Sebin: Cuando los familiares de los acusados son la carnada

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el órgano que es brazo policial del Gobierno en Venezuela, ha integrado a sus prácticas la detención de familiares de presuntos indiciados, que luego son usados como una suerte de “carnada” para  presionar a quienes disienten de la llamada Revolución a entregarse a las autoridades.

Este mecanismo se hizo notorio en el año 2015 con la denuncia en redes sociales hecha justamente por un desertor de las filas del chavismo: el ex gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, quien huyó a Estados Unidos en 2013, al inicio del gobierno de Nicolás Maduro, y pasó a ser testigo protegido de la Administración para el control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El ex militar fue muy cercano a Hugo Chávez y su ministro del Poder Popular para las Finanzas. Ostentó cargos de diputado por el partido oficialista PSUV y presidente del banco del ALBA.

En junio de 2015 Isea rompió el silencio en Twitter para denuncia la detención de su madre, Rosario Romero de Isea, de 79 años de edad, y de su hermana Raiza Isea, quienes fueron sacadas por el Sebin de un apartamento ubicado en la urbanización Las Acacias, de Maracay, capital del estado Aragua. El ex gobernador atacó a otro emblema del chavismo, Tareck El Aissami, actual vicepresidente Sectorial del Área Económica, y en ese momento su sucesor en el estado Aragua, a través de su cuenta @Isea_enContacto.

Un mes después denunció la detención de su cuñada, quien se encontraba con sus sobrinos en un operativo del Sebin, practicado en una residencia  en la urbanización Bases Sucre, ubicada también en Maracay.

Isea cayó en desgracia en el chavismo  y Luisa Ortega Díaz, Fiscal General en plenas funciones, lo buscaba por corrupción.

Sin orden

En noviembre de 2015 los medios de comunicación informaron sobre la liberación de Saúl Utrera, del hijo del ex viceministro para el Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Saúl Arturo Utrera Ramírez.

Se trataba de otro funcionario del chavismo que abandonó sus  filas. También había sido subinspector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se presume que huyó a España.

El muchacho era integrante del movimiento Voto Joven y de acuerdo a la reseña del portal El Cooperante, fue “víctima de una trampa con la que esperan lograr obligar a su padre a regresar a Venezuela”.

En enero de 2018, fue detenido sin explicación el padre del Ingeniero de Pdvsa Occidente, Argenis Prieto, después que éste denunció a través de un video la situación de la principal empresa estatal venezolana. La denuncia la hizo el Secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites.

Cada vez más frecuente

La práctica se volvió cada vez más notoria según seguían surgiendo las denuncias. En abril de 2018, vía Twitter se reveló como habría sido secuestrado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el padre de Carlos Eduardo Marrón Colmenares, dueño del portal Dólar Pro, para obligarlo a regresar al país y proceder a su captura.

El 12 de abril de 2018, Tarek William Saab, designado por la llamada Constituyente como Fiscal General, anunció la captura de Marrón Colmenares por difusión de información falsa de tipo cambiario, legitimación de capitales y asociación para delinquir, delitos tipificados en las leyes venezolanas.

También en abril de 2018 se denunció una ola de allanamientos por parte del Sebin a  las residencias y oficinas de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia “legítimo”, designados por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, para sustituir a los otros integrantes del máximo juzgado señalados por seguir lineamientos del Gobierno de Maduro.

Estos magistrados tuvieron que abandonar el país y radicarse en distintas naciones como Estados Unidos, Chile o Colombia, tras las órdenes de detención acordadas por la justicia venezolana.

De nuevo la red social Twitter sirvió para que se difundiera la denuncia sobre la detención de la esposa del magistrado en el exilio, Ramón Pérez Linarez, aprehendida en su propia residencia, ubicada en Barquisimeto, estado Lara, al occidente del país.

Ese día menos 10 jueces denunciaron ser objeto del mismo operativo de inteligencia y solicitaron apoyo internacional.

Familiares de alcaldes y militares

En mayo de 2018,  Sorbay Padilla, esposa del coronel retirado de la Guardia Nacional (GN) Oswaldo García Palomo, denunció la detención en el estado Miranda de cuatro familiares del ex militar, señalado por supuesta conspiración.

La detención cumple con las mismas características: sin orden judicial. Los detenidos fueron Argenis Granadillo, de 50 años, Gabriela de Granadillo, de 49 años,  y Ariana Granadillo, de 21 años, integrantes de una misma familia. También Rogerth Padilla, de 47 años,  hermano de Sorbay Padilla, esposa del militar. Estuvieron ocho días tras las rejas sin cargos judiciales.

Pero el 23 de junio, la chica de 21 años, Adriana Granadillo, fue detenida de nuevo en el estado Táchira, acusada de rebelión militar. El Tribunal 11 de Control Militar de San Cristóbal ordenó su detención, pero fue liberada el 3 de julio con régimen de presentación y prohibición de salida del país.

En otro caso, fueron arrestados  sin explicación  los médicos Alberto Marulanda Bedoya y Williams Alberto Aguado Sequera. Marulanda estuvo cuatro días desaparecido y un juez militar le imputó los delitos de instigación al odio y traición a la patria.

Familiares y defensores del médico sostienen que su detención obedece a que su pareja es una oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), acusada de participar en supuestas reuniones para llevar a cabo un levantamiento militar.

En junio de 2018, se conoció que el Sebin liberó a Juan Pedro Lares, de 24 años de edad, hijo del ex alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares.

El joven estuvo 10 meses detenido en el organismo de inteligencia en Caracas, sin orden judicial, tras ser detenido en el estado Mérida, en la zona andina, en un procedimiento que buscaba la captura de su padre, quien salió de Venezuela para evadir acusaciones por supuesto terrorismo.

“Me rociaron con gasolina y me decían que iban a prenderla si no les decía dónde estaba mi padre”, declaró a algunos medios de comunicación.

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