Bachelet acusa al Poder Judicial de generar violaciones de DDHH en lugar de castigarlas

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Transparencia Venezuela, 17 de julio de 2020.- La justicia venezolana se ha transformado en un foco de crímenes y violaciones a los Derechos Humanos. Así lo denunció la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe “Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los Derechos Humanos en la región del Arco Minero del Orinoco”, que presentó el 15 de julio de 2020.

Tras afirmar que los jueces y fiscales no actúan con independencia sino que siguen instrucciones políticas, la exmandataria chilena aseveró, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que “esta situación impide que el Poder Judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los Derechos Humanos y contribuye a generar impunidad y la persistencia de violaciones de estos derechos”.

¿Pero cómo se llegó a esta situación? Bachelet, en su informe de 17 páginas de extensión, mencionó tres grandes factores: la provisionalidad, la cooptación de los órganos superiores (Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio Público) con fichas alineadas ideológicamente con el Gobierno y la corrupción.

Para la Alta Comisionada el hecho de que  75% de los más de 2.000 jueces que hay en el país no hayan conseguido sus cargos mediante los concursos públicos de oposición, establecidos en el artículo 255 de la Constitución, supone un riesgo. “La inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas”, apuntó.

La afirmación de la funcionaria internacional está sustentada. A lo largo de las últimas dos décadas cientos de jueces han sido destituidos por el TSJ luego de que éstos adoptaran decisiones que han ido en contra de los intereses del oficialismo. Un caso relativamente reciente fue el del juez 43 de Control de Caracas, Jonathan Mustiola, quien en junio de 2017 fue removido por la Comisión Judicial luego de que dejara en libertad a un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB), que fueron detenidos por participar en las protestas contra Nicolás Maduro que se desarrollaron en el país ese año.

Como soldados

El máximo juzgado, a través de su Comisión Judicial, viene designado a dedo y removiendo, sin ningún tipo de procedimiento que garantice el debido proceso, a los jueces provisorios, temporales o accidentales. ¿La razón? Considera que no tienen estabilidad porque no son los titulares de sus despachos. Esta tesis ha sido duramente cuestionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que coloca a los jueces en una posición de sumisión frente al poder político.

Bachelet dio la razón a las instancias internacionales al asegurar: “La información de que dispone el ACNUDH (Alto Comisionado) refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias”.

Para Bachelet el caso de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, ha contribuido a que los jueces sigan la línea que les impongan desde el máximo juzgado, sin importar las pruebas que les sean expuestas ni lo que dicen las leyes.

Afiuni fue detenida a finales de 2009 horas después que su acatara una decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y excarcelara al banquero Eligio Cedeño, quien había permanecido tras las rejas más de dos años sin juicio, por presuntos ilícitos cambiarios. En 2019, luego de una década en la cárcel, de un largo encarcelamiento domiciliario y varios juicios, fue condenada por hechos de corrupción, pese a que el Ministerio Público no le halló ningún bien ni fondo no justificable.

Control desde arriba

Bachelet también informó al Consejo de Derechos Humanos cómo, mediante sucesivas reformas legales, el chavismo se ha hecho con el control del TSJ, al colocar como magistrados a aliados políticos sin importar si cumplen o no los requisitos para ocupar dichos cargos. En la actualidad 30 de los 32 miembros del organismo son afectos al Gobierno, mientras que 9 ocuparon cargos en el Poder Ejecutivo o militaron en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La Alta Comisionada dejó claro que las más de 120 decisiones que el TSJ ha adoptado contra la Asamblea Nacional, desde que fue electa en diciembre de 2015, revelan “la existencia de inconsistencias y posibles consideraciones políticas” por parte del organismo rector del Poder Judicial al momento de sentenciar.

Asimismo, alertó que las precarias condiciones con las que laboran los jueces y fiscales abren las puertas a las irregularidades administrativas. “El salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia”, advirtió.

Y, por último, Bachelet enfatizó que los grandes perjudicados por el actual estado de la justicia venezolana son los ciudadanos, en particular las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, las cuales “se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y socioeconómicas para acceder a la justicia”. Por ello presentó 13 recomendaciones a las autoridades para enderezar al sistema.

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