TSJ sentencia que será implacable contra diputados de la AN de 2015

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Transparencia Venezuela, 26 de enero de 2021 – El año 2021 no pinta bien para los integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015. ¿La razón? La justicia chavista sin investigación, sin pruebas y sin escucharlos, ya los ha condenado por delitos tan graves como traición a la patria; y, por ello, los ha amenazado con ser “implacable” y con aplicarle “acciones contundentes”.

La sentencia anticipada la impuso el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, al encabezar este 22 de enero de 2021 el acto de Apertura de las Actividades Judiciales y presentar su informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2020.

“Aquellos que intentaron utilizar los espacios del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley. Aquellos que se aliaron con naciones extranjeras para robarse los recursos de todos los venezolanos, bloquear las operaciones de Pdvsa y regalar Citgo encontrarán en cada juez del Poder Judicial un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar sus acciones”, afirmó el también presidente de la Sala de Casación Penal.

Las palabras del funcionario van a contracorriente de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala: “Los jueces deben abstenerse de expresar, y aun de insinuar privadamente, su opinión respecto de los negocios que por la Ley son llamados a fallar. Deben igualmente abstenerse de dar oído a todo alegato que las partes o terceras personas, a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerle fuera del tribunal”.

¿Diálogo o rendición?

 Como viene haciendo año a año, Maikel Moreno dedicó buena parte de su informe de gestión a pronunciarse sobre asuntos políticos e internacionales. Así, por ejemplo, saludó la salida del magnate neoyorquino Donald Trump de la Casa Blanca diciendo: “Aquellos que prometieron invasiones, intervenciones y violencia salieron por la puerta de trasera de la historia. Dejaron el poder reducidos por sus mentiras y sus chantajes, demostraron que lo único que los sostuvo era la avaricia y la intimidación, mientras tanto nosotros seguimos de pie, parados en el cimiento de la dignidad y en el principio de profunda convicción y amor por esta patria”.

Seguidamente saludó la elección de la nueva Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y respaldó su iniciativa de conformar una nueva comisión de diálogo, porque “es el camino idóneo para alcanzar los objetivos comunes en esta nueva etapa”. Sin embargo, en este punto advirtió que estas nuevas conversaciones no se traducirán en una especie de “borrón y cuenta nueva”. “No puede haber reconciliación sin perdón y no existe el perdón sin justicia. El Poder Judicial juzgará con firmeza y establecerá las responsabilidades a las que haya lugar para todos aquellos que atenta contra la patria”, reiteró en tono amenazante.

Balance superficial

 Respecto a lo hecho por el Poder Judicial en 2020, Moreno aseguró que el TSJ garantizó “la prestación del servicio de justicia”, pese a la pandemia del COVID-19, al incorporar “el uso de los medios telemáticos disponibles para la realización de actos de comunicación y otros de carácter jurisdiccional inherentes a la fase de investigación e intermedia en los procesos penales” o “del sistema de videoconferencia junto a las aplicaciones telemáticas disponibles para la tramitación de asuntos nuevos y en el trámite que se desarrollan en los tribunales civiles y en los de protección de Niños y Adolescentes”.

Sin embargo, los datos que ofreció el funcionario revelan que los señalamientos de quienes aseguraban que la justicia venezolana se paralizó duramente meses eran ciertos.

Moreno informó que el año pasado el TSJ dictó 1.215 sentencias, lo cual representa 58% menos que en 2019, cuando informó que el organismo decidió 2.893 “asuntos”. Desde 2018 la instancia viene tomando menos decisiones y recibiendo menos peticiones de los ciudadanos.

¿Y cuál fue el rendimiento del resto del Poder Judicial? El funcionario no lo informó y solamente dijo que “estamos mejorando el acceso a la justicia de los ciudadanos que acuden a los tribunales” mediante “el uso de medios tecnológicos cotidianos como correo electrónico, mensajería de texto y otros”, con los cuales “eliminamos la carga burocrática que muchas veces genera mecanismos de corrupción y ausencia de control de la actividad de los jueces por parte de los ciudadanos. Prueba de ello es que antes, desde que se iniciaba un trámite hasta su sentencia transcurrían años, pero ahora en solo 96 horas en promedio se dicta una decisión”.

Moreno se refería al llamado “Despacho Virtual” que comenzó a operar en los juzgados civiles y de protección de Niños y Adolescentes en el tercer trimestre de 2020.

El hecho de que el presidente del TSJ omitiera informar cuántos casos se han recibido, tramitado y decidido a través del “Despacho Virtual” da motivos para sospechar que el rendimiento del Poder Judicial en 2020 fue mucho menor que el del 2019. En 2020 Moreno aseguró que en 2019 los jueces recibieron 368.283 causas y decidieron 435.229 en todas las competencias y jurisdicciones del país.

Sin embargo, estas sospechas anteriores se confirman cuando Moreno anunció que en los últimos 12 meses los tribunales penales, que son la mayoría en el país y que sí han estado laborando, aunque bajo el mecanismo de “guardia”, apenas adoptaron 178.536 decisiones.

El presidente del TSJ también anunció que el año pasado se puso en funcionamiento el nuevo Palacio de Justicia de Portuguesa, 28 nuevas sedes que acogen a 38 juzgados de primera instancia y dos cortes de Apelaciones; y que la Comisión Judicial designó 881 jueces y destituyó a otros 91.

El balance, sin embargo, parece estar alejado de lo que ordena el artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia, que establece: “El Sistema de Justicia y los órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente, un informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese período. En tal sentido, deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas y presupuesto utilizado, así como la descripción de las actividades realizadas durante este período”.

 

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