Misión de la ONU denunció que en Venezuela autoridades impidieron investigaciones sobre Odebrecht y Pdvsa

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Transparencia Venezuela, 17 de septiembre de 2021.- Pese a que la Constitución les encomienda la tarea de investigar y castigar las violaciones a la ley y reparar los daños a sus posibles víctimas, los jueces y fiscales han renunciado a esta misión y se han convertido en defensores de los intereses del Gobierno de Nicolás Maduro, amparando, cuando no cometiendo, los crímenes de lesa humanidad y hechos de corrupción perpetrados en Venezuela.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas, que este 16 de septiembre presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su segundo informe sobre la situación del país, en el que revela, además, que hay casos de Gran Corrupción que han sido frenados por los mismos altos funcionarios señalados en esos hechos, para lo cual habrían utilizado al mismo sistema de justicia.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al Gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos”, se lee en el reporte, de 212 páginas de extensión; y en el cual además se afirma que “si los actores fiscales y judiciales hubieran desempeñado de manera adecuada y completa su función constitucional podrían haber evitado la comisión de muchos de estos crímenes y violaciones o, por lo menos, podrían haber puesto trabas rigurosas para obstaculizar la capacidad de los miembros de los servicios de seguridad pública e inteligencia del Estado para cometerlos”.

El grupo llegó a estas demoledoras conclusiones al analizar 183 casos de detenciones a disidentes y críticos ocurridos entre 2014 y 2021; y luego de entrevistar a 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que trabajaron en el sistema judicial venezolano y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Poder Público. Igualmente, los expertos trataron de obtener información de parte de las autoridades y para ello enviaron 17 cartas a Maduro, al fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros funcionarios, pero no recibieron respuesta. Tampoco les fue permitido a ninguno de sus miembros ingresar Venezuela y constatar in situ la situación.

Ni Odebrecht ni contratos irregulares con Pdvsa

La Misión denunció que en Venezuela las autoridades obstruyeron casos de gran corrupción e incluso han perseguido a quienes han pretendido investigarlos.

“En 2017, al menos 50 fiscales se enteraron de que les habían colocado alertas que les prohibían salir del país, después de haber sido informados extraoficialmente y de haber pasado sus números de pasaporte en la página web del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME). Esta medida incluía a fiscales que habían trabajado en expedientes de corrupción o que habían sido filmados en manifestaciones en contra de la formación de la Asamblea Nacional Constituyente o a favor de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz”, se lee en el reporte.

La Misión denunció al Consejo de DDHH las presiones y persecuciones que sufrieron por ejemplo los fiscales que originalmente investigaron el caso Odebrecht, a quienes las autoridades intentaron detener, tal y como denunció en su momento Suprema Injusticia, cuando intentaban viajar, por tierra a Brasil para interrogar a testigos de este caso. Hay que recordar que Odebrecht es uno de los más grandes esquemas de sobornos para la obtención de contratos en el hemisferio, pagos que en el caso venezolano habrían alcanzado los USD 98.000.000, pero según cálculos de Transparencia Venezuela la cifra supera los USD 1.300.000.000.

Sobre los representantes del Ministerio Público, dirigido en ese momento por Luisa Ortega Díaz, había una “alerta migratoria”. “Temiendo por su seguridad, los fiscales lograron huir. Desde entonces no han vuelto a Venezuela”, agrega el informe.

También destacó el caso del exfiscal Luis Sánchez, quien investigaba irregularidades en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), algunas de las cuales salpicaban al propio Fiscal General impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab. Sánchez está detenido desde 2017 señalado de formar parte de una supuesta red de extorsión que operaba en el Ministerio Público durante la gestión de Ortega Díaz.

La investigación que adelantaba el fiscal Luis Sánchez estaba relacionada con la firma de contratos de Pdvsa con empresas fantasmas. “Una de ellas era la Constructora Conkor, en la que presuntamente tenía intereses económicos el exgobernador del estado de Anzoátegui y entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. El 14 de febrero de 2017, el Sr. Sánchez, junto con la DGCIM, realizó un allanamiento de las oficinas de la empresa Conkor. Tras el nombramiento, el 5 de agosto de 2017, de Tarek William Saab como Fiscal General, éste habría solicitado que se le entregara el expediente del caso”, señala el informe.

Refiere la Misión que tanto Saab como el entonces presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, el 16 de agosto de 2017, acusaron públicamente a Germán Ferrer, esposo de Luisa Ortega Díaz -quien ya había caído en desgracia en el chavismo- de dirigir una supuesta red de extorsión desde el Ministerio Público, en la cual implicaron al fiscal Luis Sánchez y a su colega Pedro Lupera. “El Sr. Cabello mostró lo que, según él, eran copias de cuentas abiertas de un banco llamado UBS Bahamas, aparentemente establecidas por el Sr. Sánchez y otros coacusados”, se lee en el informe.

Ese mismo día, Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público había solicitado la captura inmediata de los dos fiscales y citó como pruebas las supuestas cuentas bancarias en UBS Bahamas. El informe revela que: “Ese día, la policía allanó la Fiscalía Quincuagésima Quinta Nacional, e incautó 300 carpetas relacionadas con dos expedientes sobre investigaciones de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco, y otros objetos”.

El fiscal Sánchez fue detenido horas después y presentado ante un juzgado el 18 de agosto de 2017, mientras que Lupera logró salir de Venezuela. Pese a que la defensa demostró, en septiembre de 2017, que el Banco UBS Bahamas cerró un año antes de la denuncia de Diosdado Cabello, lo que echaba por tierra que el fiscal Sánchez había abierto cuentas allí entre marzo y abril de 2016; y después de más de 22 diferimientos de la audiencia preliminar, (que se celebró el 16 de marzo de 2021), además de otros retrasos procesales, el fiscal Luis Sánchez aún continúa tras las rejas. “Al momento de redactar este informe, pasados más de cuatro años desde su detención, Luis Sánchez permanece detenido en El Helicoide del SEBIN sin haber tenido un juicio, apunta el informe.

La investigación contra Tarek William Saab fue cerrada por sobreseimiento y archivada.

La Misión también refirió que otra fiscal que permaneció en el Ministerio Público en los meses posteriores al cambio de Fiscal General en 2017, informó que, a partir del 21 de septiembre de 2017, “los nuevos directores comenzaron a solicitar actas sobre casos de gran repercusión”, entre ellos 6 casos “que estaba investigando y tenían relación con alegaciones de corrupción por parte del entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello”.

Dice textualmente el informe:

“A principios de enero de 2018, la directora de línea llamó a la fiscal a su oficina, para decirle que ´estaba siendo citada por instrucciones del Fiscal General por casos que estaba investigando contra Diosdado Cabello´. La directora le dijo que debía enviar los casos a un Tribunal de Control para su sobreseimiento.

Cuando la fiscal insistió en que no podía hacerlo, la directora golpeó su mano en el escritorio y dijo: “¡Son instrucciones del jefe! Si no quieres hacerlo, tendrás que aceptar las consecuencias”. A las pocas semanas, durante las cuales recibió un continuo acoso por parte de sus superiores, la fiscal renunció y abandonó el país.”

Legalizando los abusos

La Misión, en su informe, acusó al Poder Judicial de complicidad en la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos como las detenciones arbitrarias, persecución, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias. Han fundado órdenes de aprehensión y prisión preventiva y acusaciones en hechos y pruebas que no implicaban actos delictivos o sobre la base de los cuales no se podía individualizar la participación de la persona. En algunos casos, las detenciones y los cargos fueron sustentados en pruebas manipuladas, fabricadas, u obtenidas mediante tortura o coacción”, concluyó.

Asimismo, fustigó el uso abusivo de la detención preventiva y denunció que jueces, tanto ordinarios como militares, han avalado aprehensiones ilegales de opositores y disidentes, al dictar a posteriori órdenes de captura o al tachar a los mismos como flagrantes. En el informe pone como ejemplo de esta práctica el caso de Vanessa Rosales, quien en octubre de 2020 fue detenida por asistir a una niña de 13 años de edad que había sido obligada a interrumpir su embarazo. Rosales fue detenida, luego de que la madre de la joven denunciara el abuso del que fue objeto. La jueza que conoció el caso consideró que la aprehensión de la activista fue un delito flagrante, pero no así el del presunto violador, que fue liberado.

La Misión también denunció que los jueces no han tenido empacho en enviar al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a personas detenidas, “a pesar de que hubiera riesgo de comisión de actos de tortura, e incluso cuando los detenidos presentaran en la sala de audiencias signos compatibles con torturas”. Asimismo, denunció al Poder Judicial y al Ministerio Público de complicidad de los malos tratos que civiles y militares han recibido durante su cautiverio, al hacer de oídos sordos ante las denuncias de las víctimas, sus familiares y sus defensores.

Cumpliendo órdenes

El grupo de expertos de la ONU explicó que el panorama anterior no habría sido posible sin el control que el Gobierno ejerce sobre el Poder Judicial. Este control, se explica en el informe, se comenzó a forjar con el proceso constituyente de 1999, que no solo disolvió a la anterior Corte Suprema de Justicia, sino que decretó una emergencia judicial que acarreó la destitución de cientos de jueces. Asimismo, reformas legales posteriores le han permitido al chavismo colonizar a la justicia mediante la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de los sucesivos fiscales generales.

“Actores judiciales y fiscales de todos los niveles le dijeron a la Misión que habían experimentado o presenciado injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, especialmente casos políticos. Estas instrucciones provienen tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas veces actuando de forma coordinada”, se lee en el reporte.

La situación de provisionalidad en la que se encuentran la inmensa mayoría de los jueces y la práctica totalidad de los fiscales los hace vulnerable a presiones. ¿La razón? Los funcionarios pueden ser removidos de un momento a otro por sus superiores jerárquicos, sin proceso previo, sino atienden instrucciones.

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