2022, al menos 533 funcionarios y 20 colaboradores civiles han sido imputados por presuntamente estar implicados en violaciones a los Derechos Humanos, mientras que 398 han sido acusados, 181 detenidos y 64 han sido condenados por un juez.
“Esta es la cifra más alta desde el año 2017, duplica a varios de los años anteriores”, dijo y contrastó este dato con el de 2021, cuando dijo que fueron imputados 233 policías y militares.
📍También te puede interesar: Venezuela fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
No obstante, Saab obvió que sus datos revelan que solo el 12% de los agentes investigados (64 de 533) han terminado con una sentencia por parte de un juez. Lo que implica que más del 80% de los casos siguen castigo.
“Solo en unos pocos casos se han dictado sentencias”, denunció la Misión de la ONU en su reporte.
Las cifras de Tarek William Saab son un bumerán
Tarek William Saab prosiguió asegurando que en los cinco años que tiene en el puesto, tras ser designado por la desaparecida Constituyente, a 1.403 agentes se les ha abierto investigaciones por detenciones arbitrarias, malos tratos o ejecuciones extrajudiciales, mientras que 1.546 han sido acusados y 769 han sido detenidos.
El fiscal de la Constituyente no dudó en calificar estos datos como “avances de gran envergadura, de una fortaleza institucional incuestionable, que revelan como el Estado venezolano, a través del Ministerio Público y del sistema de justicia, le da prioridad, yo diría que extrema, a los aquellos casos que lamentablemente pudieran involucrar a funcionarios policiales y militares en la violación de Derechos Humanos”.
Pese a que no especificó a qué organismos pertenecen los uniformados procesados ni tampoco la entidad geográfica en la que habrían incurrido en los crímenes de los que se les señalan, los datos corroboran los señalamientos de la Misión de la ONU y de otras organizaciones nacionales que revelan que las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela son “sistemáticas” y no son casos aislados.
El pez muere por la boca
Tarek William Saab, en su rueda de prensa, expuso las condenas a los funcionarios implicados en las muertes de los jóvenes David Vallenilla, Leonardo González y David Queliz, ocurridos durante la represión a las protestas de 2017 y del concejal Fernando Albán en 2018, como otros ejemplos de los “esfuerzos sin precedentes” para castigar las violaciones a los Derechos Humanos.
Sin embargo, el fiscal Saab olvidó que todos los fallos han sido dirigidos contra los autores materiales de los hechos y que su despacho no ha indagado en las presuntas responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la cadena de mando, una omisión que fue denunciada en el informe de la Misión de la ONU.
“No se ha investigado a los superiores inmediatos y mucho menos a quienes detentan posiciones más encumbradas en la cadena de mando”, se lee en el documento.
No obstante, Saab consideró que la Misión de la ONU y otras instancias internacionales buscan fabricarle “un expediente a nuestro país, a autoridades del Estado”.
