El magistrado que llegó al TSJ de la mano de la oposición pero juega para el chavismo

Transparencia Venezuela, 6 de mayo de 2019.- El 15 de abril de 2019 el Gobierno de Canadá anunció nuevas sanciones contra otros funcionarios por atentar contra la democracia y los Derechos Humanos. La lista contenía 43 nombres y entre ellos destacaba uno: El del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Inocencio Antonio Figueroa, quien pese a ser considerado originalmente como uno de los tres miembros del organismo que no estaban alineados con el Gobierno, ha pasado buena parte del tiempo jugando para el equipo oficialista.

Figueroa está en la Sala Político Administrativa desde diciembre de 2014. Su nombre fue propuesto por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en particular por Primero Justicia, durante las fallidas conversaciones que se desarrollaron con el chavismo para que la Asamblea Nacional, entonces controlada por el oficialismo, renovara parcialmente al máximo juzgado, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y totalmente al Consejo Moral Republicano.

Sin embargo, desde que el funcionario- quien antes se desempeñó como director de la Escuela de Derecho y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María-  se instaló en su cargo no ha hecho más que apoyar las decisiones que ha adoptado la mayoría de los magistrados afectos a la gestión de Nicolás Maduro.

Para muestra un botón: Figueroa no ha salvado el voto, es decir no se ha opuesto, a decisiones como las que desde 2017 han permitido que diputados opositores como Gilber Caro o Juan Requesens hayan sido detenidos y sometidos a juicios, sin que se les haya respetado su inmunidad parlamentaria, ni se les haya sometido al procedimiento especial de antejuicio de mérito previsto en el artículo 200 de la Constitución de 1999.

Tampoco ha abierto la boca en los casos relacionados con Germán Ferrer (disidente del chavismo), Julio Borges (Primero Justicia), Freddy Guevara (Voluntad Popular),el presidente interino Juan Guaidó (Voluntad Popular) o más recientemente contra Edgar Zambrano (Acción Democrática), primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. A diferencia de los magistrados Danilo Mojica y Marisela Godoy, quienes han salvado sus votos, en ocasiones han denunciado irregularidades en las convocatorias o desarrollo de las reuniones plenarias o han alzado su voz contra iniciativas como la cuestionada Constituyente.

Solamente en el expedito proceso contra la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, el funcionario se abstuvo de participar, alegando “manifiesta amistad”.

Aliado de la opacidad

Figueroa además ha seguido a pie y juntillas la doctrina de la Sala Constitucional que obstaculiza el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y que obliga a los ciudadanos y organizaciones -que requieran a un organismo público algún dato u estadística-  a explicar por qué la quieren y qué harán con dicha información (sentencia 745 del 15 de julio de 2010).

Desde 2014, ha sido el ponente de al menos cuatro casos en los que Transparencia Venezuela demandó a distintas dependencias oficiales por negarse a suministrarle información y en los cuatro le dio la razón a dichos organismos, bajo el subjetivo y ambiguo alegato de que la organización no ofreció “evidencia (de) que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar”.

Transparencia Venezuela, en todos sus escritos, ha explicado al TSJ por qué solicita información a un organismo público y entre las razones que ha alegado está la siguiente: “el uso de la información solicitada permitirá incrementar el conocimiento de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y los mecanismos de control implementados para garantizar una óptima gestión pública por los funcionarios”. Así lo citó el propio magistrado Figueroa en uno de sus cuatro fallos.

Apologista de la guerra económica

Inocencio Antonio Figueroa también respalda la tesis del Gobierno según el cual la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas reinante en el país se deben a la «guerra económica» que empresarios y opositores mantienen para derrocarlo. Así, en su sentencia 1.112, de 2018, abrió las puertas para que las indemnizaciones por demandas laborales fueran canceladas en Petros (criptomoneda creada en la gestión de Maduro), pese a que la Constitución establece que la moneda nacional es el bolívar.

Pero el magistrado no solo ha sostenido esta tesis en sus dictámenes sino de viva voz. “Hoy nuestro país vive una guerra económica y social comprobada. El Estado de Excepción continuará hasta que se mantenga la amenaza”, señaló en julio de 2019 al presentar su libro  “Estado de Excepción” en la Universidad Católica Santa Rosa.

De copeyano a chavista

¿Por qué la oposición incluyó en su lista de aspirantes a un jurista oficialista? En realidad los adversarios de Nicolás Maduro no tenían por qué sospechar que Figueroa fuera un “rojo rojito”, pues desde 1988 hasta 2004 ocupó una de las curules del Parlamento mirandino por partidos que ahora conforman la MUD. Inició su carrera política con Copei y luego se le vinculó con Primero Justicia.

“Ahora dice que es cercano a Diosdado Cabello (segundo a bordo en el Gobierno), porque gracias a él llegó al TSJ y le juró no traicionarlo“, reveló una periodista.

Otros aseguran que sus nexos con el chavismo comenzaron en sus tiempos como director de Derecho de la USM, donde abrió las puertas a magistrados como Maikel Moreno para ejercer como profesor.

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