La Fiscalía dirigida por Saab mantiene en la impunidad el asesinato de Juan Pablo Pernalete

Silencio absoluto. Esta es la respuesta que los familiares del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete han recibido del Ministerio Público dirigido por Tarek William Saab. Ni siquiera la conmemoración, el pasado 26 de abril, del primer aniversario de su trágica  muerte sirvió para obtener alguna respuesta del Fiscal General designado por la cuestionada Constituyente sobre el estado del caso.

Desde que el pasado 7 de septiembre el funcionario anunciara la reapertura de la investigación por supuestas irregularidades cometidas durante la gestión de su antecesora Luisa Ortega Díaz, nunca más se ha vuelto a referir a este asunto en sus múltiples comparecencias ante los medios y su despacho tampoco ha informado sobre el avance de esas nuevas averiguaciones sobre las circunstancias en la que fue asesinado el estudiante de la Universidad Metropolitana de Caracas mientras participaba en una manifestación en las cercanías de la plaza Altamira de Caracas.

“Aquí descubrimos que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía se usó para alterar pruebas, eso es grave, estamos en etapa de investigación, pero es sumamente grave”, afirmó en una entrevista a la agencia española de noticias Efe.

Con estas palabras Saab pretendió contradecir a Ortega Díaz, quien el 24 de mayo de 2017, casi al mes de la muerte del joven, echó por tierra la primera versión dada por las autoridades en relación a que el estudiante habría muerto porque alguien le disparó una pistola de perno en el pecho.

“Él fue impactado por un objeto como éste. Esto lo impacta: esto es una bomba lacrimógena”, soltó la ahora Fiscal General en el exilio en una rueda de prensa, mientras sostenía en su mano uno de los dispositivos empleados por las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones.

Seguidamente la funcionaria responsabilizó a la Guardia Nacional de lo ocurrido. “Sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos [logrado es] individualizar a la persona”, declaró.

Cerca, pero

Directivos de la anterior gestión de la Fiscalía aseguraron que hasta el momento en que la Constituyente los removió de sus cargos, se estaban acercando al autor del crimen.

“Nosotros identificamos entre 22 y 24 funcionarios que ese día actuaron, gracias a los videos y a la información del pelotón. De ese grupo, doce iban en motos. Es decir, seis iban manejando y seis iban en la parte de atrás. Nosotros identificamos el tipo de bomba que le pegó al joven. Unas tienen el cartucho metálico y otras son de plástico (trifásicas). Aquellos que tenían esta última los sacamos, porque esa no fue la responsable de la muerte del joven y así fuimos reduciendo el grupo, pero nos faltó que la Guardia Nacional nos diera los nombres de los que quedaron para interrogarlos y los reportes de cada sospechoso para saber con cuántas bombas salió cada uno y con cuántas volvieron”, relató el colaborador de Ortega Díaz.

Cotejando versiones

El equipo de investigación que originalmente tuvo el caso Pernalete analizó la versión del Gobierno de la pistola de perno, pero llegó a la conclusión de que no tenía sustento. “Buscamos una pistola de perno y la disparamos sobre una piel de cerdo para ver si dejaba una marca como la que tenía Pernalete en el pecho y vimos que no era así. Eso se le llevó al Ministerio del Interior (Néstor Reverol Torres)”, relató el confidente, quien agregó que además realizaron pruebas en el polígono de tiro de la Guardia Nacional y constataron que si este tipo de dispositivos se disparan a 30 metros de distancia pueden ser mortales, pese a lo sostenido por los altos mandos del componente militar.

No obstante estos resultados, la actual directiva del Ministerio Público llamó a los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, el equipo que investiga los crímenes cometidos por policías y militares para que cambiaran sus informes sobre este caso. “Por eso ya no queda casi nadie en la Fiscalía de los que tuvieron el caso, porque renunciaron ante las presiones”, aseguraron fuentes del organismo.

Desde el equipo de Ortega Díaz se muestran seguros de su hipótesis, pues además de los resultados de las distintas experticias practicadas al cadáver de Pernalete y a su vestimenta, tienen el testimonio de testigos presenciales y además un video en el que se ve el momento en que la bomba lacrimógena le pegó al estudiante, quien tenía una beca para estudiar en la Unimet gracias a sus estudios y sus dotes atléticas.

“Ese video fue presentado a la Corte Penal Internacional como parte de las pruebas de la querella contra el presidente Nicolás Maduro y cuatro ministros”, remató el confidente.

Pernalete fue uno de los 131 venezolanos que el año pasado perdieron su vida a consecuencia de la represión a la ola de protestas que sacudieron al país a raíz de que el TSJ emitiera dos sentencias (155 y 156) en las que se arrogaba las facultades que constitucionalmente le corresponde al Parlamento. Los restantes 130 casos no han corrido con mejor suerte, pues hasta ahora los tribunales no han emitido sentencias castigando a los responsables de sus muertes.

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