Transparencia Venezuela, 22 de abril de 2021.- Pese a que el artículo 256 de la Constitución establece claramente que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no pueden “ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas” cuando están activos en el máximo juzgado, la expresidenta del organismo, Gladys Gutiérrez, continúa acumulando cargos. Así, tras haber sido nombrada a mediados de 2020 como rectora ad hoc del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin perder su cargo de magistrada, ahora ha sido designada por el gobierno como representante de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y la Corte Penal Internacional (CPI).
La decisión la adoptó el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en su resolución número DM 31, dictada el pasado 12 de abril y que fue publicada en la Gaceta Oficial 42.105 del 13 de abril. En el artículo 1 del texto se anuncia que la magistrada-rectora será la “representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos”.
Por su parte, en el artículo 4 se informa que el nombramiento “entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado”, es decir una vez que Gutiérrez se encuentre en La Haya.
Aunque la funcionaria debería dejar el CNE a la brevedad, visto que la Asamblea Nacional oficialista se apresta a designar a los nuevos miembros del organismo comicial, su designación diplomática debería suponer, ahora sí, su salida del TSJ. El “permiso especial” que la Sala Plena le otorgó no podría ampararla más, al menos a la luz de lo dispuesto en el artículo 148 de la Carta Magna.
“Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal”, se lee en la norma antes mencionada.
Misiones imposibles
Como representante de Venezuela ante la CPI Gutiérrez tendrá una misión muy complicada. ¿La razón? La Fiscalía del juzgado está por anunciar si abre una averiguación oficial contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios chavistas, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados desde 2014; y si esa instancia acuerda la investigación, la ahora magistrada y rectora del CNE tendrá que asumir la tarea de coordinar la defensa de los señalados.
La anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, declaró a mediados de 2020 que tenía “base razonable” para creer que en el país se habían cometido crímenes tipificados en el Estatuto de Roma.
“La Oficina (de la Fiscal) había concluido su evaluación de la materia y determinó que había una base razonable para creer que los delitos dentro de la jurisdicción de la Corte se han producido en Venezuela”, señaló.
Pero Gutiérrez no solo tendrá que lidiar con el caso que hay en la CPI, sino que además deberá enfrentar el proceso que Guyana interpuso ante la Corte Internacional de Justicia por el diferendo del Esequibo.
A finales del año pasado, el juzgado dependiente de las Naciones Unidas decidió que era “competente” para conocer la demanda por “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre” entre Guyana y Venezuela. Una decisión que la gestión de Maduro ha rechazado.
Aunque Gutiérrez tiene alguna experiencia diplomática, pues se desempeñó como cónsul y embajadora en España, antes ser nombrada Procuradora y magistrada del TSJ, su labor jurisdiccional no fue particularmente sobresaliente, admiten desde el máximo juzgado.
