Maduro retomó la Fiscalía para atacar a la oposición y sus enemigos chavistas

Apenas se instaló a principios de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente tomó una decisión: removió a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y designó en su lugar a Tarek William Saab. Con este rápido movimiento, el chavismo retomaba el control del Ministerio Público, responsable de la acción penal en el país, para convertirlo nuevamente en un apéndice del Ejecutivo nacional.

Ortega Díaz fue nombrada en 2007 y ratificada en 2014 por el Parlamento de mayoría chavista. Para mantenerla en el Ministerio Público, la fracción roja pasó por encima del requisito constitucional del voto favorable de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, y se apoyó en su mayoría simple con la bendición del Tribunal Supremo de Justicia.

La bancada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó el proceso de escogencia de Ortega Díaz y los otros dos miembros del Poder Ciudadano, el defensor Tarek William Saab y el contralor Manuel Galindo.

“Felicito también a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien continuará en su misión constitucional de construir un Ministerio Público justo”, celebró el presidente Nicolás Maduro en Twitter luego de que el Parlamento reeligiera a la funcionaria.

Sin embargo, en marzo de 2017 la relación entre Ortega Díaz y el régimen chavista se quebró. La fiscal denunció la ruptura del hilo constitucional por parte de Maduro, quien con el apoyo del TSJ había resuelto en la práctica disolver a la Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora.

La diferencia surgida por los ataques contra el Parlamento se profundizó con la decisión de convocar a la Constituyente. “Me dirijo al país para desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial (…) Esto es una burla al pueblo y a su soberanía”, expresó Ortega Díaz.

El distanciamiento de Ortega Díaz le provocó un serio dolor de cabeza a Maduro. Primero, representaba una fractura en el bloque de poder. Segundo, le obligaba a recurrir permanentemente ante la justicia militar para procesar a líderes y militantes de la disidencia, generando un mayor repudio internacional por la violación de derechos humanos. Y tercero, la fiscal ya comenzaba a actuar contra altos jerarcas del chavismo como el exministro Haiman El Troudi por hechos de corrupción.

El oficialismo le cobró a la fiscal su disidencia. La Constituyente la destituyó del cargo e impuso a Saab, exgobernador chavista del estado Anzoátegui y quien en ese momento se desempañaba como defensor del pueblo.

Desde la Fiscalía General de la República, Saab ha seguido la línea trazada por la revolución chavista. Persiguió a Ortega Díaz acusándola de extorsión y pasando por encima del principio constitucional de la inmunidad parlamentaria, arremetió contra el primer vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara, solicitando su enjuiciamiento por supuestamente pretender “acabar con la Asamblea Nacional Constituyente”.

Saab dice luchar contra la corrupción, pero en los hechos actúa de manera discrecional, atacando a los enemigos de Maduro. Pueden existir razones para imputar a estas personas, como en el caso del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, sin embargo, lejos de buscar adecentar a las instituciones, el Ministerio Público ejecuta una especie de ajuste de cuentas para fortalecer a unos grupos de poder y descabezar a otros.

“El Fiscal actúa solo por instrucciones del Presidente y su entorno íntimo. Cual títere, hace el mandado y es capaz de prestarse a cualquier cosa por su agradecimiento de que lo sacaran del hueco donde cayó después de que el comandante Chávez le quitara su apoyo a la Gobernación de Anzoátegui”, indicó en una carta pública Ramírez, sobre quien pesa una sanción política del Parlamento de mayoría opositora por un desfalco milmillonario ocurrido durante su gestión en Pdvsa.

Los grandes temas siguen en olvido. Nadie apunta hacia los verdaderos culpables del saqueo en casos como Odebrecht y la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Saab enterró los expedientes de Ortega Díaz y ha puesto –otra vez- a la Fiscalía General de la República al servicio de la revolución chavista.

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