Transparencia Venezuela, 11 de julio de 2023. Pese a que ya recibió luz verde, el momento exacto en el que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) retomará sus investigaciones para identificar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela no luce claro. ¿La razón? La lluvia de acciones que ha recibido el juzgado internacional en los últimos días, que amenazan con demorar el inicio de las ya de por sí complicadas averiguaciones.
Hasta ahora la CPI ha recibido dos acciones: La primera del Gobierno de Nicolás Maduro y la segunda de su propia Oficina Pública de Defensa de las Víctimas.
El pasado 4 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano publicó un comunicado, en el cual anunció “su apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó la reanudación de la investigación en el asunto denominado “Venezuela I”.
En el escrito el Poder Ejecutivo venezolano insistió en que “continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para defender la verdad y defender los derechos de la Nación” y reveló que “en las próximas semanas y de conformidad con el procedimiento establecido, Venezuela consignará los elementos que respaldan su apelación, denunciando cada una de las falencias de la citada decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que resulta claramente contraria a la verdad y la justicia”.
Un obstáculo más en la situación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La acción, por como la presentaron las autoridades venezolanas, parece destinada a demorar el inicio de las averiguaciones. Sin embargo, expertos consideran que esto no necesariamente tendría por qué producirse.
“Esto no interfiere con la investigación del Fiscal porque esa acción no tiene efectos suspensivos, a menos que la Sala de Apelaciones así lo declare”, escribió en Twitter el especialista en Derecho Internacional Público, Simón Gómez Guaimara.
La hipotética suspensión de la investigación en el curso de la apelación debe ser solicitada por el Estado venezolano, previa demostración de un perjuicio por la decisión de la que se apela. En este caso, “no existe daño alguno para Venezuela porque podría sencillamente empezar a investigar”, agregó el experto en derecho internacional.
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Solo la apertura de procesos judiciales contra altos mandos y superiores jerárquicos de los perpetradores de los crímenes podría dar a la Sala de Apelaciones de la CPI motivos para decretar una paralización del proceso, aseveró Guaimara.
Por su parte, el constitucionalista y codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, consideró que la maniobra del Gobierno revela que este no está interesado en hallar la verdad. “No hay que defender los «derechos como Nación» de Venezuela, porque el país no está siendo juzgado por la CPI. LA CPI juzga personas, no países”, explicó Daniels en la misma red social.
El Fiscal de la CPI, Karim Khan, deberá participar en este acto y defender por qué considera que Venezuela no está investigando correctamente las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el país, lo cual con toda probabilidad distraerá su atención de las averiguaciones.
Otro asunto en agenda de la CPI
Pero la acción del gobierno venezolano no será el único asunto sobre el que la Sala de Apelaciones de la CPI deberá pronunciarse. El 7 de julio la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de ese juzgado internacional también le pidió la posibilidad de participar en el proceso de apelación que iniciaron las autoridades de Caracas.
“Una revocación de la decisión (de la Sala de Cuestiones Preliminares) puede de hecho dar lugar a la detención de la investigación del Fiscal, poniendo así en peligro los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, justificó el organismo.
La Oficina pidió a la Sala que reitere su criterio de 2018, en el cual señaló: “La investigación es una fase muy importante en la que el Fiscal pretende establecer la verdad y la justicia a través de la selección de los cargos y los autores para el juicio. La participación de las víctimas es, aquí, un derecho procesal adjunto a derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Pero también, las víctimas tienen derecho a la justicia sustantiva, que abarca los resultados de los procesos judiciales. Para las víctimas, la justicia sustantiva implica reparar el daño que han sufrido y las causas de la victimización, y se corresponde con un recurso efectivo en el derecho de los derechos humanos, que ha desarrollado tres derechos para las víctimas de graves violaciones: la verdad, la justicia y la reparación”.
Una decisión podría tomar algunas semanas o meses.
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