Raúl Isaías Baduel: otro preso político que muere bajo custodia del Estado

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Transparencia Venezuela, 14 de octubre de 2021.- El general en jefe (r) Raúl Isaías Baduel ha pasado a engrosar la lista de presos políticos que han perdido su vida mientras estaban bajo la custodia del Estado venezolano. El exministro de la Defensa y líder de la llamada Operación Rescate de la Dignidad Nacional, que el 13 de abril de 2002 devolvió al Palacio de Miraflores al fallecido Hugo Chávez, se convierte en el décimo privado de libertad por razones de conciencia que muere tras las rejas desde 2015, según reveló la organización Foro Penal Venezolano (FPV), mientras que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) piden investigar las circunstancias de la muerte del militar.

Un elemento llamativo en el caso de Baduel es que la noticia de su deceso fue dada no por la ministra del Servicio Penitenciario ni del despacho de Interior y Justicia, sino por el Fiscal General designado por la desaparecida Constituyente, Tarek William Saab, a través de las redes sociales.

“Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio, producto del Covid-19, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y (tras haber) recibido la primera dosis de la vacuna”, escribió en Twitter el titular del Ministerio Público, quien más allá de expresar sus condolencias a los familiares no anunció ninguna investigación.

En el caso de Baduel hay sobrados motivos para iniciar una averiguación, pues durante meses sus familiares, en particular su hija Andreina, han denunciado que las autoridades les impedían visitarlo y le negaban tratamiento médico.  Asimismo, en los últimos días reveló que ni siquiera tenían conocimiento de su paradero.

“El régimen asesinó a mi amado y valiente papá Raúl Baduel. Recientemente tuvimos la fe de vida de él; es falso que tenía covid-19″, escribió Andreina Baduel en su cuenta de Twitter, tras el anuncio de la muerte del exministro de la Defensa.

Omar Mora Tosta, abogado de Raúl Isaías Baduel afirmó que el general murió en brazos de su hijo, con quien compartía celda en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Estaba en la celda con Josnar. Murió sin ningún tipo de atención”, dijo en una entrevista radial.

Recordó que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. “Es la misma triste realidad de los presos políticos, civiles y militares, que no han cometido delito. Estas personas han sido sometidas al peor trato que se le puede dar a un ser humano para darles sentencias ejemplarizantes”, agregó.

Piden investigación independiente

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) solicitó a las autoridades venezolanas que «garanticen una investigación independiente» sobre muerte en cautiverio del general Raúl Isaías Baduel y pidió al Gobierno venezolano que garantice «la atención médica para todos los detenidos, que se considere medidas alternativas a la detención y se liberen a los detenidos arbitrariamente».

La detención del exministro Baduel ha sido objeto de análisis en diversos informes de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos

También Amnistía Internacional exigió el esclarecimiento de la muerte del militar y denunció que Baduel pasó años detenido en «condiciones inhumanas».

Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en reiteradas ocasiones han declarado que “el Estado, como responsable por los establecimientos de detención, es el garante de los derechos de los detenidos, que se encuentran sujetos a su custodia”. Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que “los Estados son responsables por cualquier daño sufrido por una persona que está bajo su custodia, obligación que es particularmente estricta en aquellos casos donde la persona muere”.

10 presos políticos muertos en prisión

Los decesos de los 10 presos de conciencia, así como los cientos de presos ordinarios que año a año se registran, ponen de manifiesto que el artículo 272 constitucional es letra muerta. “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus Derechos Humanos”, estipula la norma antes citada.

El primer deceso de esta naturaleza contabilizado por la organización Foro Penal ocurrió el 12 de marzo de 2015, cuando Rodolfo González Martínez, de 64 años, se ahorcó en su celda de El Helicoide, donde permanecía desde que fuera aprehendido por funcionarios del Sebin el 26 de abril de 2014, por supuestamente participar en las protestas antigubernamentales registradas ese año.

Casi dos años después el concejal de Primero Justicia en el estado Apure, Carlos Andrés García, quien estaba detenido desde diciembre de 2016, falleció a consecuencia de un accidente cerebrovascular. En noviembre de 2017 se conoció del deceso del teniente del Ejército Rafael Eduardo Arreaza Soto, de 28 años, resultó herido en un presunto intento de fuga, mientras él y otros siete uniformados más eran trasladados hasta los tribunales militares en Fuerte Tiuna. El militar estaba detenido desde el 30 de marzo de 2017.

El 8 de octubre de 2018, Venezuela y el mundo se conmocionó al conocer la noticia de que el concejal de Primero Justicia por Caracas, Fernando Albán Salazar, había muerto al supuestamente al lanzarse desde el piso 10 de la sede del Sebin de Plaza Venezuela. La versión defendida por el entonces ministro del Interior, Néstor Reverol Torres; y por el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, fue rápidamente cuestionada por los familiares del difunto y por sus compañeros de partido, quienes consideraron que las torturas que sufrió desde que fue aprehendido tres días antes eran la verdadera causa de la muerte. El tiempo dio razón a éstos últimos y este mismo año Saab debió desdecirse.

El 12 de diciembre de 2018 Nelson Martínez, quien fue presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Citgo, falleció en el Hospital Militar por los problemas de salud que comenzó a sufrir durante su encarcelamiento. Por su parte, el 29 de junio de 2019, casi coincidiendo con el fin de la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se conoció que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue asesinado mientras estaba bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según la autopsia falleció a causa de las torturas. El uniformado fue presentado a un tribunal en silla de ruedas y el juez, Maiker Amezquita, ordenó que lo trasladaran al hospitalito de Fuerte Tiuna, donde murió.

Dos meses después Pedro Pablo de San Luis Santana Carvallo, de 75 años, murió en los calabozos del DGCIM a donde fue llevado, por presuntamente participar en un plan terrorista.

Antes de Baduel en lo que iba de 2021 se habían producidos dos casos más. El primero fue el del líder indígena Salvador Franco, quien fue detenido junto con otros 12 pemones, por presuntamente participar en un complot contra el Gobierno. Franco falleció el 3 de enero. Y, segundo, ocurrió el 29 de agosto cuando Gabriel Medina Díaz, uno de los supuestos implicados en una trama para secuestrar al diputado oficialista Diosdado Cabello, murió en la cárcel de La Pica (Monagas), también tras presentar problemas de salud por los cuales no fue tratado.

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