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Transparencia Venezuela 14 de julio de 2021.- Cuando Venezuela está en la mira de instancia internacionales por denuncias sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante las protestas de 2014 y 2017, jóvenes venezolanos – muchos de ellos estudiantes- siguen siendo objeto de causas judiciales en las que se han violado el debido proceso, pagando injustamente cárcel sin que se haya demostrado su culpabilidad.

Se trata de hechos que configuran un patrón de detenciones arbitrarias denunciado por organizaciones nacionales e instancias internacionales como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así como por la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es una práctica que se fue desarrollado sistemáticamente como un mecanismo para atacar a los disidentes y frenar las manifestaciones callejeras registradas en Venezuela en estos años de fuertes protestas antigubernamentales.

Tal es el caso del estudiante Steven Ricardo García Sanz, acusado de la muerte de Gisella Rubilar Figueroa, una maestra de 48 años de edad, de origen chileno. La víctima recibió un disparo en la cabeza el 8 de marzo de 2014, cuando intentaba retirar objetos de una barricada que impedía el paso en la avenida Las Américas, en el estado Mérida, al occidente del país.

Sarita Montiel, abogada y parte de la defensa del joven de 24 años, explicó que la detención de García Sanz se concretó 2 años después de ocurrido el hecho, en la ciudad de Caracas en 2016, y desde entonces el estudiante, que además es cantante de Rap y pizzero, ha estado sometido a un limbo jurídico que lo ha mantenido 5 años sin juicio.

“Es decir, que se le aplica la justicia del banquillo en estos 5 años en que se encuentra privado de libertad, luego de 20 audiencias interrumpidas, de tener 2 jueces. Estas audiencias fueron interrumpidas porque no había traslado, no había despacho del tribunal. Cualquier excusa era buena para mantener a Steven privado de libertad. Ahora tiene cerca de 8 meses y un poco más a la espera que se tome en cuenta la impulsa que presentamos en el Observatorio Penal de Mérida, la defensa técnica a cargo de Oscar Ardila, Eladio Gutiérrez y Sarita Montiel”, acota la defensora de estudiante universitario.

Pruebas falsas, retrasos, escarnio público

Steven Ricardo García Sanz sigue preso en 2021 en el Centro Penitenciario de la Región los Andes (CEPRA), después de ser trasladado desde Caracas, según explica la abogada Montiel, y sometido a un proceso irregular que también se traduce en penurias económicas para sus familiares.

“Se hacen cuesta arriba los gastos, el tener un familiar que esté pendiente, relativamente lo puede hacer su papá, o alguno que otro amigo que no lo ha olvidado a él. El observatorio Penal como organización no gubernamental le ayuda a conseguir enseres y alimentos en algunas ocasiones”, acota la abogada defensora.

Sarita Montiel recuerda que el derecho a la defensa “es inviolable en todo grado de la investigación”, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución Nacional, y que es una violación grave el retraso procesal al que ha sido sometido el joven estudiante por delitos que no cometió. “Difícilmente podrá recuperar estos 5 años que lleva privado de libertad primero en el CICPC y luego en el CEPRA, acá en la ciudad de Mérida”, señaló.

El estudiante fue acusado en un programa televisivo “Con el mazo dando” el 28 de enero de 2016 por el hoy diputado Diosdado Cabello, considerado por muchos como el número dos en el gobierno de la autodenominada Revolución. El dirigente chavista lo identificó como “militante de Voluntad Popular”, la organización política a la que pertenecen Leopoldo López y Juan Guaidó.

“Aquí esta Steven Ricardo García Sanz, asesino, asesino” decía Cabello frente a las cámaras mientras sostenía la foto del estudiante detenido, y agregó en su comentario que “todos estos tipos” (los detenidos) cuando son interrogados “le echan la culpa al monstruo de Ramo Verde”, “el asesino Leopoldo López”.

“Era parte del grupo de encapuchados que fomentaban organizaban y ejecutaban acciones violentas en la ciudad de Mérida. Esta información, es bueno que la conozcan los conspiradores, la ultraderecha, las ONG, (Henry) Ramos Allup, (Mauricio) Macri, el imperio y sus aliados, para que terminen de convencerse de que en Venezuela no hay impunidad”, vociferó entonces el dirigente del PSUV.

La abogada recordó que Nicolás Maduro, en una declaración pública, dijo al hijo de la señora asesinada “que su madre fue abatida por unos motorizados de alta cilindrada”. “Steven no es mencionado por el presidente”, apuntó Montiel “y tampoco maneja ningún vehículo automotor”.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exfiscales del Ministerio Público, despedidos en 2017 por apoyar a la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, han manifestado que en el caso de García Sanz se habrían fabricado pruebas y que el estudiante ha sido presionado para que admita los hechos. Esta es una práctica también denunciada por la Alta Comisionada de la Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pues considera que el uso sistemático de esta figura puede “ser el resultado de presiones, como períodos prolongados de detención preventiva, condiciones de detención deficientes, malos tratos o asistencia jurídica inadecuada”.

Ni la cárcel impidió que presentara su tesis de grado

El 24 de marzo de 2021, Erickvaldo José Márquez Moreno, otro estudiante que fue detenido desde el 13 de septiembre de 2017, presentó su Memoria de Grado en el salón Simón Bolívar del comando policial de Glorias Patrias, en el estado Mérida, para optar al título de profesor de Educación Física de la Universidad de Los Andes. Lo hizo en la cárcel a pesar de que el 15 de diciembre de 2020 había sido absuelto por un tribunal de los cargos por el asesinato de Jesús Leonardo Sulbarán, funcionario de la Gobernación de Mérida, ocurrido durante las protestas de 2017.

El joven salió en libertad plena, el 30 de junio de 2021, al menos 6 meses después de la decisión judicial que acordó su libertad, porque la fiscal cuarta del Ministerio Público de Mérida, Lupe Fernández, solicitó al tribunal que se suspendiera los efectos de la sentencia con el argumento de “una duda razonable”.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) también lleva registro del caso del estudiante de este centro universitario, Daniel Alejandro Parra Pérez, detenido arbitrariamente el 16 de septiembre de 2017 por el asesinato de Douglas Acevedo, supervisor jefe de la Policía del estado Mérida, hecho ocurrido el 13 de junio de ese año en medio de las manifestaciones de calle. Para entonces el joven tenía 19 años.

El joven Parra Pérez está detenido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del municipio Tovar del estado  Mérida y es considerado un preso político por la organización Foro Penal. El 7 de julio de 2021 en la capital de Mérida se realizó una vigilia por la libertad de este estudiante, a la que asistió el Obispo auxiliar de esa ciudad, monseñor Luis Enrique Rojas.

Hasta el 7 de junio de 2021, según Foro Penal, todavía están encarcelados en Venezuela 302 presos políticos.

 

 

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