Bachelet acusó a la justicia venezolana de ser un arma para atacar a la disidencia

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Transparencia Venezuela, 08 de julio de 2019.- Los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro son responsables de que hoy millones de venezolanos no tengan garantizados o se les violen directamente sus Derechos Humanos, pero no son los únicos, porque la justicia también ha contribuido a esta dramática situación. Así lo dejó en claro la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el informe que presentó sobre el país el pasado 4 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.

En el documento, de 18 páginas de extensión, la exmandataria chilena fustigó el papel desempeñado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público -intervenido por la Constituyente- y la Defensoría del Pueblo, así como por los cuerpos policiales y militares, pues considera que lejos de cumplir su misión de amparar a los ciudadanos se han dedicado a proteger al Ejecutivo y han servido de arma para atacar a la disidencia.

“Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”, se lee en el reporte, en el cual se agrega: “Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticos al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”.

La Alta Comisionada no pasó por alto el más de centenar de sentencias que el TSJ ha dictado en los últimos tres años contra el Parlamento, con las cuales -en la práctica- le arrebató sus funciones, primero, y más recientemente ha buscado desmantelarlo, con las autorizaciones para encarcelar o procesar a 22 legisladores. Al menos 30 de los 32 magistrados que conforman actualmente el máximo juzgado emiten sistemáticamente fallos a favor del Gobierno y al menos 10 de ellos militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) u ocuparon cargos en el Ejecutivo.

Bachelet también acusó a los jueces, fiscales y a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de darle la espalda a los venezolanos cuyas garantías fundamentales han sido vulneradas en situaciones como la represión a las olas de protestas que sacudieron al país en 2014 y 2017 o durante acciones como la polémica Operación Liberación del Pueblo (OLP) y por la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

“Las instituciones responsables de la protección de los Derechos Humanos, tales como la Fiscalía General, los jueces y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de Derechos Humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas, víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”, señaló.

Reveló que el Ministerio Público no le informó el estatus de las 72 denuncias por torturas y malos tratos que recibió entre 2017 y 2019. El despacho encabezado Tarek William Saab ha rechazado de entrada procesar a los dos presuntos responsables materiales de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por tortura y los ha imputado por homicidio preintencional, que es muy similar a una muerte accidental.

El oficial falleció el pasado 29 de junio mientras se encontraba en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) señalado de participar en una presunta conspiración contra el inquilino del Palacio de Miraflores.

No es la guerra económica ni las sanciones

La Alta Comisionada también cuestionó la actuación del Gobierno a la hora de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos, en particular los de la alimentación y la salud, a los cuales dedicó unos párrafos.

En su informe, a Bachelet al parecer no la convenció la versión oficial según la cual la responsabilidad de la escasez de alimentos y medicinas, así como de la hiperinflación son parte de “guerra económica” que empresarios y opositores tienen contra el Ejecutivo.

“El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”, concluyó la exmandataria chilena.

La justicia venezolana ha sido muy selectiva a la hora de investigar casos de corrupción. Así por ejemplo, en los últimos meses ha iniciado o retomado algunas investigaciones por irregularidades en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero no ha movido un dedo para indagar en los presuntos sobornos que la constructora brasileña Odrebrecht admitió haber pagado a funcionarios chavistas a cambio de mil millonarios contratos durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

De las 24 recomendaciones que Bachelet formuló al Ejecutivo cuatro están referidas al sistema judicial y entre ellas destacan el llamado a “adoptar medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo”; y que se “garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias”.

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