Con vínculos con la familia presidencial
La magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno fue reelecta en abril de 2022 por el Parlamento venezolano dominado por el oficialismo.
Con esa designación para un segundo período consecutivo, Gómez Moreno estará dos décadas en el máximo juzgado «renovado».
Esta magistrada del TSJ es abogada de la Universidad del Zulia (LUZ). Exhibe los títulos de Magister Scientiarum en Jurídicas Militares y en Criminalística obtenidos en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa) y el Instituto Universitario de la Policía Científica, respectivamente.
También es doctora en Seguridad de la Nación de la Universidad Militar Bolivariana. Según información publicada en el portal Runrun.es, Gómez Moreno es tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo de la llamada “primera combatiente”, Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo a su perfil en el portal del Tribunal Supremo de Justicia fue juez titular Superior Penal de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas (2005), jueza provisoria de la Sala Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, con Jurisdicción a Nivel Nacional (2004); juez Superior Penal de la Sala 4 de la Corte de Apelaciones de Caracas (2002); juez 25 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (2000); juez 21 de Juicio del Circuito Judicial Penal de Caracas (1999) y juez temporal de la Parroquia Caruao del Estado Vargas (1998).
¿Error inexcusable?
En julio de 2013, la Sala Constitucional del TSJ determinó que Elsa Janeth Gómez Moreno cometió un “error inexcusable” en un caso de corrupción que involucraba al excomandante del Ejército, general Víctor Cruz Weffer, y solicitó al Tribunal Disciplinario Judicial que iniciara un procedimiento en su contra por haber actuado “de forma grotesca” en ese proceso, según reseñó el diario El Universal.
Gómez Moreno integraba la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas, que favoreció a Cruz Weffer frente a las acusaciones del Ministerio Público contra el oficial por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en la Declaración Jurada de Patrimonio.
