CIDH califica de “bastante inusual” la actitud del TSJ frente a la Asamblea Nacional

Como “bastante inusual”. Ese fue el calificativo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a la postura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frente a la Asamblea Nacional y en particular a su decisión de “suspender” a los diputados electos por el estado Amazonas.

La afirmación la realizó el relator para Venezuela del organismo, el peruano Francisco Eguiguren, durante la audiencia sobre la situación de falta de independencia del Poder Judicial celebrada este miércoles en Washington (Estados Unidos), donde el funcionario recordó que la medida adoptada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015 “privó de representación (en el Parlamento) a un sector indígena de la población en base a una mera denuncia”.

Tras indicar que la resolución no solo ha “afectado el derecho de los parlamentarios electos a ejercer sus funciones sino lo más importante, de los electores a tener una voz en la Asamblea”, el comisionado requirió de los representantes del Estado información sobre el estatus del caso.

En su sentencia 260 la Sala Electoral admitió el recurso contencioso electoral que la derrotada candidata chavista a diputado por Amazonas, Nicia Maldonado, interpuso contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y suspendió la posesión de los cuatro legisladores (tres opositores y uno oficialista), mientras analizaba la veracidad de las denuncias de compra de votos formulada por la aspirante del partido de gobierno. Sin embargo, más de un año después ni siquiera se ha fijado la fecha de la audiencia oral y pública.

La negativa de la mayoría opositora de la AN a acatar este dictamen fue la excusa del TSJ para anular todas las decisiones que el Parlamento ha tomado desde que se instaló en enero de 2016.

Durante la audiencia, el consultor jurídico del TSJ, Rommel Pacheco, negó que el caso se encuentre paralizado y aseguró que está en la etapa de recolección de pruebas. Por su parte, el agente del Estado ante la CIDH, Larry Devoe, agregó a los comisionados que “ha sido la propia actividad de las partes la que ha generado que no se tenga fecha definitiva para la resolución del juicio”.

Asimismo defendió la posición del máximo juzgado de prácticamente anular al Legislativo alegando que “si hay una decisión judicial, ninguna autoridad está llamada a desacatarla”.

Vea la intervención completa:

Visiones encontradas

Durante esta audiencia, enmarcada en el 161 periodo de sesiones celebrado en Washington, la CIDH recibió información de ocho organizaciones venezolanas de Derechos Humanos que prueban que el TSJ, lejos de defender los derechos de los ciudadanos, se ha dedicado a proteger al Gobierno. La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas denunció que con sus fallos, el máximo juzgado ha debilitado el principio de separación de poderes y aumentado la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo Nacional, al tiempo que ha obstaculizado el ejercicio de derechos como el acceso a la información pública y ha avalado la opacidad.

Por su parte, Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, achacó la actitud del alto tribunal al hecho de estar conformado por personas que no reúnen los requisitos para ello y puso como ejemplo el caso del magistrado de la Sala Electoral, Christian Zerpa, quien “en menos de una semana pasó de ser un diputado candidato a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a un magistrado imparcial”.

En su intervención, Beatriz Borges, de Cepaz, denunció con base a un estudio adelantado desde 2014 sobre 70 casos, que el Estado persigue a la disidencia de acuerdo a ocho patrones, de los cuales, seis son operados por el Poder Judicial.

El Consultor Jurídico del TSJ negó que ese organismo sea un apéndice del Gobierno y, como muestra esgrimió: “No es cierto (que el Ejecutivo) haya resultado vencedor en el 100% de los casos que tiene en el TSJ. Por ejemplo tenemos registrado que en la Sala Político Administrativa el Estado ha perdido 840 juicios, igualmente ante la Sala de Casación Social se observó que de 4.812 juicios en los que participó el Estado resultó vencedor en 2.308 y perdió 1.114 y en la Sala Constitucional en los últimos cinco años ha perdido 49 casos”.

Los representantes del Estado informaron a la Comisión del reinicio del proceso para adjudicar los cargos de jueces mediante concursos de oposición pública, tal y como manda la Constitución; y así combatir la provisionalidad, pero no informaron la fecha ni el tiempo en el que aspiran revertir la actual situación, en la que seis de cada diez jueces son provisorios y pueden ser removidos en cualquier momento sin procedimiento alguno.
Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en esta sesión solicitaron a la CIDH considere elaborar un Informe país sobre Venezuela que declare vulneración de las garantías judiciales que deben observarse en la sustanciación de todo proceso así como la denegación de justicia en la que han incurrido los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); igualmente la remisión de dicho informe país a los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de asistencia humanitaria y, finalmente, que Venezuela sea nuevamente incluida en el Capítulo IV del Informe Anual de la Comisión, en virtud de la ausencia de garantías judiciales que erosionan el Estado de Derecho.

Resumen Informe OSC 161 CIDH Washington

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