Suiza sancionó a siete agentes del Sebin y del Dgcim señalados de torturar

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Transparencia Venezuela, 14 de octubre de 2019. El número de funcionarios venezolanos sancionados por gobiernos extranjeros por su presunta participación en hechos que atentan contra la democracia y los Derechos Humanos no para de crecer. El pasado 11 de octubre Suiza informó que incluyó a siete funcionarios de inteligencia de la administración de Nicolás Maduro a su lista negra, con lo cual la misma ya asciende a 25, por presuntamente incurrir en hechos de torturas y malos tratos contra disidentes.

Las autoridades de Suiza revelaron que cuatro de los sancionados laboran o laboraron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y éstos son: el mayor (GNB) Néstor Blanco Hurtado, el mayor (GNB) Alexander Granko Arteaga, el mayor (GNB) Hannover Guerrero Mijares y el general (GNB) Rafael Blanco Marrero. Los últimos se desempeñaron como jefe de investigaciones y director general del cuestionado organismo castrense.

Esos cuatro funcionarios sancionados tienen prohibido ingresar a Suiza, además se les congelaran los bienes que tengan en ese país y se les impedirá realizar operaciones financieras con los bancos suizos. Fueron señalados por estar involucrados en serias violaciones de derechos humanos, como la muerte del capitán de la Armada, Rafael Arévalo Acosta, ocurrida a finales de junio de 2019, mientras estaba privado de libertad en los calabozos del Dgcim.

“Por ser responsables de serias violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y maltrato de detenidos”, son las razones esgrimidas por el país alpino para tomar la medida.

Pero el Dgcim no fue el único blanco de las autoridades suizas, integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) también fueron sancionado por su accionar. Así, el comisionado Carlos Calderón y Rafael Antonio Franco Quintero fueron incorporados a la lista.

Calderón, quien es jefe de investigaciones del Sebin, ha sido señalado en reiteradas ocasiones de atentar contra la integridad física de los opositores y disidentes detenidos. Sin embargo, su nombre saltó a la palestra en agosto de 2014 cuando el estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA), Gerardo Carrero, lo denunció ante una jueza de ser quien lo golpeó mientras permaneció detenido en El Helicoide por participar en los campamentos que se instalaron frente a la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas.

Histórico de agresiones

El último sancionado es Alexis Escalona Marrero, quien se desempeñó como jefe de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado entre 2018 y mayo de este año. Antes fungió como excomandante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas). Suiza lo sancionó por violarles los Derechos Humanos a los detenidos en el Conas y por reprimir a la sociedad civil.

Escalona Marrero fue detenido en septiembre de 2019 por agentes del Dgcim y se está siendo investigado por manejos irregulares durante su paso por la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado, en particular por la adjudicación de bienes incautados a presuntos narcotraficantes y otros delincuentes sin cumplir los protocolos establecidos.

Las denuncias que víctimas y organizaciones de Derechos Humanos han realizado nacional e internacionalmente sobre el comportamiento de los organismos de inteligencia no han caído en saco roto. Así la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su actualización del informe sobre Venezuela que presentó a principios de 2019, tomó nota de los mismos y los verificó.

“Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos”, señaló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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