Denuncian “vertiginoso cierre de espacios democráticos” en Venezuela

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Transparencia Venezuela, 9 de febrero de 2021.- La detención de los cinco miembros de la organización Azul Positivo, las sanciones impuestas a varios medios de comunicación y las amenazas contra otros más registrados en lo que va de 2021 “contribuyen con el ya vertiginoso cierre de los espacios democráticos” que padece Venezuela. Así lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, instancias que exigieron a las autoridades “propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales”.

En un comunicado difundido este 5 de febrero las instancias internacionales expresaron su alarma por la ola de ataques contra organizaciones humanitarias y caritativas, así como contra medios de comunicación, por cuanto “no sólo se deslegitima su trabajo (sino que) también crea un clima adverso para ejercer su labor, comprometiendo su vida e integridad personal”.

“La Comisión urge al Estado de Venezuela a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas”, se lee en el escrito, en el cual se recuerda que “las obligaciones del Estado en relación con las personas defensoras y el derecho a defender los Derechos Humanos guarda relación directa con el goce de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de asociación, las garantías judiciales y la protección judicial, contenidos en varios instrumentos internacionales de derechos humanos”.

El pasado 12 de enero, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCIM) y del Servicio de Investigaciones Penales del Zulia (Sipez) allanaron la sede en Maracaibo de la agrupación dedicada al combate contra el VIH/SIDA y aprehendieron a Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, a quienes acusan de manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Debido a la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, Azul Positivo decidió atender a familias vulnerables, mediante la adjudicación de tarjetas de crédito con dinero para adquirir alimentos. Amnistía Internacional ha calificado a los activistas como “presos de conciencia”, porque su proceso tiene motivaciones políticas.

Horas después, el diputado Diosdado Cabello, figura emblemática del oficialismo, arremetió contra el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui; y contra la directora de Control Ciudadano para la Seguridad y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel.

Días antes, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat) allanaron, sin orden judicial, la sede en Caracas de VPItv. Bajo el pretexto de revisar la documentación tributaria de equipos adquiridos a comienzo de los años 2000, los agentes de CONATEL y el SENIAT incautaron cámaras, televisores y computadores portátiles, lo que conllevó que VPItv suspendiera sus operaciones. Ese mismo día, el Seniat interpuso una sanción al diario “Panorama”, por el presunto incumplimiento de deberes formales de leyes tributarias, clausurando por 5 días su sede en la ciudad de Maracaibo, al occidente de Venezuela.

Seguidamente la Aviación Militar difundió a través de su cuenta de Twitter un vídeo donde atacaba al portal Efecto Cocuyo, acusando a sus periodistas de ser «info-mercenarios» por haber recibido financiamiento extranjero para su funcionamiento. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y a organizaciones como Espacio Público y Transparencia Venezuela también han sido objeto de señalamientos parecidos.

En 2020 se registraron 303 ataques contra activistas y organizaciones de Derechos Humanos, de acuerdo a un estudio elaborad por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

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