El Poder en la Mira – Boletín número #16

Por considerar que “ha cometido delitos de naturaleza permanentes” y por lo tanto estaba “en situación de flagrancia”, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró ajustada a la Constitución la detención del diputado opositor Juan Requesens por parte de los efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la noche del martes 7 de agosto en su residencia de Caracas. La afirmación la realizó la Sala Plena del máximo juzgado en la sentencia que el 8 de agosto emitió para responder a la solicitud que ese mismo día le presentó el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab para que le permitiera procesar al parlamentario de Primero Justicia sin la prerrogativa del antejuicio de mérito prevista en el artículo 200 de la Constitución, tras ser aprehendido horas antes, por su supuesta participación en el presunto atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro el día sábado 4 de agosto. Leer más
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el órgano que es brazo policial del Gobierno en Venezuela, ha integrado a sus prácticas la detención de familiares de presuntos indiciados, que luego son usados como una suerte de “carnada” para presionar a quienes disienten de la llamada Revolución a entregarse a las autoridades. Este mecanismo se hizo notorio en el año 2015 con la denuncia en redes sociales hecha justamente por un desertor de las filas del chavismo: el ex gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, quien huyó a Estados Unidos en 2013, al inicio del gobierno de Nicolás Maduro, y pasó a ser testigo protegido de la Administración para el control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El ex militar fue muy cercano a Hugo Chávez y su ministro del Poder Popular para las Finanzas. Ostentó cargos de diputado por el partido oficialista PSUV y presidente del banco del ALBA. Leer más
Alfonzo: magistrada sancionada por dejar a Amazonas sin representación en la AN
El TSJ autorizó al CNE a no dar respuesta a las denuncias sobre ventajismo electoral
La magistrada Indira Alfonzo Izaguirre deberá conformarse con seguir visitando La Habana (Cuba), porque las puertas del resto del mundo se le están cerrando, luego de que a principios de 2018 el Gobierno canadiense la incluyera en su lista de funcionarios venezolanos sancionados por ser sospechosos de atentar contra la democracia y los Derechos Humanos en el país.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no está obligado a informar a quien consigne una denuncia sobre la presunta comisión de delitos o faltas comiciales si la revisará o no, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló el silencio que viene guardando ese organismo comicial ante determinadas solicitudes, sin importar que el mismo raye en la mala educación e incluso la falta de cortesía.
Un año ha transcurrido desde la instalación de la cuestionada Constituyente y aún los venezolanos no saben prácticamente nada de la nueva constitución que debería estar redactando. Lo que sí es de conocimiento público es el exceso en los que han incurrido los constituyentistas al emitir actos que violan el principio de separación de los Poderes Públicos con el único objetivo de satisfacer los deseos del Ejecutivo. A pesar de que el artículo 347 de la Carta Magna vigente establece que la principal tarea de la Constituyente es redactar la nueva Constitución, de los 90 actos emitidos por los constituyentistas en el último año, solo 6 están relacionados con la creación de un nuevo texto constitucional, otros 26 tienen que ver con trámites administrativos y 58 se refieren a acciones que se pueden considerar inconstitucionales por cuanto se limitan a respaldar al Ejecutivo y asumen competencias propias de otros poderes, como la Asamblea Nacional. Leer más
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