Ocho ONG denunciarán en la CIDH el control que el Gobierno ejerce sobre la justicia

foto-cidhEl control que el Gobierno venezolano ejerce sobre la justicia, en particular sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), será denunciado este miércoles por ocho organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis Derechos Humanos, Espacio Público, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Sinergia, Transparencia Venezuela y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) presentarán al organismo internacional pruebas que revelan que el Poder Judicial está cooptado por el oficialismo y que no defiende los intereses de los ciudadanos, sino los del Ejecutivo de Nicolás Maduro.

La primera evidencia serán las 51 sentencias que desde diciembre de 2015 ha emitido el máximo juzgado contra la Asamblea Nacional y las cuales en la práctica la ha vaciado de competencias. Incluso desde antes de que se instalara el nuevo Parlamento, el TSJ lo ha ido cercando con fallos como el que dejó sin representación al estado Amazonas, arrebatándole así la mayoría calificada a la oposición; y posteriormente ha anulado prácticamente todas las leyes que ha dictado, reportará Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Las agrupaciones también denunciarán a los comisionados que estas decisiones no habrían sido posibles si las disposiciones constitucionales y legales en relación a la designación de los magistrados del máximo juzgado se hubieran cumplido a lo largo de los años, pero en particular durante el último proceso de renovación del organismo ocurrido luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y en el cual fueron nombrados, de manera irregular, 13 magistrados principales y 21 suplentes.

De los 13 principales, 10 no cumplen los requisitos, según un estudio elaborado por Acceso a la Justicia, la cual agregará que esto “pone en evidencia que lo predomina para la designación no son las capacidades profesionales sino la lealtad a la ideología política del partido de Gobierno” y recordará que en el pasado acto de apertura judicial el presidente Maduro admitió que lo embargaba “un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad, magistradas, magistrados” por el comportamiento que habían tenido el año anterior frente al Legislativo.

Otra prueba que las agrupaciones aportarán a la CIDH para demostrar la cooptación del TSJ por parte del Ejecutivo es el hecho de que al menos 10 de los 32 magistrados ocuparon cargos en las administraciones del fallecido Hugo Chávez y de Maduro o militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Efecto cascada

Las organizaciones expondrán también las consecuencias que la irregular constitución del máximo juzgado tiene en el resto del Poder Judicial, siendo la más protuberante el hecho de que, de acuerdo a estudios elaborados por algunas de ellas, 73% de los jueces son provisorios, es decir que pueden ser removidos de un momento a otro sin procedimiento previo.

Asimismo denunciarán el uso cada vez más frecuente de los tribunales militares para perseguir a la disidencia, siendo el caso más reciente el del profesor Santiago Guevara, quien es uno de los 40 civiles que en los últimos años han sido procesados por estas instancias en contravención con lo dispuesto en la Constitución y  tratados internacionales.

Por su parte, Espacio Público informará que el TSJ en lugar facilitarle a los ciudadanos el ejercicio de ciertos derechos, el del acceso a la información pública, lo que ha hecho en los últimos años ha sido hacerlo prácticamente inviable, al condicionar la entrega de información a que el solicitante informe para qué la quiere o al establecer que los funcionarios tienen derecho a la privacidad.

Por su parte, Civilis informará cómo fallos del máximo juzgado también han afectado los derechos a la asociación, participación y manifestación. En este último caso recordará a los comisionados el dictamen de la Sala Constitucional 276 de 2014, el cual proscribió las protestas espontáneas y autorizó a las autoridades policiales a dispersar toda aquella concentración de personas que no tuviera un permiso de una autoridad municipal o regional.

Por último, solicitarán a la CIDH que siga colocando a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual, donde figuran los países graves problemas en materia de Derechos Humanos.

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