Con más de 40 sentencias el TSJ legalizó el secretismo gubernamental

Transparencia Venezuela, 19 de junio 2018. En Venezuela la publicación de información se ha convertido en una excepción, mientras que la norma es la opacidad y el silencio gubernamental. Con frecuencia la administración pública se niega a responder cualquier tipo de petición de información, situación que ha sido avalada a lo largo de los años por órganos como el Tribunal Supremo de Justicia.

El informe Opacidad: la regla impuesta desde el alto gobierno, de Transparencia Venezuela, destaca que el silencio gubernamental ha sido fomentado por la existencia de instrumentos legales que violan o limitan el derecho de acceso a la información pública. Además, sentencia que el Poder Judicial ha restringido este derecho al emitir criterios que no les permiten a los ciudadanos tener acceso a información de uso público y ejercer el control de la gestión pública de acuerdo a lo que disponen los artículos 51 y 62 de la Constitución de 1999.

Transparencia Venezuela precisó que en 2017, se identificaron 12 decisiones del TSJ que niegan peticiones de acceso a la información presentadas por diversas organizaciones no gubernamentales en el país, las cuales, sumadas a las 33 sentencias registradas por Transparencia Venezuela en años anteriores, dejan ver la intención del Poder Judicial de legalizar el secretismo y la opacidad. Es decir, que con más de 40 sentencias el órgano ha legalizado el silencio oficial.

“El TSJ, mediante el establecimiento de limitaciones al margen de la Constitución, los tratados internacionales y la Ley, ha negado el acceso a la información en casos de interés prioritario para los venezolanos, tales como, la satisfacción de derechos sociales como la salud y vivienda; defensa de derechos humanos; manejo de recursos económicos; lista de empresas a las cuales le han sido aprobadas divisas preferenciales; escala salarial de funcionarios públicos, entre otros”, dice el informe.

La organización alertó que restringir el acceso a la información pública dificulta a los ciudadanos hacer la debida la evaluación y seguimiento de políticas y programas desarrollados por el Estado, así como la presentación de propuestas que busquen resolver las necesidades de la población.

El ejemplo entra por casa

El TSJ no solo ha favorecido la opacidad dentro del poder Ejecutivo al fallar en contra en la mayoría de los casos de amparo que se intentaron en temas de acceso a información básica, también ha aplicado el silencio puertas adentro.

El informe revela que de acuerdo al Índice de Accesibilidad de la Información Judicial en Internet 2017, un instrumento que mide la transparencia activa de los poderes judiciales y ministerios públicos del continente americano, el TSJ ocupó el ranking 11 al obtener un puntaje de 51%.

El TSJ no ha puesto a disposición de los ciudadanos, por ejemplo, la información relacionada con los procesos de contrataciones públicas (llamados a concurso, adjudicaciones, asignación de compromisos de responsabilidad social);ni las estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes.

El TSJ tampoco les ha permitido a los ciudadanos conocer cuáles son los recursos físicos, materiales y humanos con los que cuenta la institución; ni cuáles son los salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de funcionarios relevantes.

Además, la revisión realizada por Transparencia Venezuela a la página web del poder Judicial evidenció que no se publica información del procedimiento de selección de jueces, credenciales de los mismos, criterios de selección, ni tampoco las declaraciones juradas de bienes y de intereses, entre otros.

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