El Poder en la Mira – Boletín número #13

El que la hace la paga. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han comprobado en carne propia la veracidad de esta expresión popular, pues su decisión de liquidar a la Asamblea Nacional no ha pasado desapercibida en el exterior y les ha valido a 13 de sus 32 miembros sanciones por parte de los gobiernos de 31 países de América y Europa. El repudio internacional contra los autores de las decisiones que en la práctica han anulado al Parlamento electo el 5 de diciembre de 2015 comenzó a materializarse en octubre de 2016, cuando los magistrados Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta de Merchán, integrantes de la Sala Constitucional, fueron sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), la cual los incorporó a su lista de funcionarios venezolanos castigados por atentar contra la democracia y los Derechos Humanos. Leer más
Cinco días después de las elecciones regionales, realizadas el 15 de octubre de 2017, el dirigente opositor Andrés Velásquez atribuía a los negociados, mafias y estructuras de poder irregular enquistadas en el Estado Bolívar, el fraude que a su juicio se perpetró en esa entidad del sur de Venezuela, para arrebatarle su triunfo. Han transcurrido más de siete meses de una de las denuncias de fraude más documentadas, sin que el Poder Electoral y el Judicial hayan aclarado qué ocurrió. Un militar, el candidato del partido de gobierno, fue proclamado sin reconteo de votos. Leer más
Una justicia enrejada: La imagen dice más que mil sentencias
“El dejar hacer, dejar pasar” en el sistema de justicia venezolano
La imagen dice más que mil sentencias. En lugar de allanar el camino hacia la construcción de una sociedad democrática, el Poder Judicial venezolano sigue levantando muros que impiden a los ciudadanos acceder a una justicia oportuna e imparcial. Con cada fallo, los magistrados se atrincheran. Agregan un barrote a la reja que protege a los altos jerarcas del régimen chavista y dificultan aún más la posibilidad de ofrecer a los venezolanos un sistema de justicia independiente.
La anomia en el sistema de justicia en Venezuela pasa de largo frente a los altos funcionarios llamados por la Constitución para resguardar la ley. El poder de los órganos de seguridad, como la policía política del Gobierno Nacional, Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), no sabe de abogados, jueces, magistrados, ni tribunales. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General de la República.
La omisión en la que incurrió el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, al rendir cuentas sobre la gestión del organismo en 2017, así como la negativa a suministrar información sobre su funcionamiento y organización, no solo vulnera el artículo 26 de la Constitución, el cual contempla que la justicia debe ser “transparente”, sino además varias disposiciones de la Ley del Sistema de Justicia. El instrumento, dictado en 2009 por la Asamblea Nacional, establece en su artículo 25 que “el Sistema de Justicia y los órganos y entes que lo integran deberán presentar anual y públicamente un informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese período”. Pero la norma además ordena que los informes ofrezcan una “explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas y presupuesto utilizado, así como la descripción de las actividades realizadas durante este período”. Leer más
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