Transparencia Venezuela, 16 de enero de 2024.- “Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica en la lucha por lo que nos pertenece, por recuperar lo que nos dejaron los libertadores”. Con estas palabras Nicolás Maduro celebró el pasado 3 de diciembre de 2023 los cuestionados resultados del controversial referendo sobre El Esequibo y horas después llamó a la Asamblea Nacional a crear el estado número 24 del país: el estado de la Guayana Esequiba.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por su parte, no ha querido quedarse atrás y comenzó a tomar medidas para edificar el Poder Judicial en la nueva entidad federal, sin importar que la misma pareciera que no va a materializarse en el corto plazo, pues el territorio sigue bajo control de las autoridades guyanesas.
El 13 de diciembre de 2023 el máximo juzgado creó 9 juzgados para “todo el territorio de la Guayana Esequiba”. Así consta en las resoluciones número 2023-0041 y 2023-0043 que dictó la Sala Plena.
Un total de 5 de los nuevos tribunales (2 juzgados de Control, 1 de Juicio, 1 de Ejecución y 1 Corte de Apelaciones) estarán dedicadas a conocer y castigar los delitos penales que ocurran en la región, mientras que los restantes 4 ( 2 juzgados de Mediación, Sustanciación y Ejecución, 1 de Juicio y 1 Superior) conocerán de hechos relacionados patria potestad, adopción, manutención y otros asuntos que afecten a Niños y Adolescentes.
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Los nuevos tribunales tendrán su sede en la localidad de Tumeremo, estado Bolívar, con lo cual coincidirán con la “autoridad única” que Maduro creó en diciembre pasado para El Esequibo y que está presidida por el general Alexis Rodríguez Cabello.
De la misma manera la nueva Coordinación del Poder Judicial para los Pueblos Indígenas que preside la magistrada Gladys Gutiérrez, quien para el momento era la presidenta del TSJ y de la Sala Constitucional, contará con una unidad especial dedicada a la Guayana Esequiba.
Dicha instancia tendrá por misión “ejercer las funciones de coordinación de la jurisdicción especial indígena en la Guayana Esequiba con la jurisdicción ordinaria, según correspondiera, de acuerdo con la Constitución y la ley; así como atender y proponer soluciones a los asuntos judiciales que estén vinculados con pueblos indígenas que hacen vida en la Guayana Esequiba, para la plena garantía de sus derechos”, se lee en la resolución número 2023-0040.
La efectividad real de la medida genera dudas. ¿La razón? El Esequibo está de facto bajo control de la República Cooperativa de Guyana, tal y como ha reconocido la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, el hecho de que los juzgados tengan su sede en otra entidad (Bolívar) parece atentar contra el principio no sólo de la territorialidad, sino también del juez natural.
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“Esto es un absurdo”, afirmó a Suprema Injusticia la magistrada jubilada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, quien agregó: “El TSJ lo que debería hacer es conformar un equipo de abogados para exponer, en la próxima audiencia de la Corte Internacional de Justicia, los alegatos que demuestran que ese territorio nos pertenece”, agregó.
Casi 100 nuevos jueces
Los juzgados para la Guayana Esequiba forman parte de los 96 tribunales que el TSJ creó en diciembre de 2023, la mayoría de los cuales, 53 en total, son especializados en Violencia contra la Mujer, mientras que 31 son juzgados civiles, mercantiles, del tránsito y marítimos y el resto son tribunales penales ordinarios o de Protección de Niños y Adolescentes.
En el caso de los juzgados especializados en combatir la violencia de género, el máximo juzgado creó 10 nuevas cortes de Apelaciones en aquellos estados que no tenían una propia y también decidió ampliar el número de despachos de Control, Juicio y Ejecución existentes, para así dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual en su artículo 120 establece que cada circuito judicial penal deberá estar conformado por 3 jueces especializados en funciones de Control, Audiencias y Medidas y una Corte de Apelaciones como instancia de alzada.
Salvo Yaracuy, en todos los estados de Venezuela fueron creados nuevos despachos, llamativo fue el caso de Caracas donde se crearon la Sala 2 de la Corte de Apelaciones y 3 nuevos juzgados de Juicio o Miranda donde se constituyó un nuevo Circuito Judicial Penal especializado en Violencia para la Mujer para la región de los Altos Mirandinos. En 13 entidades el TSJ decidió poner en marcha al menos un nuevo tribunal de Juicio o de Control.
En noviembre pasado el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que los casos de violencia de género en el país se habían reducido un 65,4% desde 2017, al pasar de 36.139 a 12.509 en 2022.
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Sin embargo, distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado la ausencia de cifras confiables que permitan determinar la gravedad del flagelo, porque desde 2016 los casos de femicidios no se registran de manera consistente. No obstante, el propio Saab admitió a mediados de 2023 que desde 2018 se habían registrado 628 casos consumados.
En el caso de los juzgados civiles de Caracas también fue donde más crearon (5), seguido de Anzoátegui, Barinas y Miranda con 2 cada uno.
¿A dedo?
En ninguna de las 62 resoluciones donde la Sala Plena crea nuevos juzgados se aclara cómo serán seleccionados los titulares de dichos despachos, por lo que se puede inferir que serán designados de manera provisoria por la Comisión Judicial del TSJ y no mediante los concursos públicos de oposición ordenados por la Constitución venezolana, como viene ocurriendo desde 2007.
Sin embargo, en dichos actos se anuncia que los abogados a los que se les encomiende un juzgado especializado en violencia contra las mujeres deberán participar “con carácter obligatorio” en un seminario sobre el contenido de la Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se ordena a la Escuela Nacional de la Magistratura “la planificación y programación para la capacitación profesional de los jueces en justicia de género”.
Por su parte, en el caso de los jueces civiles se les ordena “participar en los programas de formación, capacitación y actualización en materia civil, mercantil y del tránsito que a tal efecto planifique y ejecute la Escuela Nacional de la Magistratura”, lo mismo tendrán que hacer quienes sean nombrados jueces penales o de Protección de Niños y Adolescentes.
