El destierro: la pena impuesta por el gobierno Nicolás Maduro

Transparencia Venezuela, 21 de junio de 2018.- Las excarcelaciones en mayo y junio de 2018 promovidas por el presidente Nicolás Maduro en “aras de la paz y el diálogo” en Venezuela, después de unas cuestionadas elecciones que lo ratificaron en el poder, evidenciaron una vez más que el Gobierno es juez e impone, en varios casos y sin disimulo,  la pena del destierro.

El 14 de junio de 2018 funcionarios de la policía política de Venezuela llevaron hasta el aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” a Villca Fernández, el joven dirigente que días antes- junto a otros presos políticos-había desafiado a sus carceleros desde los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Enviarlo a Perú fue la sentencia después de excarcelarlo.  Las redes sociales se llenaron de mensajes y los medios  que aún quedan– en su mayoría digitales- analizaban con sorpresa la movilización policial.

Inicialmente se informó que sería enviado en avión a su ciudad natal,  El Vigía, en el estado Mérida, en la región andina venezolana. Pero pronto se supo que saldría del país contra su voluntad.

Redes sociales incómodas

Villca Fernández es uno de los presos políticos más visibles. Lideró y acompañó decenas de protestas, pero fue detenido por el Sebinpor escribir en Twitter un mensaje dirigido a uno de los llamados hombres fuertes del régimen chavista, Diosdado Cabello, el actual presidente el órgano legislativo paralelo, Asamblea Nacional Constituyente.

Era un preso de Twitter, detenido el mismo día que escribió su mensaje. Ahora es un “desterrado”, un calificativo que corrió como pólvora a través de las redes sociales. El día de la excarcelación, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Política Interior de la Asamblea Nacional y  vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, denunció cómo se echó por tierra un precepto constitucional:

La atención se volcó sobre una práctica que  yase había aplicado con anterioridad, pero con presos políticos menos conocidos.

“Me encuentro en un avión que se dirige a Perú. El régimen venezolano me ha sacado de los calabozos del Sebin y me ha expulsado de Venezuela. Perú, que es el país natal de mi padre, me ha brindado cobijo y hacia allá me dirijo, hacia el exilio”. Esas fueron las palabras de Villca Fernández, la más reciente víctima de destierro, cuando salía de Venezuela.

Me voy con el corazón muy dolido porque 30 millones de venezolanos se quedan tras las rejas del régimen de Maduro”. Una frase lapidaria del dirigente opositor en un país que encendió las alarmas por el quiebre constitucional del que se acusa al presidente venezolano y su entorno.

Redes sociales, Diosdado Cabello y el destierro

La situación de otro preso conjugó los mismos factores presentes en el caso de Villca Fernández: redes sociales, Diosdado Cabello y el destierro.

Se trata del ingeniero Juan Miguel De Sousa que fue detenido el 21 de enero de 2015. Estuvo dos años y nueve meses preso en una de las sedes de la policía política. Hubo una acusación directa en su contra de parte del entonces presidente de la Asamblea Nacional (cuando aún estaba en manos del chavismo), Diosdado Cabello, a través de su programa “Con el Mazo Dando” transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. Sus palabras textuales en ese entonces fueron:

 “Capturado Juan de Sousa, uno que escribió en Twitter, muy valiente @EnYuKote, ¡pues usted está  enyucado señor!. Asume tu responsabilidad”.

El funcionario acusó al ingeniero de conspirar junto al vicealmirante Mario Iván Carratú, ex jefe de la Casa Militar durante el segundo mandato del ex presidente de la República Carlos Andrés Pérez.  Molina habría contratado  hackers informáticos para supuestamente conspirar, según el militar chavista.

De Sousa, acusado de terrorismo y de asociación para delinquir, quedó en libertad  “con salida del país” en vísperas de navidad, en diciembre de 2017. Tuvo que partir a Portugal.

El exilio forzado se impone como norma

La Constitución Nacional ya no es obstáculo para ningún funcionario de la estructura de seguridad de Estado.Los llamados “extrañamientos” continuaron en 2016.  Dos jóvenes militantes de Voluntad Popular, el partido del preso político emblema de Venezuela, Leopoldo López, fueron también expulsados del país por el gobierno de Nicolás Maduro.

Gabriel San Miguel y Francisco Márquez no eran muy conocidos. A mediados de 2016 fueron apresados mientras viajaban por el centro del país, donde realizaban actividades relacionadas con el proceso de validación de firmas del 1% del referendo revocatorio contra Maduro.

Estuvieron presos en la cárcel 26 de Julio en San Juan de Los Morros, estado Guárico, luego en el centro penitenciario Tocuyito, en el estado Carabobo y finalmente en la sede del Sebin, conocida como“El Helicoide”, en Caracas.

El primer excarcelado fue Gabriel San Miguel, el 9 de septiembre de 2016. Fue obligado a tomar un vuelo con destino a Madrid, España.

El 20 de noviembre de 2016  quedó en libertad Francisco Márquez. Fue obligado a viajar a Estados Unidos.

El periodista Alejandro Puglia fue detenido el 1º de septiembre de 2016 acusado de usar un “Drone” para captar imágenes de una protesta contra Nicolás Maduro. En ese entonces era director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional.

El dictamen de la juez 37 de Control del Área Metropolitana, Yesenia Maza, acordó mantenerlo tras las rejas por “favorecimiento bélico”, pues habría hecho volar la pequeña aeronave  sobre la protesta de calle. El Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz había dictado una prohibición sobre el uso de esos artefactos.Fue liberado el 26 de octubre de 2016, después de 56 días de detención. “Se le sugirió” salir del país.

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