El TSJ le pide a EEUU la extradición de Simonovis

Justicia chavista busca lavarse la cara admitiendo vicios en los casos de Acosta Arévalo y Fernando Albán
Justicia chavista busca lavarse la cara admitiendo vicios en los casos de Acosta Arévalo y Fernando Albán
10/12/2020
Alcalá Cordones, otro disidente del chavismo que la justicia quiere procesar
11/06/2020

Transparencia Venezuela, 22 de octubre de 2020.- La justicia chavista vuelva tener en la mira al comisario Iván Simonovis. Ahora quiere sentarlo en el banquillo de los acusados por intento de magnicidio, traición a la patria y tráfico de armas; y por ello ha pedido a Estados Unidos que se lo entregue.

La decisión la adoptó la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 90, del 21 de octubre de 2020, en la cual declaró “procedente” la solicitud de extradición contra el actual comisionado especial de Seguridad e Inteligencia nombrado por el presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República, Juan Guaidó, a quien el Ministerio Público -intervenido por la cuestionada Constituyente- señala de estar implicado en la preparación de las fallidas incursiones marítimas registradas en mayo de 2020.

En el fallo redactado por la magistrada Elsa Janeth Gómez se considera que la petición fiscal contra el también exsecretario de Seguridad Ciudadana de la desaparecida Alcaldía Metropolitana de Caracas se ajusta a lo dispuesto en el tratado ambos países firmaron en 1922, por cuanto al solicitado no se le persigue por “delitos políticos” y los crímenes de los que se le señala “no han prescrito”.

“La presente solicitud de extradición activa tiene su génesis en la función como testaferro del ciudadano Iván Antonio Simonovis Aranguren en una operación de carácter militar, con el fin de llevar a cabo un golpe de estado y generar zozobra en la población al atacar las instituciones y sus representantes legalmente elegidos por el pueblo venezolano”, se lee en el dictamen.

Puros dimes y diretes

El despacho dirigido por Tarek William Saab acusa a Simonovis de homicidio intencional en grado de frustración contra el presidente de la República, de traición a la patria y de tráfico ilícito de armas, porque supuestamente fue mediador para enviar el dinero que se habría utilizado para financiar las fallidas incursiones ocurridas el 3 de mayo de 2020.

“A través de las investigaciones de contrainteligencia efectuada por los funcionarios adscritos a la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), (se) dejaron constancia a través de acta de investigación penal de fecha 27-03-2020, que a los fines de llevar a cabo lo que él denominó ‘OPERACIÓN FUERZA Y LIBERTAD’, en lo atinente a la adquisición del armamento localizado en la República de Colombia y que el ciudadano Cliver Alcalá Cordones, indicó haber tenido participación activa en su obtención, las cuales iban a ser destinadas en pro de lograr a través de la fuerza el derrocamiento del gobierno, así como el asesinato del primer mandatario representado por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, como jefe del Poder Ejecutivo Nacional, además de indicar que el ciudadano Iván Antonio Simonovis Aranguren, sirvió como uno de los testaferros de dicha operación”, se lee en el escrito entregado por los fiscales y que es citado en el dictamen.

Semanas antes de las fallidas incursiones, Alcalá Cordones afirmó que el comisario sabía que él estaba entrenando un “ejército” en Colombia para desalojar a Maduro del Palacio de Miraflores, algo que Simonovis negó .  Sin embargo, los comentarios que Simonovis emitió el mismo día que se conoció de lo ocurrido en Macuto y otras localidades costeras, donde fueron abatidos unas ocho personas y detenidas varias docenas, alimentaron las sospechas del oficialismo.

A primera vista las posibilidades que la solicitud prospere lucen lejanas, pese a las promesas del TSJ de que le garantizará sus derechos al acusado. ¿La razón? Simonovis se encuentra en situación de refugiado en Estados Unidos, a donde llegó en junio de 2019 tras escapar de su casa, donde cumplía arresto domiciliario la condena a 30 años impuesta en 2009, por los sucesos de 11 de abril de 2002. Por este primer proceso se le consideró como uno de los presos políticos más emblemáticos del país.

Share This