Lourdes Suárez

lourdes-suarez-anderson1Hermana del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, asesinado producto de la detonación de un explosivo oculto en su carro. Fue defensora pública penal N° 41° del área metropolitana de Caracas. En diciembre del año 2014 fue nombrada defensora pública cuadragésima primera con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas. El día 23 de diciembre de 2015 fue designada como magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional.

Lourdes Suárez, la magistrada que le negó la posibilidad a miles de venezolanos de ser dueños de sus viviendas

En 2004 Lourdes Suárez Anderson saltó a la palestra nacional luego de que su hermano el fiscal Danilo Anderson fuera asesinado con un bombazo, pues asumió la vocería de la familia. En esa época la abogado laboraba en la Defensa Pública, el organismo encargado de garantizarle a los venezolanos que tienen una cuenta con la justicia un abogado en caso de que no puedan pagar uno. Sin embargo, siempre tuvo interés en saltar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En 2010 y 2014 Suárez intentó sin éxito que la Asamblea Nacional dominada por el chavismo la designara magistrada, pero en el polémico proceso de renovación del máximo juzgado que se realizó luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 lo consiguió y se convirtió en uno de los tres nuevos miembros de la Sala Constitucional.

Desde que llegó al máximo juzgado la funcionaria se ha sumado al cerco contra el Parlamento controlado por la oposición y ha sido la ponente de fallos polémicos, como el 343 del 6 de mayo de 2016, en la cual el organismo anuló la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a los Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, bajo el argumento de que la misma buscaba privatizar el plan gubernamental al “convertir el bien inmueble destinado a garantizar un derecho social en una mercancía susceptible de ingresar al mercado para ser transada”.

Pero Suárez no solo ha redactado sentencias que en la práctica han anulado al Legislativo electo por los venezolanos, sino que también ha tomado decisiones que van a contracorriente de lo dispuesto en la Constitución. Así en la sentencia 429 de junio de 2016 la magistrada prohibió a Lapatilla.com, a Caraotadigital.com y a los demás medios digitales difundir grabaciones de linchamientos de presuntos delincuentes.

Pese a que la Constitución expresamente prohíbe la censura, la funcionaria afirmó que este tipo de videos no tienen valor informativo y que producen «un grave riesgo de alteración del orden social y de la estabilidad psíquica y emocional de los usuarios de estos canales de información»; y además fomentan la «anomia, el irrespeto a las leyes y a los Derechos Humanos».

Otro asunto polémico que Suárez tiene en sus manos y que todavía no ha resuelto es la solicitud que la diputada trasgénero Tamara Adrián hiciera hace más de 12 años al TSJ para que se le reconozca su identidad femenina, se le permita utilizar un nombre que esté en consonancia y, por ende, se corrijan todos los documentos donde figure su nombre original: Tomás; y su sexo como masculino.

La magistrada admitió la petición alegando que la misma gira en torno «de la persona y su dignidad, como núcleo esencial de los Derechos Humanos, lo cual incluye diferentes aspectos tales como los datos recopilados sobre las personas o sus bienes y sus relaciones jurídicas (familiares, civiles, mercantiles, entre otras), por lo que se requiere generalmente para la protección judicial de los mismos un interés, personal, legítimo y directo”.

Sin embargo, más de un año después todavía no ha dictado sentencia.