La reestructuración del Ministerio Público ordenada por la ANC quedó en letra muerta

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Transparencia Venezuela, 11 de junio de 2021.- “Por su inactividad manifiesta conforme a los índices delictivos y de actos conclusivos acusatorios mínimos” y por colocar “a la República en situación de vulnerabilidad en su combate contra la violencia delictiva y la violencia con fines políticos, generando por esta vía la desestabilización del país”, la cuestionada y ya desaparecida Asamblea Nacional Constituyente decretó la “emergencia y reestructuración” del Ministerio Público en agosto de 2017. Sin embargo, casi cuatro años después de esta decisión los problemas en el organismo persisten.

Al menos este es el sabor de boca que dejan situaciones como la noticia de la detención y destitución de tres fiscales en el estado Zulia, quienes habrían extorsionado a una productora agrícola que presentó una denuncia por el robo de 300 cabezas de ganado. Los funcionarios, en lugar de investigar el señalamiento de la víctima, le exigieron dinero, en dólares, para evitar procesarla.

“Simularon un hecho punible y luego, le dictaron una totalmente inaceptable orden de aprehensión para favorecer a un ganadero amigo de estos tres fiscales (…) amigos del delito, obviamente, amigos del delito en las cosas malas, en las cosas indebidas”, afirmó el fiscal impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, al referirse al caso de los fiscales Walter Negrón, Andrelidis Reyes y América Rodríguez.

El caso fue expuesto porque la víctima, Yusnary Elizabeth Gómez, logró reunirse con Saab por mediación del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Armando Chacín, admitió el funcionario, quien reveló que sus otrora subalternos fueron imputados por los delitos de concusión, corrupción propia y agavillamiento y fueron privados de libertad por el Tribunal 1 de Control de Villa del Rosario.

Solo unos pocos pagan

Saab aprovechó el caso de los tres exfiscales para hacer balance de la depuración que ha hecho en el Ministerio Público. Así anunció que “desde nuestra llegada (en agosto de 2017) (…) hemos procesado a 265 fiscales por delitos de corrupción, de los cuales 23 ya han sido condenados”.

Las propias cifras dadas por Saab revelan lo poco efectivo y expedito del aparato judicial, pues el total de condenas apenas suponen el 10% de los casos procesados.

Los números anteriores hacen que las advertencias del Fiscal General impuesto por la cuestionada Constituyente suenen vacías. “Usted fiscal que me está oyendo en este momento, si está en estas andanzas, tenga por seguro que tarde o temprano usted estará tras las rejas, lamentablemente, mancillando el honor de su familia, porque esta institución no permite, bajo mi gestión, que sujetos de esta calaña pretendan (…) hacer esto impunemente”, dijo.

Sin tocar las causas de la corrupción

 El caso de los tres exfiscales zulianos también parece revelar que no se han atacado las causas que incentivan la corrupción en el Ministerio Público, tales como las debilidades en la selección de los funcionarios.

El artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece claramente que “para ingresar a la carrera se requiere aprobar un concurso público de credenciales y de oposición” y que el Fiscal General debe elaborar las bases del mismo. Asimismo, el artículo 102 del mismo texto señala que esos concursos estarán constituidos por tres evaluaciones: de credenciales, una prueba escrita y otra oral.

La ley deja en claro que solo profesionales capacitados y con conocimientos deberían ocupar los cargos de fiscales y además prevé que su ascenso se produzca de acuerdo a su rendimiento. Sin embargo, en la práctica la situación es muy distinta. Los fiscales son designados, removidos y promovidos discrecionalmente por el Fiscal General. Esto, a pesar de que la disposición transitoria única de la ley daba un plazo de un año para que estos procesos de adjudicación de cargos se pusieran en marcha, lapso que venció en 2008.

No obstante, apenas fue en 2012 cuando se celebraron los primeros concursos en Caracas, bajo la gestión de Luisa Ortega Díaz, quien se comprometió a celebrarlos con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el primer Examen Periódico Universal de Derechos Humanos celebrado en 2011.

Con Saab no solo no se han retomado, sino que él ha acabado con todo vestigio de estabilidad. A finales de 2018 el funcionario reformó el Estatuto del Personal del Ministerio Público y estableció que todos los funcionarios del organismo son “de libre nombramiento y remoción”.

Otro elemento que fomenta las irregularidades administrativas es la falta de recursos económicos que vienen afectando al organismo desde hace varios años y que hace que no pueda ofrecer salarios competitivos y que permitan a los funcionarios cubrir sus necesidades. A partir de 2012 los fondos del Ministerio Público no han hecho más que caer y «en 2015 se registró el menor presupuesto del período, con 23 millones de dólares», denunció Acceso a la Justicia en un informe publicado en 2020.

Pese a la gravedad de la situación, hasta el momento Tarek William Saab no ha realizado ningún llamado ni a la Asamblea Nacional ni al Gobierno para revertir este proceso de desinversión.

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