Transparencia Venezuela, 6 de abril de 2022. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) apoyará a los fiscales y jueces a castigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014 y solo una vez que considere que la llamada “vía interna” quedó agotada decidirá si actúa o no contra funcionarios, exfuncionarios y civiles. Así, se desprende de la decisión del despacho dirigido por el jurista británico Karim Khan, con el visto del Gobierno de Nicolás Maduro, se acordó abrir una oficina en Caracas de la CPI.
“La complementariedad es el corazón palpitante del Estatuto de Roma. Los procedimientos nacionales necesitan apoyo y deferencia, siempre que sea eficaces, genuinos y comprometidos”, afirmó Khan el pasado 1 de abril, durante la comparecencia conjunta con Maduro que ofreció en el Palacio presidencial de Miraflores, al concluir su segunda visita en menos de cuatro meses al país.
¿Para qué una oficina de la CPI en Caracas?
El Fiscal Khan informó que la dependencia que su despacho tendrá en Venezuela perseguirá dos grandes objetivos. El primero es “la provisión de asistencia técnica y transferencia de conocimientos a las autoridades nacionales en Venezuela, para apoyar la investigación y el enjuiciamiento efectivos a nivel nacional de los presuntos delitos, y la provisión de capacitación y asesoramiento de expertos para fortalecer la implementación de la legislación nacional pertinente”.
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La segunda tarea será “brindar asistencia a las autoridades venezolanas para identificar áreas adicionales en las que se pueden mejorar los marcos institucionales o legislativos a fin de fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales competentes para garantizar la administración de justicia efectiva”.
Para conseguir ambos objetivos, Khan y Maduro acordaron que los miembros de la dependencia de la CPI tendrán visas con múltiples entradas a Venezuela y además que los funcionarios de la Fiscalía colaborarán y compartirán información con representantes de la oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ya están en el país.
La CPI: instancia complementaria
La CPI, como el resto de los organismos de la justicia internacional, es una instancia “complementaria”; y, por lo tanto, solamente puede actuar una vez que los organismos nacionales “no estén dispuestos a llevar a cabo las investigaciones o el enjuiciamiento o no puedan realmente hacerlo”, señala claramente los artículos 1 y 17 del Estatuto de Roma.
“Estoy convencido de que los esfuerzos para profundizar la cooperación y construir un terreno común entre todos los actores, ya sean autoridades nacionales, grupos de sobrevivientes, la sociedad civil u organizaciones internacionales, solo pueden servir para fortalecer la base sobre la cual se pueden realizar investigaciones efectivas, permitiéndonos forjar colectivamente un camino hacia la justicia”, afirmó Khan, en un comunicado posterior a su encuentro con Maduro.
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¿Hasta dónde llegará el fiscal Khan con la oficina de la CPI en Caracas?
Hay algunos aspectos sobre los que no hay precisión. Lo que no queda claro es si la oficina de la CPI en Caracas también recopilará información que le permita al despacho de Khan establecer las eventuales responsabilidades por las detenciones arbitrarias y masivas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas contra detenidos por protestar contra el Gobierno ocurridas en el país desde el 12 de febrero de 2014.
Tampoco aclaró el Fiscal Khan si esta dependencia supervisará la actuación de los fiscales y jueces venezolanos, para verificar que éstos han realizado investigaciones exhaustivas e imparciales y han dado con todos los responsables de los crímenes ocurridos en Venezuela. Algo que hasta el momento no ha ocurrido, según organizaciones nacionales e internacionales.
“Las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos de Albán y de Acosta Arévalo son ejemplos de ello”, denunció en su reciente actualización oral, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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Fiscalía de la CPI ¿Dónde estamos y a dónde vamos?
El anuncio de Khan y Maduro fue saludado desde el movimiento venezolano de Derechos Humanos, desde donde consideraron que se trata de un “paso importante”. Sin embargo, también hicieron un llamado a la sociedad a no esperar resultados inmediatos.
“No hay que hacerse expectativas de resultados automáticos”, afirmó la directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien hizo votos porque la complementariedad no se limite a las autoridades, sino que abarque a las víctimas y sus familiares.
“Así como las autoridades están presentando información, hay un ámbito de cooperación e intercambio las víctimas son un eje central también para el derecho penal internacional”, declaró Ortega, quien reclamó seguridad para las víctimas y posibles testigos.
Por último, la activista Liliana Ortega señaló que en esta etapa ya no se duda de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino que se está en la fase de determinar si el país es capaz de investigarlos y castigarlos.
