El COVID-19 ha paralizado a la justicia venezolana

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Transparencia Venezuela, 5 de mayo de 2020.– En saco roto. Allí cayeron las promesas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras su decisión de cerrar la inmensa mayoría de los juzgados del país, en acatamiento del estado de alarma decretado por Nicolás Maduro para frenar la propagación del COVID-19. Esa medida no supondría la paralización de la justicia, pues se había tomado previsiones para asegurar su continuidad, pero no fue así.

Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al evaluar la actividad del Poder Judicial desde que el pasado 20 de marzo la Sala Plena publicó su resolución 01, que anunciaba que “ningún tribunal despachará desde el lunes 16 de marzo hasta el 13 de abril de 2020 (que posteriormente fue extendido hasta el 13 de mayo). Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales”. Asimismo, se anunciaba que los jueces laborarían por guardias para atender “actuaciones urgentes”.

En las primeras siete semanas de este nuevo régimen la Sala Constitucional, que junto a la Electoral sigue laborando, apenas ha dictado cuatro sentencias o al menos eso es lo que ha informado. La primera decisión, la número 056, avaló la nueva prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica vigente en el país desde enero de 2016, mientras que la segunda y la tercera, 57 y 58, fueron emitidas para respaldar la decisión de Maduro de imponer un estado de alarma para enfrentar la pandemia del coronavirus; y su respectiva prórroga. Por último, dictó la decisión 59 que declaró que Reinaldo Múñoz, quien venía fungiendo como procurador encargado de la República, es ahora el titular de ese organismo, pese a que la Asamblea Nacional no lo ha avalado su nombramiento, tal y como establece la Carta Magna.

La Sala Electoral no ha informado que haya tomado alguna decisión, pese a que tiene numerosos fallos pendientes. El caso más destacado es el relacionado con los cuatro diputados del estado de Amazonas, que desde hace más de un año se encuentra en etapa de sentencia, porque los magistrados ya recibieron las pruebas y escucharon a las partes en la audiencia oral y pública.

Un hecho llamativo es que el TSJ no ha informado sobre las decenas de procesos iniciados en plena cuarentena contra periodistas, médicos y ciudadanos por informar, quejarse en redes sociales o protestar por la falta de alimentos y gasolina; a quienes se les ha aplicado la cuestionada Ley contra el Odio.

Organizaciones como Espacio Público han registrado 28 detenciones bajo el estado de alarma.

 ¿Y del resto de los juzgados?

El resto del Poder Judicial, en particular de los tribunales penales que no pueden interrumpir sus labores, no exhiben un rendimiento mejor.

Así, el TSJ informó que juzgados de siete estados han dictado 13 decisiones desde el 20 de marzo hasta el 1 de mayo. La mayoría tiene que ver con delitos por contrabando de gasolina a pequeña escala, infracciones a la cuarentena y algunos casos por hechos de sangre. La información está en la página de Facebook del TSJ, debido a las fallas que presenta la página web.

Los datos oficiales refuerzan los temores de que la nueva modalidad de trabajo, puesta en marcha debido al estado de alarma, va a agravar el endémico retardo procesal que padece la justicia venezolana.

La versión criolla del teletrabajo  

Desde la Sala Constitucional explicaron que los magistrados se reúnen físicamente dos veces por semana, pero que mantienen contacto permanente a través de la aplicación de mensajería Whatsapp. Sin embargo, reconocieron que el rendimiento no ha sido el mejor y por ello indicaron que en la segunda semana de mayo fijarán un plan de trabajo.

 “No podemos seguir paralizados. Vamos a planificar las actividades”, aseveró uno de los siete integrantes de la Sala Constitucional cuando se le interrogó sobre el bajo número de sentencias.

El mismo confidente anunció que el TSJ seguirá el ejemplo de otras autoridades e instituciones privadas alrededor del mundo y utilizará la herramienta Zoom, para videoconferencias a distancia, aunque la estrenarán en algo distinto a sus labores jurisdiccionales y de gobierno judicial. “El 8 de mayo tendremos una videoconferencia con el escritor Daniel Estulin, quien hablará sobre el post COVID-19 y la hoja de ruta para Venezuela (…) Los magistrados la escucharemos desde nuestras casas, así como el rector de la Universidad Católica Santa Rosa, quien nos pidió que lo invitáramos”, reveló el magistrado.

Estulin es un escritor y analista de inteligencia ruso que sostiene que la actual pandemia supondrá el fin del capitalismo y provocará “una crisis sistémica planetaria”. Así lo declaró a finales de marzo a un medio chileno.

Durante las primeras semanas de la cuarentena la Sala Plena aprobó dos resoluciones que han establecido las nuevas pautas para la labor de los jueces y dos comunicados. En el primero se rechazaba la decisión de las autoridades estadounidenses de ofrecer una recompensa a quienes ayuden a la captura de Nicolás Maduro y de otros funcionarios chavistas, incluido el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno.

Versiones de prensa aseguran que este comunicado fue publicado sin el respaldo de los demás magistrados. Desde Suprema Injusticia se contactó a dos magistradas que coincidieron en que se enteraron del contenido del documento cuando lo vieron publicado en los medios de comunicación y en la página de Facebook del organismo. Asimismo, aseveraron que jamás se les consultó, ni se les preguntó si estaban de acuerdo con su contenido.

El segundo comunicado fue publicado el 4 de mayo y se refiere a la condena de la supuesta invasión marítima, denunciada por el Gobierno un día antes, en la localidad de Macuto, en el ahora estado La Guaira, en la que supuestamente unos ocho paramilitares habrían sido abatidos por efectivos militares, mientras intentaban ingresar al país para realizar actos de sabotaje y atentar contra altas autoridades.

Lento, lento

Pese a que principios del siglo, el TSJ llegó a ser uno de los juzgados más avanzados y abiertos de Latinoamérica, pues su agenda y decisiones estaban disponibles en Internet, eso ya es historia. En la actualidad la página web no funciona apropiadamente, impidiendo que se pueda consultar desde dentro y fuera del país, debido al deterioro del software y de los equipos. A esto se suma que la conexión de Internet de Venezuela es una de la peores de la región y ello complica la situación.

Pero, mientras los venezolanos no pueden siquiera consultar las decisiones que adoptan sus jueces, los poderes judiciales de otros países han recurrido a las nuevas tecnologías para evitar su paralización durante la pandemia. Así en abril el Gobierno y Consejo General del Poder Judicial de España, por ejemplo, decidieron que una vez finalizado el confinamiento y durante tres meses “los juicios, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática”. Sólo los juicios penales por delitos graves están excluidos.

En Argentina, el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires acordó en marzo utilizar las videoconferencias para continuar los juicios con las personas que estaban presas y así evitar aglomeraciones en las salas de audiencia que pudiera contribuir a la propagación del COVID-19. Las medidas se extendieron a las demás jurisdicciones y hasta la Corte Suprema, donde comenzaron a utilizar firmas electrónicas para tomar decisiones de manera remota y celebraron audiencias vía Skype.

Medidas similares adoptaron en las últimas semanas los poderes judiciales de Colombia, Chile, México y Bolivia.

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