Un eslogan oficial para promocionar el turismo presentaba a Venezuela como “el secreto mejor guardado del Caribe”. Lo mismo puede decirse ahora de la lista de empresas falsas o de “maletín” que resultaron beneficiadas por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), cuyo ocultamiento contó con la bendición jurídica del magistrado de la Sala Constitucional, Arcadio Delgado Rosales.
José Simón Calzadilla y José Antonio España, dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), acompañados por el economista José Guerra, solicitaron el 4 de diciembre de 2013 al Tribunal Supremo de Justicia que ordenara a Cadivi “publicar con la urgencia del caso y en un lapso perentorio, la lista de empresas a las cuales les han sido aprobadas divisas en el año 2013”.
La respuesta a la solicitud llegó el 17 de julio de 2014, en una ponencia de Delgado Rosales. En lugar de referirse al fondo del asunto, el togado de la Sala Constitucional se limitó a desechar la petición basándose en elementos formales, argumentando que Calzadilla, España y Guerra “carecen de legitimidad para interponer la presente demanda por intereses difusos”.
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La corrupción en Cadivi fue reconocida por el propio Gobierno, hasta el punto de que el presidente Nicolás Maduro resolvió eliminar ese organismo en enero de 2014. En mayo de 2013, la expresidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, reconoció las desviaciones del control de cambio.
“Lo que se entregó en divisas el año pasado fueron cantidades muy considerables, pero también hay otra cantidad considerable de divisas que se llevó a empresas de maletín”, reconoció Betancourt, que cifró el desfalco entre 15 mil y 20 mil millones de dólares.
Posteriormente, en agosto de 2014, el exministro de Planificación, Jorge Giordani, calificó a Cadivi como un “foco de corrupción” y días más tarde el antiguo titular de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, escribió una carta en la que tachaba de “traidores” a los que se robaron las divisas “que hoy requieren los hospitales, o necesarios para la producción y para satisfacer las necesidades del pueblo”.
“Voy a publicar el listado completo porque vamos a iniciar un proceso de auditoría de hasta el último dólar que se entregó, por lo menos este último año”, prometió Maduro en noviembre de 2013. En ese momento, destacó que Cadivi había entregado “más de 51 mil millones de dólares”.
Apoyándose en las palabras del Jefe de Estado, Calzadilla España y Guerra acudieron a la Sala Constitucional buscando arrojar luces sobre la opacidad de Cadivi. Sin embargo, el magistrado Delgado Rosales prefirió guardar ese secreto bajo siete llaves.
Extracto de la sentencia
debe esta Sala reiterar su criterio jurisprudencial sostenido en sentencia Nº 1.594 del 9 de julio de 2002, caso: “Alfredo José García Deffendini y otros”, mediante el cual se establece la inadmisibilidad de las demandas por intereses difusos, en aquellos casos en que los accionantes pretenden una representación general en defensa de derechos difusos, así como de perseguir la protección constitucional de sus derechos particulares, bajo el argumento de fundadas e inminentes amenazas, para obtener un pronunciamiento de este alto Tribunal, consistente en una reafirmación de atribuciones y obligaciones que el Texto Fundamental en forma clara, expresa y precisa ha dispuesto -entre otros- a los funcionarios señalados como presuntos agraviantes».
