Sumisión del Poder Judicial afecta el debido proceso y la presunción de inocencia

El politólogo y abogado Francisco Martínez aseguró que desde el Ejecutivo se han promovido acciones que afectan la amplia gama de derechos de todos los ciudadanos.

Caracas 28 de julio de 2017. La separación de poderes en Venezuela ha sido seriamente afectada, lo que ha traído consecuencias evidentes y graves para el ejercicio de los derechos humanos.  Desde el Ejecutivo nacional se han promovido prácticas que atentan contra la debida protección de los ciudadanos y la garantía de sus derechos, a que está obligado ante la comunidad nacional e internacional.

Como reflejo de la falta de independencia de los poderes y de la frágil institucionalidad, en el país se afectan  derechos humanos tales como el derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, la presunción de inocencia y a ser juzgado por jueces naturales en las jurisdicciones civiles ordinarias, aseguró el politólogo y abogado Francisco Martínez Montero en su ensayo Separación de poderes y derechos humanos en Venezuela del libro Muchas instituciones, un jefe,  publicado por Transparencia Venezuela.

Mencionó que la sumisión al Ejecutivo también ha ocasionado la afectación de los derechos civiles y políticos vinculados a la integridad física, psíquica y moral (a través de prácticas como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes); libertad de expresión; libre asociación y reunión; manifestación pacífica  -incluyendo la no discriminación en el uso del espacio público o la ciudad – (desde la represión y uso excesivo de la fuerza pública); acceso a la información pública (falta de transparencia activa y pasiva) y libertad personal, este último que puede derivar en violaciones al libre tránsito y prohibición de desaparición forzosa, en caso de ocurrir detenciones arbitrarias, por ejemplo.

En paralelo, la dependencia entre los poderes puede involucrar la afectación de derechos sociales que incluyen la alimentación, en cuyo caso se refleja una vulneración anterior al principio/derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso y distribución de alimentos generalmente, asociado a cuestiones de ideología política e incluso sectorización social. También el derecho al trabajo vulnerado desde la criminalización de la libertad de opinión y la objeción de conciencia, señaló Martínez.

Asimismo, como consecuencia de la criminalización de la disidencia la falta de independencia de los poderes públicos afecta el derecho a “defender derechos” por parte de activistas de la sociedad civil, reflejada en campañas de odio, uso de espacios televisivos y radiales oficiales por parte de voceros gubernamentales para desacreditar e intimidar a activistas políticos y sociales.

Mencionó que las prácticas contrarias a la independencia de poderes, van desde el nombramiento irregular y clientelar de funcionarios en los otros poderes del Estado, pasando por la manipulación del marco legal, hasta la criminalización de los sectores sociales y la defensa de los derechos humanos desde espacios de difusión públicos, los cuales terminan marcando la agenda de trabajo de la mayor parte de los organismos que conforman el entramado del Estado venezolano, incluyendo aquellos responsables por la protección de derechos. Tal  situación, en definitiva, atenta contra la búsqueda de una sociedad justa y equitativa basada en la consolidación de los valores democráticos y de la dignidad humana.

Adicionalmente, en Venezuela se evidencian circunstancias que atentan contra la Constitución Nacional, que crean condiciones para la impunidad y por ende propician la vulneración de derechos.  Desde el punto de vista institucional, es cuestionable la actuación del Poder Judicial y su falta de condena al Ejecutivo nacional por dificultar o limitar el ejercicio del derecho al amparo constitucional,  el acceso a la justicia y la respectiva reparación de las víctimas. Además es reprochable la inacción y parcialización de la Defensoría del Pueblo que ha desembocado incluso, en su degradación por parte del Comité Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

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