Dos rectoras del CNE impuesto por el TSJ están sancionadas por gobiernos extranjeros

La Sala Constitucional ha intervenido ocho partidos en ocho años
06/18/2020
La suerte de Voluntad Popular está en manos de la Sala Penal del TSJ
06/23/2020

Transparencia Venezuela, 22 de junio de 2020.- Con un tiro en el ala. Así nació el Consejo Nacional Electoral (CNE) encargado de organizar las elecciones parlamentarias previstas para 2020, pero no solo porque fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en lugar de la Asamblea Nacional que es como ordena la Constitución, sino porque además dos de sus integrantes han sido sancionadas por gobiernos extranjeros, acusadas de atentar contra la democracia y los Derechos Humanos.

Sobre la flamante presidenta del organismo comicial, Indira Alfonzo Izaguirre, y la rectora principal Gladys Gutiérrez Alvarado pesan medidas tales como la congelación de bienes y fondos o la prohibición de viajar a países tales como Canadá, en el caso de la primera; y Estados Unidos y Panamá en el de la segunda.

Las sanciones les fueron impuestas a consecuencia de su actuación como magistradas del máximo juzgado contra la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015. Hasta que el 12 de junio de 2020 la Sala Constitucional las nombró como miembros del CNE en su sentencia número 0070. Indira Alfonzo Izaguirre se desempeñó como presidenta de la Sala Electoral y Gladys Gutiérrez era miembro de la Sala Constitucional, que presidió entre 2013 a 2017. Esta magistrada, en la práctica, votó por ella misma para integrar el nuevo CNE.

 Las andanzas de Alfonso Izaguirre

Alfonzo Izaguirre fue la redactora de la polémica sentencia 260 del 30 de diciembre de 2015, con la cual el TSJ dejó sin representación en la AN al estado de Amazonas, al suspender la toma de posesión de los cuatro diputados de la entidad. La medida, que fue el germen de los ataques contra el Parlamento, la adoptó atendiendo una petición que el chavismo formuló en una demanda de nulidad que presentó contra los resultados de los comicios en la región. El alegato de los demandantes era que esas elecciones estuvieron “viciadas,” porque supuestamente la oposición “compró votos” desde la gobernación del estado, que por la época estaba en poder de la oposición.

El dictamen fue muy cuestionado, no solo porque para adoptarlo la entonces magistrada interrumpiera el tradicional receso navideño, sino porque- además- el mismo violaba la jurisprudencia de la propia sala, según la cual no se puede impedir la asunción de un funcionario electo mediante una medida cautelar.

“El sufragio, tanto en sentido activo –elegir– como pasivo –ser elegido–, no se agota en el simple hecho de votar o resultar electo, sino que debe extenderse a su reconocimiento y, en algunos casos, a la entrega misma del poder al magistrado que ha sido electo, puesto que su desconocimiento o negativa de entregar el poder al funcionario electo, resulta, a efectos prácticos, una flagrante violación del referido derecho constitucional”, señaló la sala en su sentencia 59 de 2005.

La decisión fue rechazada en principio por la Asamblea Nacional, que recordó que solamente el Parlamento puede calificar a sus miembros; y por ello en su sentencia 1 del año 2016 la Sala Electoral declaró en “desacato” a los legisladores. Esta decisión sentó las bases para que en los siguientes meses la Sala Constitucional anulara todas las decisiones del Poder Legislativo y le arrebatara sus funciones.

Pero como si lo anterior no fuera suficientemente grave, Indira Alfonzo también ha sido redactora de decisiones que han pretendido arrebatarle triunfos electorales a la oposición, como ocurrió con las elecciones disputadas a finales de 2018 en la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, cuando adjudicó el triunfo al chavismo. También, la ahora exmagistrada ha rechazado demandas de organizaciones como Transparencia Venezuela para analizar las denuncias de ventajismo electoral por parte del oficialismo.

Por este comportamiento la ahora presidenta del CNE fue sancionada en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá, que la acusó de ser uno de los individuos “responsables del empeoramiento de la democracia en Venezuela”.

 De usurpar funciones de la AN a rectora del CNE

Gladys Gutiérrez Alvarado se incorporó antes que Indira Alfonzo Izaguirre al grupo de los jerarcas chavistas sancionados por autoridades internacionales. Así a mediados de 2017 el Gobierno estadounidense la sancionó, anunciando que la incluía en su lista de personas a las que les cancelaba o les negaría visas para visitar el país y les congelaría sus bienes y fondos, junto a sus seis colegas de la Sala Constitucional, por “usurpar funciones de la AN”.

Durante su tiempo en la Sala Constitucional, la ahora rectora fue la ponente de varios fallos que le arrebataron funciones a los diputados como las sentencias 225 y 612, de 2016, que impidieron la posibilidad que tiene el Parlamento de revisar designaciones de magistrados hechas por los anteriores Legislativos, o que atentaron contra la inmunidad parlamentaria que gozan en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo Gutiérrez Alvarado dificultó la investigación de los hechos de corrupción ocurridos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con su sentencia 88 de marzo de 2017 , al no solo anular la investigación que la Comisión de Contraloría del Parlamento condujo contra el exministro de Petróleo y expresidente de la compañía, Rafael Ramírez, sino también al instar al Ministerio Público a procesar el diputado opositor Freddy Guevara por dirigir las averiguaciones.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, ambas funcionarias tienen nexos con el chavismo. Alfonzo, por ejemplo, fue asistente del exgobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, cuando este estuvo en la Presidencia de la AN. Mientras que Gutiérrez Alvarado fue candidata a gobernadora de Nueva Esparta por el extinto Movimiento Quinta República (MVR) en el 2000, fue embajadora en España y procuradora general de la República antes de que ser designada en el 2010 como magistrada.

Pisando el acelerador

 La decisión del CNE que la Sala Constitucional tomó el 12 de junio de 2020 sorprendió a propios y extraños, por cuanto se produjo antes del lapso de 72 horas que ella misma le dio al Comité de Postulaciones Electorales de la AN para que le entregara el listado de posibles candidatos.

Sin embargo, la admisión pública de este comité de no contar aún con esos nombres, por cuanto no había aprobado su reglamento, fue la excusa de la Sala Constitucional para realizar las designaciones a su antojo.

Además de las dos ahora exmagistradas, la Sala nombró a Rafal Simón Jiménez como vicepresidente del organismo, a José Luis Gutiérrez Parra y reeligió a Tania D’Amelio.

Por su parte, como suplentes nombró a Abdón Hernández Rodríguez, Alex David Díaz, quienes suplirán cualquier falta de la presidenta; a Luis Fuenmayor Toro y Juan Carlos Delpino para hacer lo propio con Jiménez; a Carlos Enrique Quintero y Jennycet Villalobos para reemplazar a D’Amelio; a Frank Antero Pic y Gloria Muñoz para suplir a Guitérrez Parra; y a Deyanira Briceño y Eleusis Borrego para reemplazar a Guitérrez Alvarado.

Asimismo, estableció que la Junta Nacional Electoral, que debe organizar los comicios como tal, estará integrada por Alfonzo Izaguirre, quien la presidirá, Gutiérrez Parra y Quintero Cuevas.  Por su parte, en la Comisión de Registro Civil y Electoral, responsable del padrón, estarán D´Amelio, quien la presidirá y la integrarán Gutiérrez Alvarado y Delpino. Y, por último, en la Comisión de Participación Política y Financiamiento estarán Jiménez, quien la presidirá; y D´Amelio y Hernández.

En el CNE chavismo tiene mayoría en todas las instancias.

Share This