Transparencia Venezuela, 13 de abril de 2022.- La muerte de cuatro yanomanis a manos de efectivos de la Aviación Militar venezolana llegó a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que exigió a las autoridades venezolanas que inicien “sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva” para castigar este crimen, y que garanticen plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
Las demandas las formuló el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado publicado el 8 de abril de 2022, en el cual exigió que se investiguen y sancionen a los responsables del altercado registrado el pasado 22 de marzo en el sector Parima B del Alto Orinoco, en el estado Amazonas, al sur de Venezuela.
El suceso, en el que murieron cuatro indígenas de la etnia Yanomami y uno resultó herido, se habría producido por una disputa en relación con un dispositivo para conectarse a Internet.
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Pero la Comisión no solo pidió castigo para los militares venezolanos presuntamente implicados en el asesinato de los cuatro yanomamis, sino que reclamó del Estado que tome las medidas “necesarias para reparar este daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad”. Para conseguir este objetivo, la instancia recomendó que las autoridades judiciales cooperen con las yanomamis y escuchen su voz a la hora de impartir justicia.
La petición de la CIDH sobre los yanomamis asesinados está en sintonía con el artículo 260 de la Constitución de Venezuela, en el cual se establece que “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
Otra vez el Arco Minero
La CIDH aprovechó el incidente para reiterar su preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran los indígenas venezolanos, sobre todo aquellos que viven en el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO)
“En su informe Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, la CIDH resaltó graves casos de violencia contra los pueblos indígenas por parte de mineros ilegales. En el caso del pueblo Yanomami, se han documentado incluso casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso, lo que pone de relieve la necesidad de brindar una mayor protección a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. En similar sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha resaltado los altos niveles de violencia en esa zona, incluyendo violencia sexual”, afirmó en su comunicado.
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En 2020, Michelle Bachelet denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que “gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados. Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección. La información disponible muestra que la mayoría de las minas son controladas por grupos criminales organizados, llamados “sindicatos” a nivel local”.
Por último, la CIDH exigió a Venezuela cumplir sus obligaciones de “respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, mediante medidas de protección frente a las acciones de terceros”. La instancia también demandó que la presencia militar en los territorios indígenas “sea previamente acordada con los pueblos indígenas concernidos a través de consultas eficaces y procedimientos apropiados con sus instituciones representativas”.
