Transparencia Venezuela, 20 de diciembre 2024. Dos procesos han terminado bajo escrutinio de instancias internacionales. El primer caso es el relacionado con la elección presidencial realizada anticipadamente en abril de 2013, tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez el 5 de marzo de ese mismo año.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio la razón al excandidato opositor Henrique Capriles Radonski, quien denunció que ese proceso electoral no fue justo ni equitativo.
“La Corte concluye que las acciones y omisiones del Estado (…) tuvieron tal magnitud que afectaron la integridad del proceso electoral para la elección presidencial llevada a cabo el 14 de abril de 2013 en Venezuela”, lo cual se tradujo en una violación del “derecho y oportunidad del señor Capriles de acceder a la función pública mediante una elección auténtica que reflejara la libre expresión de los electores, así como su derecho a competir en condiciones generales de igualdad por el cargo de Presidente de la República”, se lee en el fallo aprobado el 10 de octubre de 2024, pero que fue publicado el 2 diciembre.
El juzgado continental dictaminó que hubo “uso abusivo del aparato estatal dirigido a favorecer al candidato oficialista”. ¿Por qué? Varias son las razones que se enumeran en el dictamen.
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Una de ellas es la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del 8 de marzo de 2013 que permitió a Maduro participar en esos comicios, bajo el argumento de que ya no era el vicepresidente, sino el Jefe del Estado en funciones.
Otro motivo para concluir que las elecciones de 2013 no fueron competitivas fueron los obstáculos a Capriles para acceder a los medios de comunicación para exponer su programa de Gobierno; y el empleo de los recursos y fondos públicos durante la campaña electoral por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La Corte IDH también tomó nota de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ignoró las denuncias de irregularidades formuladas por Capriles y que no atendió sus solicitudes para auditar los comicios, que oficialmente ganó Maduro con menos de un 1% de ventaja.
También la negativa del TSJ a tramitar los recursos que Capriles le presentó para impugnar las elecciones.
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No solo Capriles salió perjudicado
Aunque consideró que el Estado venezolano le violó a Capriles sus derechos políticos a elegir y ser electo, a la libertad de expresión y a las garantías judiciales, la Corte IDH indicó que no solo el excandidato resultó afectado.
“La afectación a la integridad del proceso electoral, y la falta de equidad en el proceso, afectó el derecho de los electores venezolanos a elegir libremente entre las opciones políticas existentes”, se lee en el dictamen.
Y para evitar que esto vuelva a ocurrir el juzgado instó a las autoridades venezolanas a adoptar reformas legales y administrativas para garantizar la integridad de los procesos electorales y la posibilidad de verificar los resultados de los comicios, así como asegurar a todos los candidatos acceso a los medios de comunicación, “especialmente los medios públicos y de alcance nacional”.
La Corte IDH reclamó que se adopten medidas para asegurar que el TSJ y el CNE “actúen con imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones, y para evitar actos de desviación de poder”. La Corte considera que para que esto ocurra es imprescindible que ambas instancias estén integradas por “rectores y jueces imparciales y con conocimiento especializado, sin vinculación política, designados con estricto apego a la competencia y procedimientos establecidos en la Constitución”.
La ONU se interesa por lo ocurrido el 28J
Horas después de que se conociera el fallo de la Corte IDH sobre las elecciones presidenciales del 2013, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció que estaba investigando lo ocurrido en las presidenciales del 28 de julio de 2024. Y, por ello, desde esa instancia se pidió a las autoridades que protejan toda la documentación relacionada con dichos comicios.
“El Comité, por intermedio de sus relatoras especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, solicitó al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, incluyendo las actas de escrutinio, así como todo el material electoral necesario para la elaboración del Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación y las Hojas Complementarias de Totalización, mientras el caso esté siendo examinado por el Comité”, se lee en una comunicación fechada el 3 de diciembre y que fue firmada por Dina Rossbacher, jefa de la Sección de Peticiones.
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