La CIDH insta al Gobierno de Maduro a anular la resolución contra las ONG

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Transparencia Venezuela, 5 de mayo de 2021.- Por considerar que abre las puertas a “la estigmatización de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos” y coloca a los beneficiarios de su labor en una situación de mayor “vulnerabilidad”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión han instado al gobierno de Nicolás Maduro a dejar sin efecto la resolución que obliga a las organizaciones de Derechos Humanos y caritativas a revelar quiénes son sus donantes, los montos que reciben y la identidad de quienes son favorecidos con esos recursos.

En un comunicado, las instancias adscritas a la Organización de Estados Americanos (OEA) fustigaron la Providencia Administrativa No. 001-2021, que exige a las organizaciones sin fines de lucro inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

“La CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión reiteran que el derecho a recibir financiamiento en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de los Derechos Humanos está protegido por la libertad de asociación”, afirmaron las instancias.

También recordaron que la Asamblea General de Naciones Unidas ha señalado que “es legítima la recolección de donaciones y contribuciones de organizaciones gubernamentales e intergubernamentales extranjeras por parte de individuos, grupos e instituciones dedicadas a la promoción y protección de Derechos Humanos para la realización de sus actividades«.

El artículo 13 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU de 1998 señala: “Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La reacción de la CIDH se da luego de que 700 organizaciones civiles se unieron para rechazar el registro y pedir su anulación, por considerarlo inconstitucional.

La escalada

La Providencia No 001-2021 de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) es la más reciente de una serie de medidas que las autoridades vienen tomando contra las organizaciones de la sociedad civil. Así, a finales del año pasado, los ministerios de Interiores y de Relaciones Exteriores emitieron una resolución conjunta, para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales extranjeras que laboran en Venezuela. El texto creó el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong), a través del cual las agrupaciones foráneas no domiciliadas en el país deberán registrarse para obtener una certificación que les permita desempeñar sus actividades.

Semanas después, el Gobierno le ordenó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que vigile las transacciones financieras de todas las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, por lo que esta instancia emitió una circular para regular esa situación.

Antes y después se han registrado varios allanamientos a sedes de asociaciones civiles y la detención de algunos de sus integrantes, destacando el caso de los cinco activistas de Azul Positivo, a los que se les abrió un proceso judicial por “legitimación de capitales”. Esto, por entregar tarjetas de débito a personas de bajos recursos para que pudieran adquirir alimentos.

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