Sistema autoritario instaurado por el Gobierno obstaculiza el derecho de los ciudadanos a estar informados

Procedimientos judiciales y administrativos contra periodistas y medios, detenciones arbitrarias por el hecho de informar, representan un patrón de persecución y amedrentamiento de parte del Gobierno que genera miedo y silencio

Caracas 12 de septiembre de 2017. En Venezuela existen patrones muy claros en materia de libertad de expresión, que dan cuenta de cómo se ha venido instaurando un sistema autoritario que ha minado el derecho de los ciudadanos a obtener información oportuna y verificada.“Estos patrones tienen su principal incubadora en la falta de separación de poderes”, precisó Maruja Dagnino, periodista y directora de comunicaciones del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela en su ensayo: La libertad exige desmontar el lenguaje oficial; incluido en el libro Muchas instituciones, un jefe, recientemente editado por Transparencia Venezuela.

La autora asegura que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, instituto “con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa”, sujeto a los principios de democratización de las comunicaciones, en la gestión del fallecido ex presidente Hugo Chávez y en la de Nicolás Maduro, se ha centrado en la revocación y suspensión de habilitaciones administrativas y concesiones, también en la confiscación de equipos, y hasta la suspensión de programas de opinión.

Como evidencia, Dagnino cita los hallazgos del reporte “Conatel sintonizado con el PSUV”, realizado por IPYS Venezuela, que muestra cómo este organismo público se ha convertido en uno de los principales censores, y que sus titulares, entre 2005 y 2017, en su mayoría, han sido miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Es decir, que seis de las ocho autoridades en los últimos doce años de gobierno “socialista” han sido militantes del partido de gobierno.

Durante ese periodo, Conatel, protagonizó 56 casos de violaciones a la libertad de expresión, que desencadenaron 129 acciones de investigación, multas, cierres, incautaciones de equipos y medidas de censura en medios tradicionales y plataformas digitales. De ellas se derivaron 50 cierres de estaciones televisivas y radiales en distintos estados del país, según se desprende de la labor de monitoreo diario de IPYS Venezuela.

De las 56 decisiones que tomó Conatel entre 2005 y 2016 contra medios, al menos 88% fueron de directores que han sido militantes del PSUV. Y los últimos cuatro años, correspondientes al mandato del presidente Nicolás Maduro, han sido los más asfixiantes para los medios radioeléctricos, los proveedores de servicios de internet y de televisión por suscripción.

Esta situación, que en cualquier país con una democracia más o menos sólida llenaría de espanto a la sociedad, en Venezuela se ha convertido en un modelo. Un esquema a través del cual las instituciones, que deberían ser independientes y plurales, están sujetas a las órdenes del poder Ejecutivo y bajo marcos legales imprecisos o violatorios de la libertad de expresión, que garantiza la Constitución.

En este contexto, los trabajos de investigación periodística fueron calificados como peligrosos por el Gobierno y ser entrevistado en un programa de opinión se volvió una falta que generó la detención de distintos representantes gremiales.“Esta inexistencia de independencia de poderes para condenar las opiniones deja a la ciudadanía en un estado de indefensión que no solamente afecta a los periodistas y al periodismo, sino a la ciudadanía, que pierde toda capacidad de informarse, pero también de informar”, aseveró Dagnino.

Paulatinamente, se fueron sumando procedimientos judiciales y administrativos contra periodistas y medios, detenciones arbitrarias contra trabajadores de la prensa y civiles por el hecho de informar, incluso, declaraciones agraviantes de funcionarios públicos, representan un patrón de persecución y amedrentamiento que crean una atmósfera de miedo y silencio.

La tendencia será la de enmudecer a quienes tienen posiciones diferentes, dice la autora y destaca que sin información, se anulan los mecanismos de participación y deliberación ciudadana. Se naturaliza el ocultamiento de información. Se implementa el miedo como forma de gobierno, la falta de información verificada por un lado, y el exceso de ruido por el otro.

En el libro Muchas instituciones, un jefe, podrá leer más sobre el tema y además encontrará múltiples visiones de expertos sobre el impacto de la falta de independencia de los poderes en distintos ámbitos de la vida en sociedad. La versión on line del libro está disponible en:

https://supremainjusticia.org/2017/06/02/muchas-instituciones-un-jefe-libro-pdf/

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