Transparencia Venezuela, 19 de julio de 2023. Los intentos de las autoridades por conseguir que las próximas elecciones presidenciales sean reconocidas por la comunidad internacional parecen estar naufragando y por culpa de funcionarios alineados con el gobierno de Nicolás Maduro. Así la reciente decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de inhabilitar por 15 años a la exdiputada María Corina Machado para el ejercicio de cargos públicos ha disparado las alarmas en instancias internacionales.
En los últimos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo y los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos han seguido el ejemplo del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Volker Turk, al fustigar la medida.
“Las inhabilitaciones administrativas de personas candidatas opositoras y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país”, denunció la CIDH en un comunicado, en el cual recordó que “el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”.
Tras recordar que el Estado venezolano debe “garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos”, el organismo demandó de las autoridades que cumplan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2011 declaró ilegales las inhabilitaciones que puede imponer la Contraloría.
“Venezuela (debe adoptar) un compromiso genuino con la democracia y el Estado de derecho, levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política en condiciones de igualdad”, reclamó la instancia, que también recordó que en las megaelecciones de 2021 el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó 27 candidaturas por este tipo de sanciones que puede aplicar la Contraloría.
Europa alza la voz contra las inhabilitaciones en Venezuela
Un día antes de que la CIDH emitiera su comunicado, el Parlamento Europeo aprobó con 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones una resolución en la que condenó por “arbitraria e inconstitucional” la medida contra Machado.
Asimismo, exigieron a las autoridades venezolanas que establezcan “las condiciones necesarias para garantizar unas elecciones justas, libres, inclusivas y transparentes”, mientras que llamaron a la Unión Europea (UE) a apoyar el retorno a la democracia en Venezuela y “presionar al régimen venezolano para que libere a todos los presos políticos”.
Por su parte, la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la UE, calificó de “preocupante” lo ocurrido.
Los pronunciamientos desde el viejo continente no sentaron bien en el oficialismo. “No vendrá ninguna misión electoral de la UE”, espetó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Previamente los gobiernos estadounidense y británico habían rechazado la medida, por considerar que “priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos”.
El levantamiento de las sanciones internacionales que tanto reclaman las autoridades y el reconocimiento pleno del Gobierno venezolano pasa por el respeto de las garantías democráticas, para lo cual es fundamental un proceso electoral distinto al celebrado en 2019.
María Corina Machado pasó a engrosar el grupo de precandidatos inhabilitados, entre el cual está Henrique Capriles Radonski, Freddy Superlano.
Radiografía de una inhabilitación dictada por un contralor que calla ante la Gran Corrupción
