TSJ tachó de “acto hostil” y “agresión” reincorporación de Venezuela al TIAR

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Transparencia Venezuela, 31 de julio de 2019.- La decisión de la Asamblea Nacional de aprobar la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que el país denunció en 2013, no fue ignorada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que no solo anuló lo acordado por el Parlamento, sino que advirtió que cualquier intento por aplicarlo es “acto hostil a la soberanía y una agresión al territorio, al pueblo venezolano, a la paz y al Derecho Internacional”.

El señalamiento lo realizó la Sala Constitucional en su sentencia número 248, anunciada el 26 de julio de 2019, es decir tres días después de que la mayoría opositora del Poder Legislativo decidiera anular la denuncia del instrumento,  presentada en 2013 ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el Gobierno de Nicolás Maduro.

En el fallo, redactado por el presidente de la instancia, magistrado Juan José Mendoza Jover, se acusó a los diputados de incurrir en “usurpación de funciones”, por cuanto de acuerdo al numeral 4 del artículo 236 de la Carta Magna al Presidente de la República le corresponde “dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”.

Tras afirmar que “resulta nula, carente de validez y eficacia jurídica la pretendida reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), al emanar de la Asamblea Nacional que permanece en grave y contumaz desacato, así como ser un acto contrario, en los términos expuestos a lo largo del presente fallo, a nuestro texto fundamental, específicamente en la forma en cómo está organizado el poder público nacional y las competencias exclusivas propias de cada poder”, la Sala alertó que el pacto no ha contribuido a la integración regional ni tampoco ha servido para frenar intervenciones militares extranjeras como ocurrió con la Guerra de las Malvinas de 1982.

La dictadura argentina invocó el TIAR, firmado en 1947 en Río de Janeiro, para enfrentar a la Armada británica que se disponía a retomar el control de las disputas islas Malvinas, la cual fue invadida previamente por los militares del país sureño. Sin embargo, Estados Unidos y otros países ignoraron el pedido.

Otro fallo                                                                              

Horas antes la Sala Constitucional, en su sentencia 148, anuló también el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el 28 de junio de 2019, que rechazaba la designación que Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), hecha por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.

El Poder Legislativo instaba a las autoridades de unos 50 países a desconocer al funcionario, sobrino del magistrado del TSJ Calixto Ortega que fue sancionado por Estados Unidos, y abstenerse de suscribir acuerdos con el instituto emisor mientras Ortega Sánchez lo presidiera.

Tras solicitar a la comunidad internacional ignorar los llamados del Parlamento, el máximo juzgado acusó a los diputados de “arremeter contra el sistema socioeconómico de la Nación, y con ello romper el orden constitucional”.

Estas decisiones son las sentencias 102 y 103, respectivamente, que el TSJ dicta contra la Asamblea Nacional desde que esta pasó a manos de la oposición luego de las elecciones legislativas del 5 de diciembre de 2015, de acuerdo con el registro de Suprema Injusticia.

Asimismo,  los fallos parecen ser el preludio de una nueva ola de detenciones contra legisladores. Al menos así lo advirtió Nicolás Maduro, quien el 27 de julio señaló: “Ahí va la grúa de (el general Gustavo) González López (director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) está lista la grúa (…) sale la grúa a buscar a los delincuentes que pretenden que Venezuela se invada. ¡Justicia!, ¡Justicia!».

Las palabras del mandatario fueron en alusión a la manera como en mayo de 2019 fue detenido el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, quien ante su negativa a abandonar su vehículo vio como el mismo era remolcado por una grúa hasta la sede del Sebin, policía política del régimen, por su presunta participación en el alzamiento militar del 30 de abril.

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