La actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional nació en Punto Fijo (Falcón) en abril de 1962, es egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ha realizado estudios de cuarto nivel en España.
Su carrera judicial hasta que fue elegida como magistrada por la Asamblea Nacional en 2010 es prácticamente inexistente, pues no se desempeñó como juez en ninguna materia, ni como fiscal o defensor público, asimismo se desconoce si litigó de manera privada o por lo menos en su hoja de vida, disponible en el sitio web del máximo juzgado, no se informa al respecto. Su primer cargo relacionado con el derecho fue el de Procuradora General de la República, al cual llegó en 2007 procedente de la Embajada en España.
La Constitución y la Ley del TSJ exigen que los aspirantes a magistrados hayan sido jueces al menos 15 años o docentes universitarios por el mismo tiempo, pero ninguno de estos requisitos los cumplió la funcionaria.
España permaneció durante más de un lustro ocupando los cargos de embajadora, cónsul general y de ministra consejera antes. En el país se desempeñó como director-jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros.
En 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, fue postulada como candidata a la Gobernación de Nueva Esparta por el extinto Movimiento Quinta República (MVR), prueba que no superó.
Gutiérrez tomó juramento como magistrada de la Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2010 en la Asamblea Nacional. La junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia la designó como su representante en la Misión Justicia Socialista el 16 de enero de 2011, y el 9 mayo de 2013 se convirtió en la tercera mujer que ocupa la Presidencia del máximo juzgado al poner fin a siete años de mandato de Luisa Estella Morales.
La funcionaria no solo encabeza el TSJ y la Sala Constitucional, sino también la Comisión Judicial desde 2011, instancia que se encarga de designar y remover, sin procedimiento alguno, a los jueces provisorios.
Su cercanía con la familia Chávez quedó plasmada al ser una de las promotoras de la designación en 2013 de Argenis Chávez, hermano del fallecido mandatario, como director Ejecutivo de la Magistratura (DEM). La gestión de Chávez, al frente del organismo encargado de administrar el 85% del presupuesto judicial, fue cuestionada por la mayoría de los magistrados en varias ocasiones.
En el tiempo que tiene en el TSJ ha dictado sentencias como la que en 2014 rechazó ordenarle al Gobierno que le otorgue a los diarios dólares a precios preferenciales para adquirir papel y otros insumos para seguirse imprimiendo, la que en 2015 avaló el uso de las máquinas captahuellas en los mercados y en 2016 pidió a la Fiscalía procesar a los diputados que decidieron dejar sin efecto las designaciones de magistrados hechas en diciembre de 2015 contraviniendo la postura de la Sala Constitucional.
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