En Nueva York investigan desde un profesor hasta un presidente por corrupción originada en Venezuela

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Transparencia Venezuela, 26 de mayo de 2021.- Siete investigaciones por narcotráfico, dos relacionadas con fraudes financieros, una que involucra al sector servicios, otra sobre un fraude en el ámbito petrolero y un caso relacionado con el sector vivienda. Esos son los 12 procesos que Transparencia Venezuela ha podido registrar hasta mayo de 2021 y que son adelantados por tribunales de Nueva York, el segundo estado de EEUU que, después de Florida, ha iniciado más causas por corrupción que tienen su origen en Venezuela.

Se trata de expedientes en los que hasta ahora han sido señaladas al menos 39 personas, muchos de ellos venezolanos, procesados por su presunta participación en esquemas de sobornos para la obtención de grandes contratos o el otorgamiento de préstamos y pagos, así como en lavado de dinero. En esta jurisdicción en especial también se investigan casos por tráfico de drogas, incluidos en la lista porque en ellos están señalados funcionarios del más alto nivel de Venezuela.

Al revisar la situación de los 39 señalados se desprende que 13 ya han sido condenados, 8 están a la espera de sentencia, 14 tienen el estatus de fugitivos, 3 personas más que no están detenidas pero que no han sido formalmente designados como fugitivos y 1 cuya sentencia fue anulada por errores procesales.

En el balance figuran casos que están a la espera de sentencia, como el de un profesorBruce Bagleyexperto en crimen organizado, de la Universidad de Miami, que en junio de 2020 se declaró culpable de lavar USD 3.000.000 en ganancias de un esquema de soborno y corrupción venezolano, en el que mencionó al colombiano Álex Saab, detenido en Cabo Verde. El profesor, que llegó a colaborar con las autoridades en varias investigaciones previas en calidad de especialista, se declaró culpable el 1 de junio de 2020 y le fueron confiscados USD 474.000. Este proceso ha avanzado en 2021. La sentencia de Bagley que estaba prevista para el 18 de mayo fue diferida para el de 28 de junio, pues se reportó enfermo ante el tribunal.

También están a la espera de sentencia varios señalados en la causa instruida por un Tribunal Federal de Brooklyn en torno a las actividades ilegales de la empresa estadounidense de asfalto Sargeant Marine Inc.con sede en Boca Ratón, Floridaque pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios de Venezuela, así como de Brasil y Ecuador, para obtener contratos de compra o venta de asfalto con las compañías petroleras estatales. Entre 2012 y 2018, representantes de la compañía habrían pagado de manera irregular miles de dólares a cuatro funcionarios de Pdvsa en Venezuela, a cambio de información privilegiada y por su asistencia en la gestión de contratos para la compra de asfalto a Sargeant Marine. Al igual que en Brasil, los sobornos se habrían ocultado a través de acuerdos de consultoría falsos con un intermediario de sobornos y transfiriendo los pagos de las comisiones a cuentas bancarias en EEUU y otros países, que eran controladas por la empresa. Según la acusación, el intermediario de sobornos habría pagado a los funcionarios de Pdvsa en nombre de Sargeant Marine.

En el caso de Sargeant Marine Inc hay cinco personas ya confesas, pero que no han sido sentenciadas:

Héctor Núñez Troyano: exfuncionario de Pdvsa que recibió sobornos. Fue acusado de conspirar para cometer lavado de dinero. Se declaró culpable el 15/3/2019. Está libre bajo fianza.

Daniel Sargeant: un alto ejecutivo de Sargeant Marine. Acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. Admitió su participación en el fraude el 18/12/2019. Está en libertad bajo fianza.

José Tomás Meneses: comerciante de Sargeant Marine, que está libre bajo fianza. Admitió el 2/8/2018 que conspiró para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

Luiz Eduardo Andrade: consultor de Sargeant Marine, que actuó como intermediario, de sobornos en Brasil y Venezuela. El 22/9/2017 se declaró culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. También está en libertad tras pagar una fianza.

David Díaz: consultor de Sargeant Marine, que actuó como intermediario para pagar los sobornos en Brasil y Venezuela. Se declaró culpable el 28/3/2018 y también está en libertad bajo fianza.

El 22/9/2020 la empresa Sargeant Marine Inc., se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acordó pagar una multa penal de USD 16.6 millones.

El presidente, los militares, los ministros, los sobrinos

Los tribunales en Nueva York han investigado y continúan instruyendo siete casos por narcotráfico, de los 11 que hasta ahora se conocen y que se procesan en todo EEUU, que involucran a altos jerarcas de Venezuela y sus entornos. Entre ellos está el juicio, ya concluido, a los sobrinos de Cilia Floresesposa de Nicolás Maduro-, conocido como el caso de los Narcosobrinos. En este proceso judicial quedaron sentenciados:

Efraín Antonio Campo Flores: quien no se declaró culpable. Fue sentenciado el 14/12/2017 por el juez Paul A. Crotty por conspiración para importar cocaína dentro de los Estados Unidos, fabricar y distribuir cocaína con conocimiento y propósito, e importar ilegalmente dentro de los Estados Unidos. Cumple condena de 216 meses hasta el 14/12/2035.

Franqui Francisco Flores de Freitas: Tampoco admitió su culpabilidad. Fue sentenciado por los mismos cargos que su primo y estará tras las rejas hasta diciembre de 2035.

Roberto de Jesús Soto García: Se declaró culpable el 31/7/2018 y fue sentenciado el 16/10/2019, pero ya está en libertad por tiempo cumplido.

Uno de los expedientes de mayor peso es el que se instruye en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, por el delito de narcotráfico, que involucra a autoridades gubernamentales de alto nivel en una conspiración que -según las autoridades estadounidenses- se habría registrado entre el llamado Cartel de Los Soles– nombre alusivo a las insignias del sol en los uniformes de los militares venezolanos de alto rango– y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para «inundar» a los EEUU con cocaína. Los señalados tienen estatus de fugitivos y son señalados por delitos que va de 10 años a cadena perpetua:

Nicolás Maduro Moros: Según el Departamento de Justicia de EEUU en su papel de supuesto líder del Cártel de Los Soles habría negociado envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; habría ordenado proporcionar armas de grado militar a las FARC; coordinado asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y supuestamente solicitado la asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos. El Departamento de Estado de EEUU, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, acusó a Maduro Moros el 26/03/2020 y ofreció una recompensa de hasta USD 15 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena.

Diosdado Cabello Rondón: considerado el número dos del chavismo, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y diputado a la Asamblea Nacional en 2021. Las autoridades de EEUU ofrecen USD 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Cabello Rondón.

Hugo Armando Carvajal Barrios: conocido como “El Pollo Carvajal”. Militar venezolano. Desde el 2004 hasta el 2011 fue director de la Dirección general de Contra Inteligencia Militar (Dgcim), cargo que retomó en 2013 hasta el 2014 cuando fue designado Cónsul en Aruba. En 2015 que fue electo diputado de la Asamblea Nacional. EEUU ofrece USD 10 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena. Es prófugo de la justicia de España, que había acordado su extradición a EEUU.

Clíver Antonio Alcalá Cordones: mayor general del Ejército venezolano. Participó en el intento de golpe de Estado de Venezuela de febrero de 1992, junto a Hugo Chávez, fue jefe de guarnición de Valencia y de Maracay, ciudades del centro de Venezuela, y llegó a ser el comandante general de la Región de Defensa Integral en Guayana (REDI-Guayana). Se entregó a autoridades de EEUU en Colombia, en marzo de 2020 y se declaró inocente ante el tribunal.

Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich«: fue miembro del alto mando central de las FARC. El 17/05/2021 fue declarado muerto por su el grupo disidente al que pertenecía, en un hecho confuso que habría ocurrido en territorio venezolano, en la frontera con Colombia, al occidente de Venezuela. A la fecha las autoridades en Venezuela no confirman el hecho.

La acusación indica que la guerrilla colombiana y el Cártel de Los Soles habrían actuado desde 1999. “Posteriormente, las FARC y Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o hierba, concentradas en el estado de Apure. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de tráfico de drogas ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína del “puente aéreo” entre Venezuela y Honduras”, se lee el reporte oficial.

Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez: integrante de la Secretaría de las FARC. EEUU ofreció hasta USD 5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Marín Arango.

Hay otro caso revelado por el Departamento de Justicia de EEUU en marzo de 2020 que se relaciona al Cartel de Los Soles. Es un proceso abierto en el Tribunal del Distrito Manhattan contra el exdiputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, Adel El Zabayar, quien es acusado por conspirar para importar cocaína y delitos relacionados con armas de destrucción.

El Zabayar, en particular, participó, entre otras cosas, en negociaciones de armas por cocaína con las FARC, obtuvo lanzacohetes antitanques de Oriente Medio para las FARC como pago parcial por la cocaína y reclutó a terroristas de Hezbollah y Hamas. con el propósito de ayudar a planificar y organizar ataques contra los intereses de Estados Unidos”, se lee en el documento.

El exparlamentario es señalado de colaborar con el Cártel de Los Soles. La información oficial refiere: “El Zabayar también actuó como enlace entre el gobierno venezolano y el presidente sirio Bashar Hafez al-Assad, luchó en Siria en nombre de las fuerzas respaldadas por Hezbollah de Assad en o alrededor de 2013, y apareció en al menos dos entrevistas publicadas por Al Manar, el brazo de propaganda designado por terroristas de Hezbollah, en o alrededor de 2013 y 2014”.

Otra investigación involucra a uno de los más altos jerarcas del gobierno de Venezuela. Se trata del caso, que- para los efectos de este informe- denominamos Los más buscados, Tareck El Aissami y Samark López. Las personas mencionadas en el expediente que reposa en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York son:

Tareck Zaidan El Aissami Maddah: En 2021 es el ministro de Petróleo. Fue ministro para Industrias y Producción Nacional y vicepresidente para el Área Económica, vicepresidente de Venezuela, gobernador de estado Aragua (2012-2017), ministro de Interior y Justicia de Venezuela. Es acusado de presuntamente usar su posición de poder para el tráfico internacional de drogas. Es señalado de evadir las sanciones impuestas por la OFAC, al valerse de empresas estadounidenses para proporcionar transporte internacional a través de un avión privado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) ubicó a El Aissami en la lista de los 10 prófugos más buscados.

Samark López Bello: empresario venezolano, a quien las autoridades estadounidenses consideran socio de El Aissami. Ingresó en la lista OFAC por presuntamente proporcionar asistencia material y apoyo en actividades internacionales de tráfico de narcóticos. La OFAC identificó 13 compañías propiedad o controladas por López Bello, en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, EEUU y Venezuela. Está en la lista de los más buscados por las autoridades de estadounidenses.

Víctor Mones Coro: estadounidense. Fundador de la empresa American Charter Services (ACS). El Departamento de Justicia de EEUU aseguró que entre febrero de 2017 y marzo de 2019 Mones Coro violó las sanciones de la OFAC al presuntamente proporcionar servicios de viaje a El Aissami y López Bello, así como a sus familiares y socios. El empresario utilizó la compañía American Charter Services LLC y sus filiales en EEUU, entre ellas SVMI Solution, para prestar los servicios de traslado. Versiones oficiales indican que en septiembre de 2018 Mones Coro utilizó una cuenta de American Charter Services en los EEUU para pagar los gastos de un vuelo privado a Samark López.

El 17/3/2021 fue condenado a 55 meses de cárcel y libertad supervisada por 2 años al término de la sentencia.

Alejandro Miguel León Maal: estadounidense socio de Mones Coro. De acuerdo al Departamento de Justicia de EEUU, León Maal presuntamente ayudó a El Aissami a alquilar un vuelo privado desde el aeropuerto internacional de Vnukovo, en Rusia, al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Venezuela, el 23 de febrero de 2019. Aún hasta mayo de 2021 está en libertad bajo fianza.

Michols Orsini Quintero: estadounidense. Acusado de trabajar con Mones Coro y León Maal para presuntamente evadir las sanciones de la OFAC. Está en libertad bajo fianza.

Alejandro Antonio Quintavalle Yrady: panameño. Acusado de trabajar con Mones Coro y León Maal para presuntamente evadir las sanciones de la OFAC. Su estatus, según la justicia de EEUU, es de fugitivo.

Joselit Ramírez Camacho: venezolano. Según las autoridades de EEUU “coordinó viajes para individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela sancionados por OFAC, notablemente durante la campaña de «reelección» del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros.” Su estatus actual es de prófugo.

En el Tribunal del Distrito Este de Nueva York cursa un expediente con una acusación contra Néstor Luis Reverol Torres, quien ha sido funcionario de alto nivel en materia de seguridad y antinarcóticos en Venezuela. En la causa figuran:

Néstor Luis Reverol Torres: militar venezolano con rango de general en jefe, quien ejerce como ministro de Energía Eléctrica (mayo de 2021). Fue ministro del Interior, Justicia y Paz, excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y el exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela. En julio de 2017 fue incorporado en la lista OFAC por su presunta responsabilidad en la violencia y represión en Venezuela. La acusación, en su contra, interpuesta en 2016, refiere que habría recibido millonarios pagos para ayudar a narcotraficantes a importar cocaína a Estados Unidos, alertando a los traficantes sobre operativos en marcha, obstaculizando investigaciones, o apoyando en la liberación de implicados, cargas de narcóticos o dinero incautado. Se les señala de haber impedido el arresto o la deportación de implicados en narcotráfico. Su estatus ante la justicia de EEUU es de fugitivo.

Edylberto José Molina Molina: venezolano, exviceministro del Sistema Integrado de Policía, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado en septiembre de 2016 y ratificado en octubre de 2018, bajo la gestión del ministro Néstor Reverol. Entre 2008 y 2010 fue subdirector de la ONA. Fue acusado junto a Reverol Torres como su presunto cómplice. Tiene estatus de fugitivo ante la justicia estadounidense.

Otro caso por narcóticos que instruye el Tribunal Distrito Este de Nueva York es el relacionado con 7 toneladas de cocaína con protección militar que, según la acusación presentada en 2013, fue transportada en vehículos oficiales desde la frontera con Colombia hacia varios aeropuertos y puertos en Venezuela, para enviarla a EEUU. Los señalados son: 

Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez: militar venezolano con rango de capitán de la GNB conocido como “Mauro” y “Angel”, según las autoridades estadounidenses. Fue señalado de ser el presunto jefe del Cartel los 40 y de estar vinculado al Cartel de Sinaloa, de México. Fue detenido en Venezuela en 2015. Ante la justicia de EEUU fue acusado en agosto de 2013.

Rafael Antonio Villasana Fernández: capitán retirado de la Guardia Nacional venezolana. No tiene estatus definido por la justicia, ni ha recibido condena. Un tribunal en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela, acordó su detención por legitimación de capitales y asociación para delinquir, en 2016.

Hernando Estaban Oviedo Castro: sentenciado el 23/8/2018 por conspiración internacional para distribuir drogas y tres años de libertad supervisada tras cumplir su sentencia.

Adriana Zunilde Suppa Penate: conocida como “La Gorda”. Según la acusación en EEUUera un agente de aduanas que se las arregló para tener la cocaína colocada en buques portacontenedores y transportada desde el puerto venezolano de Puerto Cabello a México”. No tiene estatus definido por la justicia. Tampoco ha sido sentenciada.

La red de Walid Makled es otro expediente instruido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El señalado es el empresario venezolano Walid Makled, acusado en EEUU – el 18/8/2010 por traficar toneladas de cocaína desde Venezuela hacia ese país, Centroamérica y Europa. Documentos oficiales señalan que presuntamente coordinó una organización internacional de narcotráfico que prestó servicios a militares corruptos venezolanos y a las FARC. En EEUU su estatus es de fugitivo. En 2010 fue detenido en Colombia y extraditado a Venezuela en 2011, donde sigue preso, tras ser condenado el 19/8/2016 a 21 años de prisión.

Otras causas ya sentenciadas

Ya algunos de los casos instruidos en el estado de Nueva York cubrieron todas las fases judiciales.

Así, se declaró terminado el proceso judicial por las viviendas con sello iraní, en el que era señalado el banquero iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, dueño del extinto banco maltés Pilatus Bank. Fue arrestado en Nueva York en marzo de 2018 por supuesta evasión de sanciones de EEUU, fraude bancario y lavado de dinero. Se le acusó por mover dinero ilegalmente como parte de un contrato para construir viviendas en Venezuela, firmado en 2006 con el gobierno de Hugo Chávez. Después de ser declarado culpable, se desestimó la condena y el caso fue cerrado por falta de interés, porque se omitieron pruebas exculpatorias.

El caso de los sobornos y lavado de dinero en Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), en el que el daño patrimonial al Estado venezolano se estimó unos USD 60.000.000, también concluyó. Entre los sentenciados por el fraude a través del Bandes están:

María De Los Ángeles González De Hernández: exvicepresidente del Bandes, quien recibió entre 2009 y al menos hasta 2011, pagos irregulares a cambio de dirigir negocios del banco venezolano hacia Direct Access Partners (DAP) y autorizar transacciones de bonos, con lo que DAP obtuvo ganancias por el orden de los USD 60.000.000 gracias a la funcionaria, quien obtuvo al menos USD 5 millones producto del esquema. Ella admitió su culpabilidad el 18/11/2013. Fue condenada el 15/1/2016 a 3 años de libertad supervisada, que ya cumplió. Le confiscaron cuentas en Hapoalim Bank, en Rahn & Bodmer y Banque Prevee BCP Suisse, por la cantidad de USD 8.347.849. Está en libertad.

Joseph DeMeneses: director gerente de una casa de bolsa, sentenciado el 27/3/2015 a 48 meses y 3 años de libertad supervisada al término de la sentencia. Le confiscaron USD 2.679.612. Está en libertad.

Benito Chinea: director ejecutivo de la casa de bolsa. Fue condenado el 31/3/2015 a 48 meses de cárcel y 3 años de libertad supervisada. Ya está en libertad. Le confiscaron USD 3.636.432.

Ernesto Luján: corredor de bolsa que fue sentenciado el 7/12/2015 a 24 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada. Le confiscaron USD 12.100.000 y un inmueble en Wellington, Florida.

Tomas Alberto Clarke Bethancourt: corredor de bolsa. Fue condenado el 8/12/2015 a 24 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada una vez cumplida la sentencia. Le confiscaron USD 7.767.215 y un apartamento en Miami, Florida.

José Alejandro Hurtado: corredor de bolsa. Fue condenado a 36 meses de prisión el 15/12/2015, más 3 años de libertad supervisada. El tribunal le confiscó USD 15.092.364 y cuatro apartamentos en Florida.

En otro caso, un juez federal de Nueva York en 2017 emitió una sentencia en el expediente por el mecanismo de sobornos de la compañía constructora Odebrecht. La empresa brasilera fue condenada en abril de ese año a pagar una multa de más de USD 2.600.000.000 – una de las más altas dictadas hasta ese momento producto de un acuerdo entre la compañía, el Departamento de Justicia y las autoridades brasileñas y helvéticas– por conspiración para violar la ley antisoborno, violar la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero y defraudar a los Estados Unidos. En diciembre de 2016, en un proceso relacionado, la empresa Braskem, controlada por Odebrecht, fue condenada a pagar más de USD 632 millones de dólares. El Departamento de Justicia anunció el 20 de noviembre de 2019 una acusación contra José Carlos Grubisich, exdirector de Braskem. Odebrecht obtuvo más de 100 contratos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

En total, Odebrecht pagó aproximadamente USD 788.000.000 en sobornos y obtuvo USD 3.336 millones en ganancias mal habidas en un período de 15 años. En Venezuela, según documentos oficiales, el soborno fue al menos de USD 98.000.000.

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