La CIDH y la ONU exigen que la justicia digital no atente contra el debido proceso

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Transparencia Venezuela, 2 de febrero de 2021.- Las videoconferencias, la remisión de escritos vía correo electrónico y el uso de la aplicación Whatsapp para enviar notificaciones y citaciones son algunas de las herramientas tecnológicas que los poderes judiciales americanos han utilizado desde 2020, para evitar la paralización total de los tribunales a causa de la pandemia del COVID-19. La decisión es saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el relator de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y jueces, el peruano Diego García-Sayan. No obstante, exigieron que la medida no atente contra el debido proceso, ni termine convirtiéndose en aquello que buscaba impedir: un obstáculo para el acceso a la justicia.

En un comunicado conjunto, ambas instancias expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el uso de nuevas tecnologías en los procesos judiciales menoscabe el debido proceso de las partes y de los participantes en las audiencias virtuales, “especialmente el derecho de defensa en materia penal, a la asistencia letrada, a un procedimiento adversarial, y el derecho a ser juzgado sin demora”. Seguidamente, reclamaron que se adopten medidas para asegurar “la confidencialidad y seguridad de la información transmitida” vía videoconferencia.

También advirtieron sobre los riesgos de que a amplios sectores de la población no puedan ejercer su derecho a acceder a los órganos de administración de justicia, por su desconocimiento de las nuevas herramientas utilizadas para tomar decisiones judiciales.

“El uso de medios tecnológicos en la prestación de servicios de justicia ha tenido en ocasiones un impacto negativo en el acceso a la justicia de algunos sectores de la población como consecuencia de la brecha digital existente, ya que el uso de estos medios presupone el acceso a medios electrónicos y al conocimiento tecnológico para acceder a los servicios de justicia. Además, existe una falta de cobertura en varias partes del territorio de los Estados”, se lee en el comunicado.

Solo como último recurso

La CIDH y el Relator de la ONU, además de pedir a las autoridades de la región que eduquen a los ciudadanos en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, reclamaron de los poderes judiciales que sigan garantizando “el acceso en persona a los servicios de justicia”, pero “acompañado de medidas adecuadas para proteger la salud y la integridad de los operadores de justicia, el personal judicial y los usuarios”.

Asimismo, se pronunciaron sobre la decisión de interrumpir las actividades tribunalicias y reclamaron que las mismas sean proporcionales. “La suspensión de la actividad judicial debe analizarse bajo un examen de escrutinio estricto, ya que el Poder Judicial es un pilar fundamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos”, afirmaron, al tiempo que demandaron que no sufran retrasos las acciones de habeas corpus – para determinar el paradero de una persona que se presume detenida- y de amparo.

Aunque en el comunicado no se critica la gestión de ningún Poder Judicial en específico, una lectura del documento permite ver que las autoridades judiciales venezolanas no han cumplido con lo que allí se plantea. Así, por ejemplo, en Venezuela tribunales como los del área laboral, contencioso administrativos y agrarios permanecieron casi siete meses cerrados, en acatamiento al Estado de Alarma impuesto en marzo de 2020 por el gobierno, debido a la pandemia. Fue en octubre de 2020 cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) permitió a estas instancias comenzar a laborar durante las semanas que no hay “cuarentena radical” y usar las nuevas tecnologías cuando el Ejecutivo imponga la paralización de todas las actividades.

Por su parte, juzgados civiles y mercantiles, así como los de Protección del Niño y Adolescente apenas comenzaron a utilizar las videoconferencias, correo electrónico y otras aplicaciones informáticas- para tramitar algunos asuntos- en junio, tras cuatro meses paralizados.

Solamente los juzgados penales permanecieron abiertos, pero no todos ellos, porque el TSJ les impuso un sistema de guardia, el mismo que se emplea en el receso navideño y las vacaciones de agosto para tramitar asuntos urgentes.

Pese a que el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno aseguró en el acto de Apertura de Actividades Judiciales que se estaba “mejorando el acceso a la justicia de los ciudadanos que acuden a los tribunales” mediante “el uso de medios tecnológicos cotidianos como correo electrónico, mensajería de texto y otros”, el hecho de que no ofreciera cifras de la cantidad de casos ingresados y decididos, dificulta el análisis a la hora de evaluar  el desempeño real de la justicia en Venezuela durante estos meses de pandemia.

 

 

 

 

 

 

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