Transparencia Venezuela, 2 de noviembre de 2022.- Las autoridades venezolanas quieren cerrar la investigación que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió hace justo un año por crímenes de lesa humanidad Venezuela desde 2017. ¿El motivo? Consideran que las condenas que han venido imponiendo a algunos policías y militares implicados en casos de violaciones a los Derechos Humanos, así como las reformas legales y administrativas aprobadas en los últimos meses son prueba de sus intenciones por castigar los abusos y evitar que se repitan.
Sin embargo, el fiscal en Jefe del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), Karim Khan, no comparte esta visión. Por el contrario, cree que el Estado venezolano no ha dado muestras de que esté “genuinamente” investigando los hechos y considera que se han reunido los requisitos previstos en el Estatuto de Roma para actuar. Por ello, este martes 1 de noviembre solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que le autorice a proseguir sus averiguaciones.
¿Están justificadas las sospechas del jurista británico? Una revisión del documento, de 62 páginas, que entregó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI le da la razón.
En Venezuela se sancionan crímenes atroces de la boca para fuera
“En Venezuela se persigue y se castigan las violaciones a los Derechos Humanos (…) no hace falta, no tiene razón ni motivo que algún organismo supranacional investigue en sustitución de las autoridades legítimamente constituidas”. Esto dijo el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, el pasado 14 de octubre, al informar que su despacho ha abierto investigaciones a 1.403 agentes por su presunta participación en vulneraciones a las garantías fundamentales desde el año 2017, mientras que ha acusado a 1.546 y detenido a 769.
No obstante, el Fiscal de la CPI, Karim Khan considera que estos “avances”, como los calificó Saab, son insuficientes. ¿La razón? Se quejó que de los 893 casos de violaciones a los Derechos Humanos que el Ministerio Público le informó que estaba investigando 606 (67,86%) se hallan todavía en fase de investigación, que en 764 (85,55%) ni siquiera ha logrado determinar a los autores de los crímenes y que cerró definitivamente 94.
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El Fiscal Karim Khan expuso a la Sala que, hasta ahora, solamente en 23 casos de violación de Derechos Humanos en Venezuela un juez ha emitido una condena, lo que implica apenas el 2,58% del total.
Otro argumento que dio Khan es que 611 procesos estaban siendo considerados como “delitos menores”. Esto, a pesar de que algunos de ellos podían implicar tratos crueles o detenciones arbitrarias, que son tipificados como “crímenes de lesa humanidad”, es decir uno de los delitos más graves.
Asimismo, el Fiscal Karim Khan considera injustificado que el 67,86% de los casos continúe en fase preliminar, pese a que han transcurrido casi seis años desde que ocurrieron algunos de esos hechos.
“La mayoría de los casos denunciados tienen largas demoras entre la fecha del presunto delito y la apertura de la investigación, o entre ésta y la institución de las diligencias de investigación, sin una justificación razonable”, explicó el Fiscal en Jefe de la CPI.
Denunció que 63 casos ocurridos entre 2014 y 2017 el Ministerio Público no abrió la respectiva averiguación sino entre 2021 y 2022. Khan no dejó pasar estas decisiones se produjeron previo a su anuncio de que abriría un proceso sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Justicia selectiva: solo se sanciona a funcionarios de bajo rango por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Karim Khan también consideró como una prueba de la falta de voluntad de las autoridades venezolanas para investigar los crímenes de lesa humanidad es el hecho de que, hasta ahora, la totalidad de las investigaciones y las escasas condenas judiciales han sido dirigidas contra funcionarios de “bajo rango” los perpetradores de las violaciones a los Derechos Humanos.
“La información proporcionada demuestra que no se han tomado medidas para determinar la supuesta responsabilidad penal de los superiores en los centros de detención donde se alega que los subordinados han perpetrado presuntos delitos, o por personas que ocupan cargos de autoridad en las fuerzas de seguridad del Estado cuyos miembros son constantemente acusados de estar involucrados en la comisión de delitos”, se quejó el Fiscal de la CPI.
Khan recordó que la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas ya presentó una lista de “altas autoridades dentro del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) que cometieron, ordenaron o contribuyeron a violaciones, o sabían que sus subordinados estaban cometiendo violaciones y, a pesar de tener la autoridad para prevenirlos y reprimirlos, no lo hicieron”.
También se quejó de que las autoridades venezolanas no han investigado si ciertamente ellas mismas han lanzado una “política sistemática” de persecución en Venezuela y ataque contra quienes se le oponen, sino que simplemente han negado estos señalamientos.
En Venezuela la prohibición de enjuiciar civiles en tribunales militares es un saludo a la bandera
Karim Khan, en su documento, tomó nota de las reformas legales y administrativas que la Asamblea Nacional dominada por el chavismo ha aprobado en los últimos meses en materia de justicia. Y pese a que las saludó, las consideró “insuficientes” y “aún no tienen ningún impacto en los procedimientos” sobre violaciones a los Derechos Humanos, porque no atacan los problemas más serios que padece el Poder Judicial: su falta de independencia e imparcialidad.
Khan dejó claro que consideraba un saludo a la bandera a algunas reformas legales. Así puso como ejemplo la modificación a los códigos orgánicos Procesal Penal y de Justicia Militar, a través de las cuales se cerró las puertas al enjuiciamiento a civiles en los juzgados castrenses, una prohibición que luego la Sala Constitucional del TSJ ignoró mediante un fallo.
Así el jurista británico recordó que en Venezuela la inmensa mayoría de los jueces y la casi totalidad de los fiscales siguen siendo provisorios, accidentales o temporales, por lo cual son designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Fiscal General de la República, respectivamente; y también pueden ser removidos por ellos en cualquier momento. Una situación que es violatoria del artículo 255 constitucional.
“Como resultado, su posición es precaria y el ejercicio de sus funciones es susceptible de influencias externas indebidas y lealtades personales o políticas”, alertó el Fiscal de la CPI
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