El Poder en la Mira – Boletín número #12

Venezuela celebrará este 20 de mayo elecciones presidenciales. Unos comicios que no solamente han sido cuestionados por el grueso de la oposición, sino por la comunidad internacional, la cual ha advertido ya que no reconocerá sus resultados. No solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Gobierno son responsables de la desconfianza en el sistema electoral venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una cuota importante en esta percepción generalizada, porque a lo largo de los años ha permitido que el chavismo modifique el sistema electoral a su antojo y en beneficio propio. En la siguiente investigación, Suprema Injusticia señala seis fallos que comprueban la afirmación anterior. Leer más
Apenas se instaló a principios de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente tomó una decisión: removió a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y designó en su lugar a Tarek William Saab. Con este rápido movimiento, el chavismo retomaba el control del Ministerio Público, responsable de la acción penal en el país, para convertirlo nuevamente en un apéndice del Ejecutivo nacional. Ortega Díaz fue nombrada en 2007 y ratificada en 2014 por el Parlamento de mayoría chavista. Para mantenerla en el Ministerio Público, la fracción roja pasó por encima del requisito constitucional del voto favorable de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, y se apoyó en su mayoría simple con la bendición del Tribunal Supremo de Justicia. Leer más
Compromiso de Lima observa, a medias, las recomendaciones presentadas por las organizaciones de la sociedad civil
Mucho discurso político y poco balance de gestión marca la apertura de año judicial 2018
La VIII Cumbre de las Américas 2018 tuvo como tema central “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” invitó a los actores participantes a reflexionar sobre las políticas y acciones que podían ser implementadas desde los gobiernos para minimizar los riesgos y combatir la corrupción en las Américas.
Pese a que la Constitución de 1999, en su artículo 26, obliga al Estado a garantizar una justicia “transparente”, el TSJ cada día se vuelve más opaco y ofrece menos posibilidades a los ciudadanos para acceder a la información que produce para poder evaluar su desempeño.
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