TSJ le permitió al Gobierno asociarse con privados para explotar la Faja del Orinoco sin el permiso de la AN

Los intentos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por hacerle creer al mundo que le devolvió a la Asamblea Nacional sus potestades con las aclaratorias que, en cuestión de horas, dictó de las polémicas sentencias 155 y 156, quedaron hechos añicos apenas tres meses después con otro fallo, en el que le permitió al Gobierno crear con privados una empresa para explotar una parte de la Faja del Orinoco, sin autorización de los diputados.

En el dictamen número 533 que emitió el 10 de julio de 2017, la Sala Constitucional respondió a la solicitud que el secretario del Consejo de Ministros, Elvis Amoroso, le presentó cuatro días antes para que avalara el memorándum de entendimiento que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la holandesa Stichting Inversiones Petroleras Iberoamericanas, firmaron para constituir la empresa mixta Petrosur.

La sala dio luz verde al Gobierno para crear esta nueva compañía, sin necesidad de pedirle a los diputados su autorización, tal y como establece el artículo 150 de la Constitución, alegando que “dado que aún se mantiene el desacato en el cual permanece la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional frente a las decisiones de este máximo tribunal, la Sala Constitucional, conforme lo dispuesto en los artículos 335 y 336 constitucionales, es la competente para dar respuesta a dicha petición (la conformación de la empresa mixta petrolera)”.

En la sentencia se cita la polémica decisión 156, en la cual la intérprete de la Carta Magna le arrebató a los legisladores la competencia para aprobar convenios mediante los cuales la República se endeuda, pacta acuerdos económicos con otros países y realiza operaciones comerciales con empresas extranjeras. Esto escudándose en que la negativa de la AN a cumplir sus instrucciones con relación a los tres diputados de Amazonas impugnados, le impedía ejercer esa y cualquier otra de las potestades que le da la Constitución.

En la empresa mixta Petrosur, el Estado, a través de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), tendrá el 60% y el restante 40% corresponde Stichting Inversiones Petroleras Iberoamericanas.

Ni PDVSA ni CVP detallaron quién es la nueva socia que se encargará de la producción en la Faja, aunque sí indica que cancelará un bono de 400 millones de dólares por participar en la asociación. Fuentes del sector citadas por los medios venezolanos aseguran que la socia, pese a estar registrada en los Países Bajos, tiene capital español.

En el memorando aprobado por el TSJ se agrega que el acuerdo de estudio conjunto para explotar el campo Junín fue suscrito por Orlando Chacín, vicepresidente de PDVSA -ahora investigado por la Fiscalía- y por el consejero delegado José Ramón Blanco de Inversiones Petroleras Iberoamericanas.

La sentencia muestra que PDVSA autorizó la empresa mixta el 22 de marzo y el 29 fue cuando el TSJ publicó la polémica decisión 156 contra el Parlamento.

El Gobierno anunció la creación de empresas mixtas justo cuando hace algunas semanas el abogado y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Hermann Escarrá, señaló en un foro que la propiedad estatal se tendría que ampliar a dichas empresas.

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