El Poder en la Mira – Boletín número #14

Pese a que no ha sido el autor de ninguna decisión de las que le arrebataron competencias a la Asamblea Nacional o que le impidieron ejercer sus funciones, el magistrado Maikel Moreno figura entre los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los que más de 30 países le han impuesto sanciones. ¿Las razones? Pueden ser varias: En primer lugar su cercanía al presidente Nicolás Maduro, que sus decisiones son todas favorables a los intereses del Ejecutivo, o su pasado. La alineación con el mandatario quedó de manifiesto durante el acto de apertura judicial de 2018, donde el magistrado animó al Jefe del Estado a mantener “la fuerza y el ímpetu para fortalecer la seguridad, defensa y soberanía de nuestra Nación” y le pidió tener “absoluta confianza que el Tribunal Supremo de Justicia y por ende el Poder Judicial, con el instrumento de la Ley y el Derecho, garantizaremos la incolumidad de nuestra Patria”. Leer más
En Venezuela la publicación de información se ha convertido en una excepción, mientras que la norma es la opacidad y el silencio gubernamental. Con frecuencia la administración pública se niega a responder cualquier tipo de petición de información, situación que ha sido avalada a lo largo de los años por órganos como el Tribunal Supremo de Justicia. El informe Opacidad: la regla impuesta desde el alto gobierno, de Transparencia Venezuela, destaca que el silencio gubernamental ha sido fomentado por la existencia de instrumentos legales que violan o limitan el derecho de acceso a la información pública. Además, sentencia que el Poder Judicial ha restringido este derecho al emitir criterios que no les permiten a los ciudadanos tener acceso a información de uso público y ejercer el control de la gestión pública de acuerdo a lo que disponen los artículos 51 y 62 de la Constitución de 1999. Leer más
El TSJ avala el uso de los programas sociales con fines electorales
“El destierro: la pena impuesta por el gobierno Nicolás Maduro
Ni extorsión ni chantaje, sino como parte de su labor social y como una manera de incentivar la participación. Así calificó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las ofertas, o amenazas, según como se mire, que el Gobierno lanzó durante la campaña electoral para que quienes tuvieran el Carnet de la Patria votaran, bajo la promesa de recibir más beneficios sociales.
Las excarcelaciones en mayo y junio de 2018 promovidas por el presidente Nicolás Maduro en “aras de la paz y el diálogo” en Venezuela, después de unas cuestionadas elecciones que lo ratificaron en el poder, evidenciaron una vez más que el Gobierno es juez e impone, en varios casos y sin disimulo, la pena del destierro. El 14 de junio de 2018 funcionarios de la policía política de Venezuela llevaron hasta el aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” a Villca Fernández.
“Eso es cabilla, cemento y eso lo sabemos hacer los venezolanos”. Con esa frase el presidente Nicolás Maduro anunció como cosa fácil el “borrón y cuenta nueva” con la constructora Odebrecht, el 5 de febrero de 2017. Un año y cuatro meses después de aquel pronunciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia admitió la primera demanda de la que se tenga conocimiento contra la empresa brasileña por el pago de más de 76 millones 50 mil dólares, más la cancelación de 854 millones de bolívares,por un ente público encargado de ejecutar las obras. Es una demanda presentada por el Metro de Caracas contra la sociedad mercantil Constructora Norberto Odebrecht, S.A., ante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal que fue admitida el 19 de junio de 2018, seis meses después de ser interpuesta la acción judicial,el 14 de diciembre de 2017. Leer más
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