Transparencia Venezuela, 6 de marzo de 2024. Los poderes judiciales de América Latina se encuentran “en crisis”, una situación que no solo afecta a los ciudadanos de sus respectivos países y sus sistemas democráticos, sino que también impacta al sistema interamericano de protección de Derechos Humanos.
Este desalentador diagnóstico se dio en la audiencia sobre la situación de la independencia judicial en la región que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el pasado 28 de febrero y en la que más de una docena de organizaciones civiles de 10 países expusieron los males que aquejan a sus sistemas judiciales y además formularon una serie de recomendaciones para atacarlos.
“La crisis judicial es una crisis en el sistema interamericano”, afirmó la comisionada Andrea Pochak, quien agregó: “En la medida en que los sistemas judiciales no cumplan su función (…) con su mandato de proteger derechos humanos entonces tampoco el sistema interamericano puede cumplir su función desde la complementariedad”.
Seguidamente la secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, informó que a lo largo de los últimos años la comisión ha detectado ocho grandes problemas que afectan, en mayor o menor medida, a todos los poderes judiciales de la región y los cuales se enumeran a continuación:
- La influencia política en las designaciones.
- El aumento de autoridades interinas.
- La cooptación institucional.
- La escasa participación de mujeres en la judicatura.
- La seguridad de las personas operadoras de Justicia.
- La infiltración del crimen organizado y los escasos esquemas de programas de protección para personas operadoras de justicia.
- La corrupción.
- La instrumentalización de la justicia.
Las 30 cartas de la ONU
La relatora de Naciones Unidas para la independencia de los jueces, fiscales y abogados, Margaret Satterthwaite, también participó en la audiencia y tras informar que había enviado 30 cartas a distintos gobiernos de la región, indicó cuáles eran sus principales preocupaciones.
“Me preocupan los informes que sugieren que el sistema de justicia en algunos países de la región e incluso el propio marco legal, en lugar de ser utilizado para buscar justicia y garantizar el disfrute y la protección de los Derechos Humanos, están siendo utilizados por actores poderosos para amenazar con silenciar y desalentar esfuerzos para exigir responsabilidades a las autoridades”, dijo.
La experta condenó particularmente el uso del derecho penal “como instrumento para atacar a jueces y fiscales independientes”.
La hoja de ruta diseñada por la sociedad civil
Las organizaciones participantes formularon a la CIDH alrededor de una veintena de recomendaciones para atacar la “crisis judicial” que sufre la región. Y entre ellas destacan, en primer lugar, una evaluación de los actuales estándares sobre proceso de selección de magistrados de altas cortes y tribunales supremos, los cuales, a criterio de los participantes, “son insuficientes” porque entre otras cosas “no han sido desarrollados otros derechos como el derecho de participación política en asuntos públicos o el derecho de acceso a la información pública”.
La organización venezolana Acceso a la Justicia propuso a los comisionados definir lo qué es la carrera judicial e indicadores para medir la gestión judicial. Esto, pues Alí Daniels, codirector de la esta ONG, denunció ante los comisionados que en Venezuela no hay carrera judicial y para sustentar su afirmación recordó que en el país la inmensa mayoría de los jueces son designados a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Sobre el proceso de selección se mantiene el patrón de violación de la Constitución, la cual señala como única vía de ingreso a la carrera judicial los concursos de oposición y estos no se realizan desde 2003 y fueron sustituidos por nombramientos discrecionales que generan tal inestabilidad que solo en los años 2022 y 2023 se nombraron por este medio 1415 jueces. Considerando que existen alrededor de 2.200 tribunales ello implica que en apenas 2 años se ha nombrado, por vía discrecional, la mitad de los jueces del país reconociéndose de este modo la ineficacia de estos mecanismos llevados a cabo sin garantías”, indicó.
La creación de una relatoría especial que monitoree la situación de la independencia judicial, así como la celebración de nuevas audiencias donde la CIDH pueda recibir información de la sociedad civil sobre la situación; y vigilar y asesorar los próximos procesos de designación de autoridades judiciales que se realizarán en varios países de la región fueron otras de las recomendaciones formuladas a los comisionados.
